Al considerar que puede huir del país, la Procuraduría General de la República solicito a un juez federal el arraigo domiciliario por 40 días contra el ex gobernador de Tabasco Andrés Granier Melo.

Desde las 10:00 horas de ayer y hasta esta mañana, Andrés Granier declaraba ante la PGR por el presunto desvío de mil 900 millones de pesos durante su administración.

En su comparecencia ante la Unidad Antilavado de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), el priista estuvo acompañado por su abogado Eduardo Luengo.

La dependencia federal informó que el ex mandatario tuvo acceso al expediente de la averiguación previa UEIORPIFAM/ AP/078/2013, que fue iniciada por lavado de dinero y peculado a petición del gobierno de Tabasco que encabeza el perredista Arturo Núñez.

De acuerdo con una nota del diario 24 Horas, la PGR solicito la medida para que el Granier cumpla con un arraigo domiciliario en su casa, ubicada al sur de la Ciudad de México, de donde no podría salir salvo que lo requiriera el Ministerio Público Federal y sus visitas deberán ser previamente autorizadas.

El ex mandatario presentó ante el Ministerio Público su declaración por escrito y unas dos horas después la ratifico ante el mismo Ministerio Público, quien los sometió a un interrogatorio en torno a los recursos federales otorgados al gobierno de Tabasco durante su gestión. Según la información recabada por ese diario, fueron más de una veintena de preguntas las que se le formularon.

Los abogados defensores entregaron diversos documentos, entre ellos las declaraciones patrimoniales, la aprobación de parte del Congreso de Tabasco a las cuentas públicas de su administración y al parecer reportes sobre los gastos provenientes del Fondo de Desastres Naturales, entregados por la Secretaría de Gobernación entre 2007 y 2010.

Hasta las primeras horas de este día, el juez revisaba el legajo enviado por los funcionarios de la SEIDO, para determinar si existían elementos suficientes para otorgar la medida cautelar o no.

Aunque la diligencia de comparencia concluyó a media tarde, Andrés Granier y sus abogados no pudieron abandonar las instalaciones de la Subprocuraduría, porque el Ministerio Público aún no contaba con la resolución del juez y les impidió salir.

El equipo de abogados del ex gobernador, que encabezan Eduardo Luengo Creel, argumentaron ante el Ministerio Público que no era necesario el arraigo, porque su cliente se había presentado voluntariamente a comparecer y no pensaba salir del país hasta aclarar las acusaciones en su contra. Sin embargo, los argumentos no fueron tomados en cuenta.

De otorgarle el arraigo, la Procuraduría General de Justicia de Tabasco, que giró un nuevo citatorio contra Granier, podría interrogar en su domicilio al ex gobernador, en torno a las investigaciones que le sigue por el presunto desvío de recursos públicos estatales durante su administración.

El Procurador de Tabasco, Fernando Valenzuela, reveló a periódico Reformaque el ex gobernador está citado a declarar el viernes por peculado y uso indebido de atribuciones.

"Esperamos que Granier cumpla y venga el viernes a la cita, a las 6:00 de la tarde. Para ello esperamos darle tranquilidad y la garantía de que se le respetarán sus derechos humanos", indicó.

Por otra parte, el Juzgado Segundo de Distrito dictó auto de formal prisión al ex secretario de Finanzas José Manuel Saíz Pineda como presunto responsable de peculado y operación de recursos de origen ilícito o lavado de dinero.

El tesorero de la Administración de Granier no podrá salir libre bajo fianza, ya que el lavado de dinero es delito grave.

La defensa tiene cinco días para interponer el recurso de apelación o promover el juicio de amparo.

Saíz era considerado el mago de las finanzas

Hace casi siete años, tenía 39 años de edad, José Manuel Saíz Pineda era un exitoso consultor fiscal-contable de los principales hombres de dinero de Tabasco, a quienes prestaba servicios a través de outsourcing. Los políticos lo consideraban aquí un mago de las finanzas.

Era vox populi en la clase empresarial local que Pepe Saíz, como era más conocido en la sociedad tabasqueña, era un eficiente asesor fiscal a través de las empresas Patrimonium Asesores Fiscales, Consultores Jurídicos y Fiscales de México, S.C.T., y Profesionales en Consultoría Fiscal y Patrimonial.

Pepe Saíz egresó en 1980 de la licenciatura en Contaduría Pública de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), para luego estudiar una Maestría en Impuesto en el Instituto de Especialización para Ejecutivos en Mérida, Yucatán.

En su oficina ubicada en la calle Andrés Sánchez Magallanes 1113 también impartía cursos de actualización contable y fiscal a través de una filial del Instituto de Especialización para Ejecutivos.

El prestigio que obtuvo Pepe Saíz como asesor fiscal-contable lo llevó a prestar servicios de esa naturaleza a empresarios del sureste, principalmente de Mérida, donde presuntamente tenía como socio a Martín Alberto Medina Sonda, quien fue conocido públicamente por el decomiso de 8 millones de pesos que hicieron en noviembre de 2007 autoridades de la PGR y el Ejército en el aeropuerto meridano de "Manuel Crescencio Rejón".

A partir de este decomiso de recursos financieros, cuando más de un millón de tabasqueños perdieron su patrimonio por las inundaciones del 29 de octubre de 2007, Pepe Saíz siempre fue señalado por la oposición, constructores, empresarios y alcaldes del PRI, PAN y PRD como un "mago" de las finanzas públicas.

Según una nota del diario 24 Horas, el ex funcionario abandonó la comodidad de su oficina y dilapidó su prestigio profesional para integrarse como Secretario de Administración y Finanzas del gobierno de Andrés Granier Melo por recomendación de su tío Carlos Alberto Pineda Calcáneo, compadre del gobernador y entonces director del Diario Presente.