La Ibero Puebla, el Tribunal Permanente de los Pueblos y el Instituto Derechos Humanos "Ignacio Ellacuría" realizarán una preaudiencia el 15 y 16 de junio, con el objetivo de analizar las afectaciones de carreteras en el estado.

Óscar Arturo Castro Soto, el director del  Instituto Derechos Humanos “Ignacio Ellacuría”, de la Ibero Puebla, señaló que existen casos donde se están realizando afectaciones al medio ambiente y a las poblaciones, como el Libramiento Norte en Puebla que, a pesar de que ha sido suspendido, no se tiene la garantía en que en un futuro la obra se reactive, afectando a los pobladores de la zona.

En ese sentido, Claudia Rojas Hernández, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el Aire y el Agua–Región Malinche, recordó que hasta la fecha no se ha suspendido de forma definitiva la construcción del libramiento norte.

Ante ello, dijo que es urgente visibilizar los actos de corrupción que están poniendo en peligro las tierras de todas las comunidades en donde se construyen arbitrariamente estos proyectos.

En rueda de prensa, el director del IDHIE detalló que esta preaudiencia está vinculada al Tribunal Permanente de los Pueblos, el cual tiene como tarea realizar dictámenes éticos sobre las violaciones a los derechos humanos de los pueblos, ya que tradicionalmente los ciudadanos de lugares apartados no tienen acceso a los sistemas de justicia.

Óscar Arturo Castro detalló que continúan siendo muy comunes las problemáticas de desalojo, persecución y daños al medio ambiente cuando se tratan de construir carreteras en las  inmediaciones de las poblaciones. "Es muy común que los pobladores sean amedrentados para vender sus tierras con la finalidad de realizar este tipo de obras."

Ante esta problemática el próximo sábado y domingo se llevará a cabo una preaudiencia en donde se presentarán más de 13 denuncias contra el Estado mexicano.

Finalmente Mariel Bonilla Dumit, representante del IDHIE de la Ibero Puebla, informó que el próximo domingo a las 17:00 se ofrecerá una rueda de prensa para dar a conocer el veredicto del Tribunal Permanente y así conocer que demandas proceden y cuales favorecerían a las autoridades.