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Exigen liberación del edil de Chalchihuapan
Hilario Gallegos Gómez, integrante del Centro de Defensa y Difusión de Derechos Humanos, exigió la inmediata liberación de Javier Montes Bautista, presidente auxiliar de Chalchihuapan, preso tras los hechos en los que fue asesinado el niño José Luis Tlehuatlie.
Entrevistado tras las "disculpas" ofrecidas por el gobierno del estado a las víctimas por el operativo de julio de 2014, confirmó que hasta el momento Elia Tamayo Montes, madre del menor se ha negado a recibir la indemnización de un millón 200 mil pesos que le ofrece el gobierno estatal.
Afirmó que se llegó al acuerdo para platicar con la mayoría de las víctimas que este miércoles estuvieron ausentes para determinar si se aceptan o no las disculpas.
Sostuvo que no se ha cumplido la totalidad de las recomendaciones emitidas por la CNDH en septiembre de 2014.
"Por supuesto que no ha aceptado la indemnización -Elia Tamayo-. No ha sido una prioridad para ella ni para el Centro de Defensoría de Derechos Humanos".
Asimismo, refirió que en los próximos días acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar el apoyo.
"La reparación del daño la tocaremos hasta el final porque lo más importante es la liberación de Javier Montes y que se mantenga cerrada la capilla de Guadalupe".
Cuestionó que se haya dejado en libertad a los policías que fueron detenidos por los hechos de Chalchihuapan.
Destacó la importancia de que el caso se resuelva sin tintes político electorales y sin que se pretenda tomar postura a favor de algún partido político.
"En los próximos días determinaremos si se aceptan o no las disculpas. Se acude a escuchar las disculpas pero se analizará".
Al respecto rechazó que con su presencia, Elia Tamayo acepte implícitamente el acto que el gobierno del estado retrasó por más de un año.
"Doña Elia es la más afectada porque perdió a su hijo pero está pendiente que podamos platicar. El caso Chalchihuapan no se cierra con esta reunión".
Fiscal se reserva avances de la investigación
Por separado, el fiscal encargado de la investigación, José Antonio Pérez Bravo, se reservó avances de las pesquisas, a pesar de que ya pasaron dos años.
"No puedo dar información. Es un asunto complicado. No es fácil trabajar en un asunto de manifestación social", expuso escuetamente.