Durante la madrugada de este viernes salieron por la puerta principal del penal de Máxima de Seguridad del Altiplano cuatro de los cinco militares que habían sido detenidos en la pasada administración acusados de tener nexos con el narcotráfico.

Los generales Roberto Dawe González, Ricardo Escorcia Vargas, Rubén Pérez Ramírez, así como el teniente Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto abandonaron la prisión al no existir pruebas para que siguieran presos.

Los militares fueron acusados de proteger a la organización criminal de los Beltrán Leyva a través de testigos protegidos que los involucraron en supuestas actividades ilíctias. Dentro del mismo juicio también logró su libertad el General Tomás Ángeles Dahuahare, quien hace unos días ya había abandonado el penal.

Raúl Valerio Ramírez, Juez Tercero de Distrito en Procesos Penales del Estado de México, canceló la causa penal 44/2012 iniciada contra los generales.

Sólo el mayor Iván Reyna Muñoz no abandonó la cárcel y esta misma madrugada será trasladado a un penal de Querétaro, ya que tiene un proceso en su contra por una extorsión de cinco mil pesos, mismo que en las próximas tres semanas se prevé también esté concluido.

De acuerdo con una nota del periódico El Universal, esposas, hijos, nietos y madres aguardaron bajo la lluvia a que los militares salieran libres, seis horas después de que se les notificara que el procurador Jesús Murillo Karam ratificó que no había evidencia para sostener las acusaciones de crimen organizado que los tuvieron casi nueve meses en prisión.

El general Dawe a su salida dijo que espera reintegrarse al servicio, ya que al momento de su detención, en mayo de 2012, era un elemento activo de las fuerzas armadas. "Con esta libertad se está limpiando nuestro nombre, mi nombre". Dijo que hasta este momento hay justicia.

Señaló que al parecer la PGR ya investiga las anomalías del expediente; sin embargo, dijo que hasta ahora ignora el móvil de que se le fabricaran pruebas, pero hoy él sigue creyendo en las instituciones.

El general Escorcia Vargas mencionó que no piensa en venganzas que durante todos estos meses de encierro "nunca perdí la fe". En todo caso, dijo, Dios sabrá que pasará con quienes orquestaron todo esto.

No quiso mencionar nombres de funcionarios, agregó que "todos sabemos quienes estaban al frente de la PGR", sin embargo, expuso que la dependencia si debe investigar a fondo lo que pasó y que éstas historias de falsas acusaciones basadas en sólo testigos protegidos no se repitan más.

Mientras que el general Pérez dijo estar tranquilo, que se siente fuerte y que este capítulo se cierra.

Los testigos protegidos Roberto López Nájera, identificado como Jennifer; así como Sergio Villarreal Barragán "Mateo", señalaron a los generales y sus subalternos de haber brindado protección al crimen organizado desde finales de la década de los 90.

La averiguación previa AP/PGR/SIEDO/UEIDCS/112/2010, fue iniciada 17 de marzo de 2010 cuando la procuradora General de la República era Marisela Morales, con base a una denuncia anónima en la que señalaba a los seis militares de recibir pagos del cartel de los Beltrán.

Jennifer y Mateo manifestaron que los uniformados facilitaban las operaciones criminales del referido grupo delictivo, y brindaban las condiciones de logística ideales para descargar las aeronaves que trasladaban cargamentos de cocaína, procedente de Colombia, en los aeropuertos de Cancún, Toluca y Cuernavaca.

Mateo, detenido por la Marina-Armada en Puebla, fue extraditado en mayo de 2012 a Estados Unidos, unas horas después haber rendido su declaración ministerial contra los militares, quienes fueron arraigados por 80 días y consignados ante un Juez el 31 de julio de 2012 por su presunta responsabilidad en diversos delitos.

Todos quedaron encarcelados en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, estado de México, posteriormente el seis de agosto les dictaron el auto de formal prisión.

Al general de brigada Rubén Pérez Ramírez se le acusó de delitos contra la salud en la modalidad de colaborar de cualquier manera al fomento para posibilitar la ejecución de delitos de esa naturaleza, por ello, se prevé que no alcance su libertad.

Durante el proceso penal, los generales Ángeles Dauahare, Escorcia Vargas y Roberto Dawe, así como el Teniente Coronel Silvio Hernández Soto, rechazaron ser parte del crimen organizado, según una nota del diario 24 Horas.

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