La Contraloría municipal fue la que interpuso una denuncia contra el presidente auxiliar de La Resurrección, Leonardo Báez Serrano, por usar un vehículo oficial en una manifestación en la Ciudad de México el 28 de julio de este año, así lo dio a conocer en una entrevista el edil poblano, Antonio Gali Fayad.

A su llegada a la inauguración del Centro de Capacitación de Audi, en San José Chiapa, el presidente municipal de Puebla manifestó que ante la detención de Báez Serrano se reunirá con el secretario de Gobernación, Guillermo Aréchiga Santamaría, para garantizar la gobernabilidad en la junta auxiliar.

En tanto, el Síndico Municipal, Héctor Sánchez Sánchez, se encarga de revisar la cuestión legal, para que de manera conjunta con Gobernación municipal se decida si habrá un suplente o si se llama a nuevas elecciones.

Debido a que el edil adjunto fue elegido por la comunidad mediante sufragios, sólo el Congreso estatal tiene facultades para removerlo del cargo.

Gali Fayad comentó que están a la espera de los avances en las investigaciones de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) contra el presidente de La Resurrección, para tomar una decisión.

La PGJ detuvo a Leonardo Báez por no acudir a una orden de presentación, así como por usurpación de funciones, pues firmó como juez civil cuando ya los presidentes municipales no tienen dichas atribuciones, y por resistencia de particulares.

El alcalde Antonio Gali confirmó que la Contraloría interpuso una denuncia por utilizar un vehículo público durante una manifestación en la Ciudad de México, aunque desconoce si fue éste el motivo por el cual lo aprehendieron el pasado viernes 17 de octubre.

Pobladores quieren fuera a edil de Canoa

En otro tema, el presidente municipal de Puebla refirió que el surgimiento de la policía comunitaria en San Miguel Canoa no representa un foco rojo para el municipio.

Sin embargo, adelantó que hoy tendrá una reunión debido a que los pobladores "no están conformes" con el edil adjunto Raúl Pérez Velázquez.

Pérez Velázquez anunció la semana pasada la creación de una policía comunitaria integrada por 10 ciudadanos, debido a que el ayuntamiento poblano no les brinda la seguridad necesaria, pero tras el arresto de su homólogo de La Resurrección aún no entra en operaciones.

En ese sentido, Antonio Gali llamó a que los presidentes de las juntas auxiliares respeten las disposiciones legales, tanto en materia de seguridad pública como en la administración de los registros civiles, facultad que les fue retirada en diciembre de 2013.

Cabe mencionar que los ediles de La Resurrección y Canoa presentaron sendos amparos contra la reforma a la Ley Orgánica Municipal de diciembre de 2013, misma que les quita facultades de jueces civiles y en materia de seguridad.