Dos de los presuntos responsables del asesinato de un policía estatal en Zacatlán la noche del 3 de abril de 2023 habían estado presos por diversos delitos graves en 2020; sin embargo, fueron liberados tras obtener la suspensión condicional del proceso y cambios en las medidas cautelares, respectivamente, situación a la que el fiscal general Gilberto Higuera Bernal ha manifestado su rechazo.

En rueda de prensa, el fiscal dijo que Carmelo, apodado “El Güero Palma”, uno de los presuntos asesinos del policía estatal, había intentado asesinar a otro policía estatal, por lo que fue detenido y preso en el año 2020, pero como al juez de causa le manifestó un padecimiento en la pierna, éste logró que se le cambiara la medida de prisión preventiva para continuar su proceso en su domicilio, lo cual nunca cumplió.

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Según informó la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Investigación Regional, los hermanos Rosendo y Carmelo o “El Güero Palma”, que se encuentran en prisión preventiva por segunda ocasión, habían sido detenidos en 2020 por delitos como ataques peligrosos contra funcionarios públicos, narcomenudeo, portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, Armada y Fuerza Aérea.

El 11 de noviembre de 2021, Rosendo logró que un juez de control le otorgara la libertad cuando interpuso el recurso de suspensión condicional de proceso. Él se encontraba en prisión preventiva porque poco más de un año antes fue detenido por los delitos de ataques peligrosos contra funcionarios públicos y delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

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Su hermano Carmelo, “El Güero Palma”, a pesar de haber sido detenido en 2020 por el delito de tentativa de homicidio en contra de un policía estatal, logró cambiar la medida cautelar que lo mantenía en prisión luego de manifestar ante la autoridad judicial que padecía de una enfermedad en la pierna, por lo que el juez de control le permitió seguir el proceso en su domicilio.

Ambos, Carmelo y Rosendo, junto con Luis, el “Bolillo”, están en prisión preventiva oficiosa por ser los presuntos responsables del ataque y muerte del policía Ramiro de Jesús cuando se dirigía a la comunidad de las Lajas en Zacatlán a atender un supuesto reporte de tala clandestina la noche del 3 de abril.

Por ello, el fiscal general Gilberto Higuera Bernal instruyó a los agentes del Ministerio Público a no conceder la suspensión condicional de proceso o el cambio de medidas cautelares, a fin de evitar consecuentemente las liberaciones condicionales.

La semana pasada, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, Daniel Iván Cruz Luna, reveló que la detención de estos probables responsables habían ventilado la presencia del cártel Guerreros Unidos en el norte del estado.

Lo anterior ya que detectó que Rosendo, Carmelo y Luis pertenecen a diversas asociaciones delictivas procedentes de estados como Michoacán y Morelos, mismas que tienen actividades delictivas en Puebla.

Al respecto, el titular de la FGE advirtió que la disposición responde a la necesidad de evitar que la libertad condicional adquirida se convierta en un canal de impunidad para quienes cometen delitos.

Las víctimas de delitos, sentenció durante rueda de prensa, no deben arriesgarse a tener en libertad a personas que han cometido delitos. Port ello, la FGE pretende intervenir sobre todo en delitos de alto impacto como lo es el narcomenudeo, actividad que a su vez genera más tipos de violencias como lo son los secuestros y los asesinatos.

Uno de los casos en los que el fiscal general Gilberto Higuera Bernal reprochó las resoluciones de libertad por parte del Poder Judicial pese a la aportación de pruebas de la FGE, fue el de Lili Bustillos, acusada de trata de personas contra mujeres.

La señalada fue detenida el 9 de marzo en cumplimiento de una orden de aprehensión en las instalaciones del Instituto Oriente de la capital poblana; sin embargo, apenas un día después de su detención, luego de la audiencia inicial celebrada el viernes 10 de marzo, la jueza determinó que en la detención ejecutada por los agentes de la FGE se violentaron algunos derechos de la acusada, por lo cual fue liberada.

Como ella contaba con más órdenes de aprehensión vigentes, agentes de la Fiscalía General del Estado la detuvieron el 18 de marzo por los delitos de trata de personas en modalidad de explotación laboral.