Considerada como la agresión masiva más grave contra civiles en México desde el asesinato de cientos de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco de la ciudad de México, en 1968, el caso Iguala desató la indignación nacional e internacional y una crisis institucional en el país, por la desaparición, considerada por padres de las víctimas como un “crimen de Estado”, de 43 alumnos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero.

En ese municipio y estado gobernados por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), la desaparición forzada de los 43 jóvenes, que ocurrió entre la noche del viernes 26 y la madrugada del sábado 27 de septiembre, se dio en complicidad del cártel Guerreros Unidos con las policías municipales de Iguala y su municipio vecino Cocula, de acuerdo con los avances de la investigación que desde el principio atrajo la Procuraduría General de la República (PGR).

La omisión de autoridades estatales en atender denuncias anteriores sobre la peligrosidad del grupo delictivo y su colusión con autoridades;el PRD al no comprobar la probidad de sus candidatos ni atender acusaciones claras sobre ellos; del gobierno federal al no dar atención satisfactoria a las víctimas y sus familias, más la inmovilidad de los poderes Legislativo y Judicial, pusieron a finales de este 2014 al Estado mexicano en una alarmante crisis.

Medidas legislativas, como iniciativas y un decálogo propuesto por el presidente Enrique Peña Nieto y las acciones policiacas que se tomaron en Tierra Caliente del estado de Guerrero no han bastado para conseguir justicia ni la solución del crimen, en el que los padres de los desaparecidos claman con cada vez más fuerza por la aparición, vivos, de los suyos.

Confesiones y los tropiezos

Apenas a 11 días de los hechos, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, anunció que al menos dos sicarios del grupoGuerreros Unidos, que operan en la zona, confesaron que los jóvenes fueron quemados por varias horas en un tiradero de basura del municipio de Cocula, hasta reducir sus restos a cenizas que luego fueron tiradas a un río.

Ese “avance” de la investigación causó el escepticismo de los padres de los 43 y la demanda de que agentes internacionales, como los argentinos expertos en reconocimientos de restos, universidades como la austriaca de Innsbruck y otras entidades participaran en el caso, para entonces poder considerar verídicos los resultados. El caso empeoró en el tenso ánimo, con frases desafortunadas como el “ya me cansé” de Murillo Karam, que detonó la ya de sí enorme indignación.

Hasta ahora, sólo han sido identificados los restos, casi cenizas únicamente, de uno de los 43, por sus coincidencias de ADN en estudios realizados por la Universidad de Innsbruck: Alexander Mora Venancio, de 19 años y originario de la comunidad de El Pericón, Tecuanapa, Guerrero.

Este caso orilló al gobernador perredista de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, a dejar el cargo ante las presiones de la opinión pública; están detenidas 80 personas, entre ellas y en una cárcel de alta seguridad el alcalde con licencia de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, en tanto que su esposa, María de los Ángeles Pineda, está arraigada, pues se les considera los autores intelectuales de la aprehensión y desaparición de los normalistas.

Los dos conformaban la “pareja imperial”, llamada así por los excesos con que se conducían y sus nexos con el crimen organizado, principalmente de ella, cuya familia directa, padre y hermanos están presos por narcotráfico y asesinatos, y quienes presuntamente lideraban el grupo delictivo Guerreros Unidos, escisión del cártel de los Beltrán Leyva.

También han salido a la luz versiones periodísticas, de Reporte Índigo, que aseguran que la Policía Federal estuvo enterada del caso esa noche y permitió que los agentes municipales capturaran, dispararan, secuestraran a los estudiantes y los entregaran a los sicarios.

Luto sobre luto

La Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, en el municipio de Tixtla, Guerrero, que el 12 de diciembre de 2011 vivió también el luto por el asesinato de dos de sus estudiantes, por parte de policías, durante el cierre de la Autopista del Sol, también a la altura de Iguala, es famosa por haber sido la cuna de los líderes guerrilleros de los años 70, Lucio Cabañas Barrientos y Genaro Vázquez Rojas.

En ese caso estuvo involucrado y fue señalado, por acciones y omisiones, por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el hoy titular de Seguridad Pública del gobierno de Puebla, Facundo Rosas y Rosas, entonces comisionado de la Policía Federal.

Aquella terrible noche del 26 de septiembre, los jóvenes nuevamente salieron a protestar, entre otras cosas, por las pretensiones de la esposa del alcalde de Iguala, María de Los Ángeles Pineda, de suceder a su marido. Ella, su esposo y amigos festejaban con un baile y una comilona su informe como presidenta DIF de esa ciudad.

