Personal de la Secretaría General de Gobierno (SGG) condicionó la liberación de Leonardo Báez Serrano, quien hasta el viernes pasado fungió como alcalde de la junta auxiliar de La Resurrección, a cambio de que desista del amparo que presentó para evitar que se le retire a su comunidad la administración del Registro Civil.

Así lo declaró Hilario Gallegos Gómez, quien funge como representante del alcalde auxiliar, quien ya está preso en el penal de San Pedro Cholula por el delito de usurpación de funciones y con auto de formal prisión en su contra.

En rueda de prensa ofrecida la mañana de este domingo y acompañados por integrantes del Movimiento de Alternativa Social (MAS), miembros de esa junta auxiliar explicaron que el viernes designaron, mediante asamblea, a Max Tetla como presidente interino, en sustitución de Báez Serrano.

Ese mismo viernes notificaron oficialmente al gobierno capitalino de la decisión, por lo que exigieron al alcalde José Antonio Gali Fayad respetarla, ya que Tetla fue electo como suplente de Báez en las elecciones del pasado mes de abril.

SGG condiciona liberación de edil auxiliar

Gallegos acusó que funcionarios de la SGG -que encabeza Luis Maldonado Venegas- y de los cuales prefirió no señalar nombres, solicitaron a Báez Serrano desistirse del amparo que en julio presentó para evitar que le fuera retirada la titularidad del juzgado civil, tal y como ocurrió en el resto de las juntas auxiliares de la entidad, debido a la modificación que realizó el Congreso local a la Ley Orgánica Municipal en diciembre de 2013.

Recordó que Báez conformó la Asociación de Juntas Auxiliares por México (AJAM), que hasta ahora agremia a 50 demarcaciones de ese tipo en la entidad, razón por la que, presume, también fue aprehendido el pasado 18 de octubre, ya que fue “advertido” de dejar a un lado ese tipo de activismo.

Ayuntamiento inventó delitos para la aprehensión de Báez

Gallegos denunció que el jefe del Departamento Penal del gobierno municipal, Francisco Barreta Ventura, presentó ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ) una constancia de inexistencia de actas de nacimiento y una copia fiel del libro de actas de nacimiento del juzgado civil  con una firma falsificada de Báez Serrano, para acusarlo del delito de usurpación de funciones.

Es necesario recordar que ante la reforma hecha a la Ley Orgánica Municipal en diciembre de 2013 para que los ediles auxiliares no tuvieran facultades sobre los juzgados civiles, Leonardo Báez no podría firmar ningún documento de esta oficina.

Asimismo, acusó que durante la aprehensión de Báez participaron los elementos de seguridad pública de nombres Pedro Hurtado Hernández y José Federico García Pérez, sin embargo al declarar ante el Ministerio Público fueron otros efectivos los que se presentaron, los cuales dijeron llamarse José Felipe Rivero Fernández y Carla Soledad Ortega Valencia.

La entrega-recepción del Registro Civil, el objetivo

El representante del afectado refirió que el único interés del gobierno estatal y de la administración municipal es que Báez Serrano emita un acta de entrega-recepción del Registro Civil, pues ante la demanda de amparo a la que recurrió, se negó a otorgar ese documento a la comuna capitalina.

Alertó que una vez que el alcalde auxiliar está preso, la comuna intenta colocar a un suplente afín para que realice el proceso de entrega-recepción.

Advirtió que continuará con el desahogo del amparo, no obstante anunció que recurrirá a diversas instancias estatales, e incluso a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para demostrar que Báez fue aprehendido a través de “delitos inventados”, hasta lograr su liberación.