El gobierno de Rafael Moreno Valle acató las 11 recomendaciones que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) le ordenó cumplir por el caso Chalchihuapan, lo cual es una muestra de gobernabilidad y de que en Puebla se cumple con el estado de derecho, aseveró Pablo Rodríguez Regordosa.

En su condición de presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en Puebla, el legislador local aseguró que su partido respalda las acciones hechas por la administración estatal en torno a resarcir el daño a Elia Tamayo Montes, madre de José Luis Tlehautlie Tamayo, menor que perdió la vida a consecuencia de la herida en la cabeza provocada por un proyectil de gas lacrimógeno lanzado por policías estatales durante el desalojo de habitantes de San Bernardino Chalchihuapan de la autopista Puebla-Atlixco, el pasado 9 de julio.

Declaraciones contaminadas

En rueda de prensa, Rodríguez Regordosa sentenció que los señalamientos hechos por Ana Isabel Allende Cano, presidente estatal del PRI, quien pidió la destitución de Facundo Rosas Rosas, secretario de Seguridad Pública (SSP) y que la CNDH no dé por cumplidas las recomendaciones, son declaraciones contaminadas por el proceso electoral de 2015.

En ese sentido, el panista expuso que la declaración de la priísta exhibe su “ignorancia” del marco legal, el cual dota de facultad de investigación e intervención al organismo autónomo, con lo cual se resta tal condición a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El integrante de Acción Nacional pidió a Allende Cano a que fije una postura por la matanza de 22 civiles en la localidad de Tlatlaya, estado de México, entidad que, sostuvo, es gobernada por el PRI y en la cual con “alevosía, ventaja y crueldad” se privó de la vida a ciudadanos.