El consejo Tiyat Tlali y la red de organizaciones sociales de la Sierra Norte de Puebla exigió un alto inmediato a las acciones de criminalización a defensores del agua y del territorio que conforman el Movimiento en Defensa del Agua y el Territorio de la Cuenca de Libres Oriental, demandados penalmente por Granjas Carroll luego de que realizaran movilizaciones y plantones para exigir la salida de esa trasnacional a la que acusan de acaparar y contaminar el agua.

“Con enorme preocupación e indignación denunciamos la criminalización que el gobierno del estado de Puebla está ejerciendo hacia defensores y defensoras que habitan en comunidades de la cuenca Libres Oriental que se han venido manifestando contra la presencia de varias industrias en la región que acaparan el agua, generan daños a los cultivos, a la apicultura y graves afectaciones a la salud”, aduce el comunicado que circuló hoy miércoles, fecha en que defensores del agua fueron citados parte de la Fiscalía General de Puebla (FGE) para presentarse a una “sesión de mediación” como parte de una demanda penal en su contra.

En el pronunciamiento, la decena de colectivos y organizaciones firmantes responsabilizaron al gobernador Sergio Salomón Céspedes de la seguridad y vida de Moisés Moratilla y Renato Romero, quienes fueron amenazados por funcionarios de este gobierno de “levantarlos y desaparecerlos” sino frenaban las protestas contra la empresa porcina.

Denunciaron que la forma de reprimir y criminalizar la movilización social a campesinos en Libres-Oriental, tiene el mismo patrón utilizado contra cafetaleros en el municipio de Ixhuatlán del Café, Veracruz, quienes fueron injustamente encarcelados en 2023 por la acción criminalizante de la empresa Agroindustrias Unidas de México (AMSA) —propietaria de Granjas Carroll de México— con la implicación activa de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, presta para reprimirles por ejercer su legítimo derecho a manifestarse por los bajos precios impuestos por la transnacional con los que tenía sumido al sector cafetalero en sus pueblos.

El consejo Tiyat Tlali, —conformado por hombres, mujeres, indígenas totonacas y náhuatl, no indígenas, comunidades campesinas, rurales y urbanas, la pastoral social, cooperativas—manifestaron su indignación porque Granjas Carroll, responsable de generar desabasto de agua y contaminación en la Cuenca Libres Oriental, poniendo en riesgo la vida de la población, se haya atrevido a denunciar a varios defensores que han sido citados para comparecer en la Fiscalía de Oriental sobre el agua y que funcionarios de gobierno de Puebla hayan amenazado a algunos de ellos con desaparecerlos y reactivar carpetas penales para que dejen de exigir su derecho al agua.

“Es por ello que denunciamos enérgicamente a los “servidores públicos” Justino Cerezo, coordinador de Comisionados de la Dirección General de Gobierno, a Osvaldo de la Rosa, delegado regional de la Secretaría de Gobernación de Libres Oriental, así como a Celso Leal, presidente de la Cuenca del Río Balsas quienes con sus acciones intentan intimidar a los defensores en defensa del agua; es inadmisible que se continúe criminalizando a defensores ahora por el gobierno de Puebla, después de la brutal represión que se llevó a cabo en Totalco en el que fueron asesinados dos compañeros cuyo único crimen fue luchar por la sobrevivencia de sus familias protestando contra la devastación que la transnacional Granjas Carroll continúa realizando impunemente en varias comunidades”, aduce el comunicado.

Increíble: Gobierno criminaliza a defensores y protege a empresas

En el posicionamiento explican también que el conflicto generado en las comunidades de Puebla y Veracruz de la cuenca Libres Oriental, ha sido causada por el propio estado mexicano al incumplir con su obligación de proteger y garantizar los derechos humanos de la ciudadanía otorgando de manera irresponsable y violatoria multitud de concesiones de agua, autorizaciones de cambio de uso de suelo y licencias de construcción a empresas privadas cuyo fin principal es la ganancia económica y cuya operación no es monitoreada ni sancionada.

