En el artículo de Hugo Aboites publicado el 22 de junio pasado en La Jornada encontramos un diagnóstico respecto a la situación actual de la Educación Superior en nuestro país: “Y en la educación superior se otorga un blindaje a las instituciones privadas (ellas deciden quién tiene derecho a educación); se crea una fantasmagórica gratuidad que en los hechos impide que las públicas se vuelvan gratuitas y hagan competencia desleal a las privadas; se legaliza la evaluación y acreditación en manos de organismos privados, autoriza la mercantilización del conocimiento con la venta de servicios universitarios; la participación de las privadas en la instancia nacional de conducción de la educación superior y otras.”

Comentar estas afirmaciones resultará útil para aclarar la situación que vivimos quienes pertenecemos a una institución pública de educación superior como lo es la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Señala el doctor Aboites que las instituciones privadas deciden quién tiene derecho a la educación. Efectivamente, no sólo definen los requisitos de ingreso, y en ese aspecto sucede lo mismo con las públicas, sino que el costo traducido en colegiaturas es el que determina el nivel socioeconómico del estudiantado que solicita su ingreso. Aquí lo que interesa resaltar es que es un hecho que el creciente número de estudiantes rechazados por la universidad pública ha generado una demanda mayor de educación superior privada, tan es así que según señala el doctor Aboites, el aumento de matrícula en el sexenio que concluye ha sido del 14.5% en el caso de la privada y del 8.1% en el caso de la pública.

Sin embargo, en el caso de la BUAP hay un decremento de la matrícula, pues en el Anuario Estadístico 2021-2022 la matrícula total es de 120,432 estudiantes, pero en el Anuario de 2022-2023 es de 118,513.

Es singular que el doctor Aboites emplee el término de ‘competencia desleal’ de las instituciones públicas hacia las privadas. Más bien hace un empleo sardónico del término, pues la gratuidad de la educación pública, que es un derecho constitucional, no puede “convertirse”, por leyes del mercado, en “competencia desleal”. Lo que constituye un derecho no entra en las leyes de la oferta y la demanda.

Es indicativo que al darse a conocer las listas de aceptados, e implícitamente las de rechazados, se distribuyan a las puertas de las universidades públicas los folletos propagandísticos de las universidades privadas. Así, efectivamente, la fantasmagórica gratuidad de la educación pública genera la demanda de educación privada.

También se ha legalizado la evaluación y la acreditación puestas en manos de organizaciones privadas.

Al respecto es conveniente señalar que el 2 de diciembre de 2022 el Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior (CONACES) aprobó la Política Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior y en el documento que la establece se aclaran los distintos conceptos de evaluación: Autoevaluación, coevaluación y evaluación externa; así como la Evaluación diagnóstica, formativa y sumativa.

En el mismo documento aparece el apartado denominado “Revalorización de la función docente” que a la letra dice: “La revalorización de la función docente se refiere entonces al conjunto de mecanismos integrados que las IES (Instituciones de Educación Superior) ponen en marcha para promover el desarrollo profesional docente, de tal forma que sea posible brindar mayor reconocimiento y apoyo a la docencia como función y a los docentes como actores principales de ella; …Desde este enfoque, la evaluación individual de los docentes requiere tomar en consideración los modelos institucionales o de los subsistemas educativos para la profesionalización docente, de tal forma que deberá formar parte de sus propios sistemas de autoevaluación.”

En otras palabras, todos los tipos de evaluación conciernen a la evaluación de programas e instituciones, sólo hay un tipo de evaluación individual que es la que se le hace al docente y es la única que no se pone en manos externas. Las razones son obvias: de la evaluación individual dependen los “apoyos” y “reconocimientos” a los docentes para su desarrollo profesional. Jamás se menciona la palabra ‘salario’. No existe en el diccionario de la Política Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior.

Sin embargo, se reconoce que “La evaluación sistémica de los diferentes ámbitos de la educación superior encuentran (sic) en el desempeño del personal académico en su conjunto un referente clave para la mejora continua.”

Otro rasgo de la Educación Superior señala el doctor Aboites es la mercantilización del conocimiento por la venta de servicios universitarios. Claro, esta mercantilización obedece a una concepción empresarial de la Universidad y a la idea igualmente mercantilista de que la Universidad debe allegarse recursos por sus propios medios. Así fue que se empezaron a ofrecer servicios como diplomados o “carreras cortas”. Es el caso de la BUAP con su Universidad para Adultos, cuando justamente una de las funciones sustantivas de las instituciones públicas es la extensión y difusión de la cultura, y no su comercialización.

En suma, desgraciadamente este diagnóstico negativo de la situación de la Educación Superior y, específicamente, de la pública puede ilustrarse con la BUAP.

¿No les parece a ustedes de la mayor importancia revertir esta situación ahora que se inicia un nuevo sexenio para corregir aquellas normas, producto del cabildeo en las cámaras, y que hoy podrían modificarse para bien de todos los universitarios(as), tanto estudiantes como docentes?