Constructores cabildean obras con mandos militares

  • Pablo Ruiz Meza
Lobistas cabildean con Sedena y Semar contratos de obras carreteras y ferroviarias de Sheinbaum

Las Fuerzas Armadas se han convertido en el “filtro” obligado para los empresarios que buscan obtener contratos de obras y servicios del gobierno federal. Hombres de negocios ligados a importantes firmas de la construcción se concentran hoy en acceder a los militares de rango para obtener obra pública.

Ya hay cabilderos en Puebla que con sus buenos oficios y contactos “sientan” a los constructores con los “generales” para que ofrezcan su capacidad instalada para ejecutar proyectos de infraestructura

Las fuerzas castrenses tienen una participación preponderante en la construcción de obras emblemáticas del lopezobradorismo como en el Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” (AIFA) y el Tren Maya, por mencionar las más importantes.

Pero la cúpula militar también tiene el control y la administración de aeropuertos internacionales como el “Benito Juárez” (AICM), así como la operación de Mexicana de Aviación, y otras áreas importantes del sector público como las Aduanas.

Empresarios constructores poblanos han contratado los servicios de “lobby” para ser considerados por los generales de la Sedena y de la Marina Armada de México en la realización de obras carreteras y ferroviarias anunciada por la presidenta entrante Claudia Sheinbaum Pardo.

En el caso particular de Puebla, hombres de negocios relacionados con el sector de la construcción ven con mucha expectativa el tramo del tren México-Puebla-Veracruz, pero tienen mayor interés en el proyecto hidráulico.

Rescate del Atoyac, a militares

Prevén que sean las Fuerzas Armadas, la Sedena y la Marina, quienes se harán cargo del saneamiento y rescate de la cuenca del Río Atoyac, que involucra a los estados de Puebla y Tlaxcala.

Una de las ventajas que ven los constructores locales es que, a diferencia de ellos como empresas civiles, los proyectos de obras de las fuerzas castrenses tienen “luz verde” en automáticos por la Semarnat y cualquier oficina ambiental, para autorizar “todo” a la Sedena y a la Semar.

Otras de las ventajas que ven los constructores en los contratos con las Fuerzas Armadas es que la información, por “seguridad nacional”, queda reservada por años para no hacerse pública la inversión, los proyectos ejecutivos y el cumplimiento en el “impacto ambiental” de las obras.

Las empresas constructoras locales y nacionales ven otra de las ventajas de la política sexenal en la asignación directa de contratos de obra, sin licitaciones, como es la norma en los gobiernos de Morena.

En este momento para el sector de la construcción, empresarios que no conozcan a militares de rango, principalmente a los “generales”, viven en el error y están fuera de la cobija del presupuesto federal en obras de infraestructura hidráulica y de movilidad con carreteras y trenes.

Seguridad pública versus seguridad nacional

Pese a lo evidente en las nuevas atribuciones y responsabilidad que solo eran exclusivas de civiles, en su discurso al asumir el cargo como presidenta constitucional, Claudia Sheinbaum Pardo, negó que la inclusión de 130 mil agentes de la Guardia Nacional a la Sedena sea la militarización del país.

No solo se han militarizado áreas y funciones que estaban reservadas a civiles, incluida la administración y la construcción, así como otras funciones estratégicas, ha ocurrido lo propio con la seguridad pública federal y en los estados.

A una semana de haber asumido las riendas de las fuerzas castrenses como Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, dos acontecimientos de violencia armada hacen retomar el debate nacional respecto a la viabilidad de militarizar la seguridad pública.

Formado y educados para los asuntos de la defensa nacional, no había pasado ni una semana respecto a la militarización, cuando elementos castrenses se vieron involucrados en el asesinato de seis migrantes y haber causado lesiones a una docena más, en una fallida actuación en Chiapas, en la frontera sur.

Mientras los elementos del Ejército involucrados fueron separados y presentados ante la justicia militar y en espera de ser requeridos por la Fiscalía General de la República (FGR), en Sinaloa un helicóptero artillado de la Marina abría metralla para supuestamente neutralizar a un grupo delictivo.

En el primer caso los crímenes cometidos contra los extranjeros en Chiapas, ocurrieron a escasas horas de haber asumido el cargo, cuando de manera paralela pasaba revista a los elementos castrenses.  

Durante un discurso Sheinbaum rechazó los señalamientos hechos a su antecesor Andrés Manuel López Obrador, del incremento de la militarización en México durante su gobierno.

“En nuestro país no hay estado de excepción, no hay violaciones a los derechos humanos”, dijo Sheinbaum ante una multitud de simpatizantes. “Lo que hay es más democracia, más libertades y un Estado de derecho”.

Pero durante el gobierno de López Obrador, los militares estuvieron involucrados en múltiples ejecuciones extrajudiciales, según han documentado grupos de derechos humanos, le recordó al gobierno entrante una publicación de The New York Time (NYT), en su edición digital.

En febrero de 2023, por ejemplo, un grupo de siete amigos, entre ellos un ciudadano estadounidense de San Antonio, fueron perseguidos y tiroteados por soldados mexicanos en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo. Cinco de los hombres murieron.

“Lo que yo veo es una discordancia total en el discurso triunfalista en términos de seguridad y derechos humanos y la atroz, la brutal realidad”, dijo Jacques Coste, historiador especializado en derechos humanos y militarización. “Lo que va a seguir ocurriendo durante este sexenio es que hechos como este se van a minimizar”.

(…) “Normalmente, cuando hay enfrentamientos, el comunicado (de la Sedena) es siempre igual: vieron un vehículo sospechoso, repelieron la agresión y presentan el saldo. Y ahí queda. Y no se investiga”, dijo Catalina Pérez Correa, experta en militares del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia.

“Hasta que no existan investigaciones independientes por autoridades distintas a la propia Sedena”, dijo Pérez Correa, “no vamos a saber qué es lo que pasó y no habrá rendición de cuentas”, divulgó el NYT.

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Pablo Ruiz Meza

Periodista con más de 30 años de trayectoria como reportero de staff, investigaciones especiales, corresponsal nacional, director editorial, autor de la columna "Nada personal" y colaborador en diferentes medios de comunicación multimedia.