En los últimos años, la administración federal se ha empeñado sistemáticamente para debilitar y desaparecer los organismos autónomos en México.

Estos organismos nacidos de la lucha democrática para supervisar al poder y garantizar transparencia, han sido etiquetados de ineficaces, costosos e innecesarios.

Sin embargo, la desaparición de instituciones como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y el debilitamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) representan una grave amenaza.

Más que un ahorro es garantizar la concentración de poder y control absoluto del Estado, para dejar a los ciudadanos indefensos ante posibles abusos de autoridad, corrupción desmedida y prácticas monopolistas.

Los organismos autónomos en México nacieron como resultado de las demandas de una sociedad civil que exigía límites claros al poder del Estado.

Después de décadas de abusos, la creación de instituciones independientes que velaran por la transparencia, los derechos humanos y la competencia económica no fue una concesión del poder, sino un logro de la sociedad que vio en estos mecanismos una herramienta esencial para fiscalizar a los gobernantes y proteger a los ciudadanos.

Como explicó Luis de la Calle, experto en competencia y economía, “la creación de organismos autónomos en México respondió a la necesidad de garantizar que el poder no fuera absoluto, que existieran contrapesos que aseguraran una economía y una democracia más sanas”.

La independencia de estos organismos es clave para su funcionamiento y su capacidad para cumplir con sus objetivos. La COFECE, por ejemplo, busca asegurar que las empresas no abusen de su poder en los mercados y mantengan precios competitivos.

Sin embargo, el actual gobierno, en su afán de controlar el mercado, ha restringido las funciones de la COFECE y ha permitido prácticas que afectan directamente el bolsillo de los ciudadanos.

Sin la vigilancia de este órgano, el país ha visto incrementos en precios de productos básicos, y los monopolios siguen aprovechándose de los consumidores sin ninguna regulación efectiva.

El INAI es otro organismo que ha sufrido embates directos y eso no les gusta a los del régimen, ya no habrá quien garantice el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales.

En un país como el nuestro, donde los índices de corrupción rebasan cualquier límite conocido, el INAI es vital; gracias a este organismo, periodistas, activistas y ciudadanos que buscan conocer el uso de los recursos públicos y exigir cuentas a los gobernantes tienen al gobierno bajo la lupa.

 Sin embargo, la administración actual ha minimizado su importancia, acusándolo de ser un “gasto innecesario” y sugiriendo que sus funciones podrían ser absorbidas por alguna secretaría del Gobierno. O sea, la vieja confiable de ser juez y parte.

El argumento de que el INAI es costoso o ineficaz es una falacia, utilizada para encubrir el verdadero interés del gobierno: evitar la transparencia. En palabras del periodista Salvador Camarena, “la desaparición del INAI es un retroceso monumental, un golpe directo a los pocos mecanismos que nos quedaban para conocer el uso del dinero público”.

La desaparición del INAI no representa un ahorro, con este argumento no engañan a nadie. Su desaparición implica un grave retroceso en los derechos de los ciudadanos, quienes ahora tendrán mayores obstáculos para obtener información sobre cómo se gasta el presupuesto.

Y que se puede decir de la CNDH, que desde su creación ha sido un órgano crucial para la defensa de los derechos humanos, particularmente en un país con altos niveles de violencia y abuso de poder por parte de las autoridades. Sin embargo, en los últimos años, su papel ha cambiado drásticamente.

La CNDH ha dejado de ser un ente crítico y protector de la sociedad para convertirse en una institución complaciente con el gobierno, bajo la dirección de Rosario Piedra Ibarra.

Los ciudadanos ya no ven en la CNDH un aliado que defienda sus derechos, sino una institución que parece justificar los abusos y las omisiones del poder. Y también, con el circo que hicieron y las barrabasadas encabezadas por Adán Augusto, ratificaron a Piedra en el cargo, por órdenes de “ya sabes quién”, que hoy opera desde la sombra.

Esta metamorfosis de la CNDH resulta especialmente preocupante, pues, en palabras de María Amparo Casar, politóloga y experta en políticas públicas, “sin un organismo independiente que proteja los derechos humanos, el ciudadano queda desprotegido y a merced del poder”. La CNDH, en lugar de denunciar los atropellos, ha guardado silencio ante abusos del propio Estado, contribuyendo a la impunidad y, en consecuencia, a una descomposición social aún mayor.

Los efectos de la eliminación y el debilitamiento de los organismos autónomos son evidentes. La falta de transparencia, la impunidad y el abuso de poder se han convertido en problemas cada vez más graves, y su impacto afecta directamente la vida de millones de mexicanos.

La corrupción en la administración pública, un problema que los organismos autónomos intentaban combatir, ha encontrado un terreno fértil ante la falta de vigilancia y supervisión. Casos de malversación de fondos, contratos sin licitación y enriquecimiento ilícito son cada vez más frecuentes, pero ahora resultan más difíciles de documentar y sancionar.

En este contexto, uno de los riesgos más graves es la creciente concentración de poder en manos del Ejecutivo.

Al eliminar los contrapesos, el gobierno tiene mayor margen para actuar sin restricciones y decidir el rumbo del país sin consulta alguna.

Como señaló el analista Carlos Bravo Regidor, “la concentración de poder que persigue el gobierno actual es una amenaza directa a la democracia y a los derechos ciudadanos”. Los ciudadanos están cada vez más indefensos, y el poder se ha vuelto opaco e inaccesible.

La desaparición de los organismos autónomos es una aberración, los mexicanos no votamos por eso.  La democracia mexicana se encuentra en uno de sus momentos más críticos, y las instituciones que surgieron como un logro de la ciudadanía ahora son desmanteladas de una forma hasta vulgar.

El gobierno actual ha apostado a la apatía, al cansancio de una población que, en muchos casos, no percibe el impacto directo de la desaparición de estos organismos, una población que está agotada por la crisis económica y la violencia.

Es innegable que el futuro democrático de México está en riesgo. Los organismos autónomos no son un lujo ni una concesión; son una necesidad para evitar que el poder desborde sus límites y afecte los derechos de los ciudadanos.

México no puede permitirse regresar a un pasado de opacidad y abuso. La desaparición de los organismos autónomos afecta a la generación actual y es una amenaza directa a las generaciones futuras, a quienes se les estaría negando el derecho a una democracia plena.

El tiempo de actuar es ahora. La sociedad civil, los medios de comunicación, las organizaciones y cada ciudadano deben recordar al gobierno que México no es un país sin memoria. Si se permite que el poder absoluto se consolide, las consecuencias serán irreversibles.

Como advirtió el filósofo Carlos Monsiváis, “la democracia no es un estado; es una conquista constante”. La última línea de defensa para la libertad, los derechos humanos y la justicia es cada mexicano que se atreva a alzar la voz y exigir que las instituciones sirvan a su propósito original: proteger al ciudadano, no al poder.

Tan simple como la canción que canta: “Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a …”

Y así lo vamos a permitir, la voluntad de una minoría será quien dicte la sentencia de muerte a estos organismos que costaron sangre sudor y lágrimas, se van, en una semana, de un plumazo.

Tiempo al tiempo

@hecguerrero