Las versiones que al principio fueron confusas sobre las causas de un tiroteo, agresiones y enfrentamientos entre la policía y los estudiantes, en las calles de iguala, se aclararon con el saldo rojo y desnudaron luego la gravedad del caso: seis personas muertas, entre ellos dos normalistas, un menor de 15 años -jugador de futbol profesional de Los Avispones-, el chofer del equipo y una ama de casa que viajaba en el taxi, así como 20 heridos y los 43 desaparecidos, de los que uno ya ha sido identificado por sus restos calcinados.

La orden de ir contra los estudiantes de la normal tendría como origen a la “pareja imperial”. El ex alcalde de iguala, José Luis Abarca, solicitaría licencia días después, el 29 de septiembre, y se convertiría, al lado de su esposa, en el más buscado del país en una huida de 38 días, que concluyó cuando el 5 de noviembre fueron arrestados en la Delegación Iztapalapa, en la ciudad de México, en un hecho también envuelto en la suspicacia sobre la veracidad de los detalles de la captura y el lugar en que fueron aprehendidos, ante versiones de que se había dado días antes y en otro lugar.

Él fue recluido en el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) Número Uno, del Altiplano, Estado de México, y ella aún está en arraigo solicitado en segunda ocasión, luego de que el 15 de diciembre venciera el primero de ellos concedido por un juez.

La culpa del PRD

Desde antes de la tragedia de Ayotzinapa, sobre Abarca y su esposa pesaban gravísimos señalamientos de vínculos con la delincuencia organizada, asesinatos políticos, abusos, excesos y una sorprendente riqueza acumulada de súbito, pero el PRD y sus dirigentes nada hicieron al respecto ni repararon en darles trato preferencial en los órganos de dirección, pues María de los Ángeles Pineda era incluso consejera y se perfilaba a ser la candidata a suceder a su cónyuge.

La dirigencia encabezada ahora por Carlos Navarrete y antes por Jesús Zambrano, los dos de la corriente Nueva Izquierda, conocida como Los Chuchos, fueron los que permitieron que Abarca fuera candidato y luego gobernante.

Para su crecimiento político, Abarca también tuvo a su lado, como promotor, al ex secretario de Salud de Guerrero, Lázaro Mazón, uno de los más cercanos operadores del ex candidato presidencial de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador.

También se culpó a las autoridades federales de no atender las acusaciones contra los multimillonarios abarca, pues con el ex alcalde incluso hubo denuncias de asesinato de sus propios correligionarios.

En 2013, desde la corriente Izquierda Democrática Nacional (IDN), del perredismo, que dirigen Dolores Padierna y René Bejarano, se denunció que Abarca había asesinado con sus propias manos a Arturo Hernández Cardona, dirigente perredista en Iguala, quien le había reclamado por la falta de apoyo a los campesinos. Ni el PRD ni las autoridades federales hicieron siquiera caso.

Omisiones de los tres poderes

La caída del gobernador y las cómplices omisiones desde el gobierno estatal; la aprensión del alcalde, su esposa, funcionarios y policías de esa alcaldía, que evidenciaron su colusión con grupos delincuenciales; las notables fallas de selección de candidatos y silencios ominosos del PRD; la ausencia de acciones del Poder Judicial; la insatisfactoria investigación de la PGR y la inmovilidad legislativa, ante el clamor de los padres de los desaparecidos, desnudaron la gravedad de esta crisis de los tres poderes del Estado Mexicano.

A tres meses de los hechos que se cumplieron este 26 de diciembre, el caso ha significado además el mayor escollo en el gobierno deEnrique Peña Nieto, apenas a dos años de haber comenzado y con cuatro aún por delante, que camina entre las críticas y acusaciones de debilidad institucional y de credibilidad por este caso y otros, como señalamientos de corrupción.

Su decálogo para combatir las fallas estructurales que mostró el caso, su paquete de siete reformas constitucionales con que pretende que el país recupere la seguridad pública y el Estado de derecho, y que el Congreso dejó para analizar el regreso de las vacaciones decembrinas, han sido insuficientes y no hacen más que corroborar una desesperada intención de “tapar el pozo tras el niño ahogado”.

El caso está lejos de una solución o una “superación”, como pidió Peña en una desafortunada alocución que pretendía llamar a la resignación. Hay una creciente y cada vez más beligerante exigencia de justicia de los padres y grupos satelitales que actúan con violencia en protestas y tomas de carreteras, en tanto apenas uno de los estudiantes ha sido reconocido y todavía se espera el resultados de las pruebas de ADN de otros 16 posibles caídos en esa, la funesta noche de Iguala.