“Esa es la única causa del conflicto en la Cuenca Libres-Oriental: las injustas decisiones de instituciones de los tres niveles de gobierno que han puesto el beneficio económico de empresas transnacionales por sobre nuestros derechos”.

“¿Cómo es posible que el gobierno criminalice a la gente que defiende su vida y proteja y beneficie a empresas transnacionales que están devastando nuestro territorio y con ello nuestras posibilidades de vida? ¿Por qué Conagua privilegia la entrega de concesiones a grandes empresas sobre nuestro derecho al agua? ¿Por qué se autorizan permisos para que operen rastros como los de Granjas Carroll en la Cuenca Libres-Oriental, mineras como Covia en Zacatlán, cerveceras como Heineken, o empresas que buscan generar energía para beneficio de Walmart en la sierra norte de Puebla? ¿Por qué la colusión con el gran capital? No nos compramos el discurso de que generan desarrollo y empleo, porque lo que vivimos día a día es la destrucción, la contaminación, el acaparamiento del agua y la división y conflictos que generan en las comunidades”.

“En el caso de Granjas Carroll, denunciamos que en la actualidad la empresa tiene entre Puebla y Veracruz, según el Repda, 23 títulos de concesión, 14 en Puebla y 9 en Veracruz, que le permiten extraer un total de 3 millones 801 mil 044 metros cúbicos de agua, cifra que confirma el alto consumo que requiere para mantener las actividades del complejo agroindustrial y soportar incluso una mayor expansión, mientras los campesinos no tienen agua para regar sus parcelas.

Alto a los crímenes de empresas privadas

 “Como organizaciones integrantes del Consejo Tiyat Tlali, exigimos se ponga un alto inmediato a las acciones de criminalización a defensores del agua y del territorio. Cada vez más población se organiza para defender su derecho a la vida porque está en juego nuestro futuro y el de las próximas generaciones. El estado mexicano debe cumplir con su obligación de respetar y garantizar nuestros derechos y dejar de coludirse con empresas transnacionales cuyo fin es tener ganancia económica, o es que no tienen la capacidad de gobernar con justicia”, sostiene el documento.

Además de manifestar su total repudio a la criminalización a defensores de la Cuenca Libres Oriental, la red integrada por Consejo Regional Totonaco Unión de Ejidos y Comunidades Atcolhua, Servicios Ambientales Amelatzinhualajtoc, Unión de Cooperativas Tosepan, Centro de Estudios Ecuménicos, el Colectivo Tajpianij, Makxtum Kgalhaw Chuchutsipi, Brigada de defensa del territorio Xochiteco, la Agencia Timomachtikan, el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, el Movimiento Atzin, el Colectivo Tajtolmej taltikpak, la Unidad Indígena Totonaca-Nahua así como la Organización Independiente Totonaca, exigieron un “alto a los abusos y crímenes de las empresas privadas que están poniendo en riesgo nuestras vidas” y enumeraron sus demandas

 “Exigimos al gobierno federal revisar y cancelar concesiones de agua otorgadas a empresas de capital extranjero especialmente, a Granjas Carroll así como a la minera Covia que están dejando sin acceso al agua a la población de México.

“Exigimos al gobierno del estado de Puebla ponga alto inmediato a la criminalización a defensores del agua de la Cuenca Libres Oriental ante el riesgo de que se genere un conflicto mayor.

“Exigimos a los gobiernos municipales de la zona de la Cuenca Libres Oriental revoquen permisos municipales otorgados a empresas privadas que están poniendo en riesgo la vida de los pueblos y no otorguen ninguno más.

“Responsabilizamos al gobernador Sergio Salomón Céspedes de la seguridad y vida de Moisés Moratilla y Renato Romero, así como la de todos los integrantes del Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca Libres Oriental”, afirman en el documento en el que sostienen “una total solidaridad con defensores del Movimiento en defensa del agua de la Cuenca Libres-Oriental”. (PSR)