El picadero en la junta auxiliar de San Miguel Canoa, escenario de un brutal ataque armado que cobró la vida de siete personas, tiene al menos siete años de existencia, lapso en el que ninguna autoridad intervino y que opera con actividades ilícitas desde la gestión municipal de José Antonio Gali Fayad.

La existencia de este punto de venta y consumo de drogas la dio a conocer este martes la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, María del Consuelo Cruz Galindo, quien reveló que el sitio estaba en funcionamiento desde el año 2016. A pesar de que tuvo distintas intervenciones previas, ninguna de éstas logró resultados efectivos.

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En entrevista, Cruz Galindo informó que el lugar fue objeto de distintas intervenciones desde el 2016. La última de estas acciones tuvo lugar el 14 de julio, cuando se llevó a cabo un operativo que abarcó incluso las faldas de La Malinche, en colaboración con el estado y la federación. A pesar de estos esfuerzos, no se reportaron detenciones, manteniendo una persistente impunidad en el área.

Reconociendo que la existencia del picadero no constituye un hecho aislado, la secretaria de Seguridad Ciudadana hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar aquellos inmuebles en los que se conozca la existencia de venta y consumo de drogas.

Acusaciones de omisión y exigencia de responsabilidad

El presidente del Congreso del Estado, Eduardo Castillo López, no tardó en expresar su descontento ante la omisión de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el caso. Por ello, hizo un llamado al alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, para tomar cartas en el asunto y considerar la renuncia de la titular de SSC.

Además, insistió en la importancia de convocar a Cruz Galindo para que rinda cuentas sobre estos hechos violentos y otros temas de seguridad, sosteniendo que la responsabilidad recae tanto en las autoridades como en aquellos que tuvieron conocimiento previo de la situación.

Presidente auxiliar ya había solicitado apoyo estatal; fue ignorado

En tanto Javier Aquino Limón, secretario de Gobernación, dio a conocer que el presidente auxiliar de Canoa, Paciano Ruperto Pérez Lima, ya había solicitado la intervención del estado debido a la incidencia delictiva en la zona.

El titular de la Segob instó a los ayuntamientos, tanto de la capital como de todos los municipios, a asumir la responsabilidad en el fortalecimiento de la seguridad y a implementar mejoras en la atención a la ciudadanía.

Omisión ciudadana: un factor que perpetúa los picaderos

El titular de la SSP, Daniel Iván Cruz Luna, resalta que la persistencia de lugares donde se cometen ilícitos, como la venta y consumo de drogas, se debe en gran medida a la omisión de la propia ciudadanía para colaborar con las autoridades.

A pesar de que las denuncias son presentadas, una vez que la autoridad se presenta en los puntos delictivos para realizar los operativos, la colaboración ciudadana disminuye, dificultando la efectividad de las acciones.

La impunidad con la que operó el picadero en Canoa derivó en las siete muertes registradas el pasado lunes en un sitio del que se tiene fe hace siete años; desde el 2016 a la fecha han transcurrido al menos siete administraciones estatales sin intervención en la zona hasta este octubre. (EG).