Según el Ayuntamiento de Puebla reconoce que se encuentran en el Centro Histórico un promedio de 45 personas en situación de calle y/o mendicidad. Para Voz Ciudadana por los Derechos Humanos esa cifra es engañosa y no es real, ya que existen más de mil personas en situación de calle en el municipio de Puebla, quienes principalmente son población indígena, infancias y mujeres.

La organización Cáritas reporta que diariamente entrega 1500 alimentos con apoyo del banco de alimentos. Detrás de estos números existen personas que hoy son invisibilizadas no solo por las autoridades, sino por la misma población. La sociedad prefiere ver números y no personas porque así es menos doloroso, es más sencillo dejar este tema de lado; son personas que son desplazadas de sus lugares de origen, porque viven infiernos derivados de la delincuencia, el hambre o la falta de oportunidades, a veces solos, a veces arrastran a toda su familia a vivir todo tipo de pesadillas. Son personas que pernoctan hacinados en vecindades del Centro Histórico de Puebla y por lo general sus orígenes están en la Sierra Norte de Puebla, la Mixteca, Ciudad de México, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, incluso Centroamérica.

Las personas en situación de calle, así como quienes realizan actividades de mendicidad o que venden productos en las avenidas de la ciudad de Puebla, son invisibles; se sitúan en una condición de vulnerabilidad muy alta, riesgo grave para ser víctimas de diversos delitos, lesiones, violaciones, trata de personas en sus diversas modalidades como mendicidad forzada, explotación sexual, laboral, etcétera. Los datos que se tienen son alarmantes: el estado de Puebla ocupa el quinto lugar en incidencia en el delito en materia de trata de personas conforme al estudio Situación de la trata de personas en Puebla 2015-2022 del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ (IDHIE) de la Ibero Puebla.

Sumado a lo anterior, a estas personas se les vulneran sistemáticamente todos sus derechos al no contar en ocasiones con documentación, mínimos necesarios para poder tener acceso a los servicios públicos o ser receptores de diversos derechos como lo son la educación, salud, vivienda, servicios básicos y sociales.

Existe un vínculo muy estrecho entre las personas en situación de calle/mendicidad con los presos. Han existido temporadas en todo el país en las que por dar números, resultados o soluciones derivados de cambios de gobierno, de titulares o algo similar, los responsables de prevención, seguridad, etcétera, han provocado la construcción de presuntos culpables para casos muy sensibles y desafortunadamente estas personas en situación de calle y/o mendicidad son objetivos viables e idóneos para dar los resultados y números necesarios para las procuradurías o fiscalías, ya que son señalados para acallar escándalos mediáticos y una vez pasado el bullicio, se quedan en prisión olvidados y sin recibir una sentencia por el delito que supuestamente cometieron, y ante la falta de recursos económicos y ausencia de conocimientos, terminan haciendo una vida en reclusión, construyéndose en ocasiones como delincuentes, sicarios u objetos de trata al interior de las prisiones.

La razón que favorece esta situación es que en la mayoría de los casos son personas que han perdido toda vinculación social, familiares invisibilizados por la sociedad, expuestos a los peligros de la calle y también ser utilizados por las autoridades y grupos que operan al margen de la ley.

Presos en Puebla

El 18 de julio de 2024, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó los resultados del Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2024 donde se establecen los siguientes datos respecto al estado de Puebla:

• Puebla ocupa el noveno lugar en tasa de ocupación de los centros penitenciarios y centros especializados, la cual representa 111.5 por ciento.
• En Puebla más de la mitad de la población carcelaria no tiene sentencia. El 56.1 por ciento de la población penitenciaria no ha recibido sentencia (4,269).
• Durante 2023, en Puebla ingresaron 3,540 personas a los centros penitenciarios y centros especializados, de los cuales el 90 por ciento del total son hombres y el 10 por ciento son mujeres.
• Para 2023, la población privada de la libertad ascendió a 7,627 personas, siendo 7062 hombres y 565 mujeres. Lo anterior ubica al estado en el noveno sitio de los estados con mayor población internada en los centros penitenciarios y centros especializados.
• Del total de la población penitenciaria que no ha recibido sentencia el 61.3 por ciento se encontraba en prisión preventiva oficiosa, el 26.7 por ciento en prisión preventiva justificada, el 5.5 por ciento en otro supuesto jurídico y del 6.6 por ciento no está identificado.
• En los centros penitenciarios y centros especializados de Puebla se han presentado 2,172 quejas o peticiones administrativas, las cuales están relacionadas a la atención médica y/o psicológica y al suministro de bienes o artículos personales, lo que podría representar violaciones a los derechos humanos de la población interna.

El hacinamiento en las cárceles del estado de Puebla está en focos rojos para toda la población libre y en reclusión en la entidad. Según María Noel Rodríguez en su publicación realizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) denominada Hacinamiento Penitenciario en América Latina: Causas y Estrategias, menciona que el hacinamiento “…genera tensiones constantes entre las personas privadas de libertad, incrementa los niveles de violencia intracarcelaria, impide que se disponga de mínimas condiciones de habitabilidad, facilita la propagación de enfermedades, constituye un factor de riesgo para la ocurrencia de situaciones de emergencia, dificulta el acceso a las oportunidades de estudio, capacitación y trabajo y favorece la corrupción, convirtiéndose por ende en un obstáculo difícil de superar para el cumplimiento de los fines que la pena privativa de libertad se propone…”.

Es muy importante recordar que muchas de las personas que hoy motivan el hacinamiento en las cárceles del país, así como del estado de Puebla, corresponden a personas que no tienen una sentencia y que en varios casos se trata de presuntos culpables, que van desde presos políticos, presos de conciencia -que no son lo mismo-, pasando por inocentes culpables como las personas en situación de calle y/o mendicidad, con la finalidad de mantener inocentes a quienes realmente son responsables.

El humanismo mexicano requiere una renovación de la justicia de fondo y no solo cosmética, otorgándole a las víctimas del viejo régimen justicia restaurativa a toda la población, pero principalmente a quien hoy está privado de la libertad sin que medie sentencia bajo la figura de prisión preventiva oficiosa por no tener recursos suficientes para una buena defensa y que normalmente corresponde a personas en situación de vulnerabilidad.

Justicia restaurativa sumada a la aplicación de la figura de amicus curiae, que los gobernadores en el país la apliquen como un acto de humanización bajo la mirada del humanismo mexicano, pues esta es una respuesta al viejo sistema de justicia en el país que hoy se combate y que en su momento buscó criminalizar la pobreza, al indígena, a las mujeres y todos los sectores que fueron utilizados por el viejo régimen para enriquecerse y fabricar presuntos culpables para liberar a los verdaderos responsables.

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