La eventual disposición de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) para no conceder suspensión provisional de proceso o cambio de medidas cautelares, responde a la necesidad de evitar que la libertad condicional se convierta en un canal de impunidad para delincuentes, asegura el fiscal Gilberto Higuera Bernal.

Hoy, en rueda de prensa, Higuera Bernal dijo que la medida, girada en un oficio y dirigida a agentes del Ministerio Público, se debe al incremento en las liberaciones condicionales registradas en los últimos tres meses y no corresponden al objetivo inicial de la figura de suspensión provisional de proceso.

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Figura que, de acuerdo con el Sistema Penal Acusatorio, pretende que la persona inculpada o imputada pueda terminar su proceso penal, cumpliendo con un plan de reparación del daño para concluir la causa.

Por ello, el fiscal sentenció que las víctimas no deben arriesgarse a tener en libertad a personas que han cometido delitos. Además, la disposición de la FGE pretende intervenir sobre todo en ilícitos de alto impacto como el narcomenudeo, actividad que a su vez genera más tipos de violencias, como son los secuestros y los asesinatos.

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Asimismo, dijo que tanto la sociedad como las familias de las víctimas piden un tipo de justicia en la que se deba garantizar evitar daños perpetrados por las mismas personas que cometen delitos y que consecuentemente, obtienen su libertad.

“Es increíble que hasta las propias víctimas de delitos tengan que argumentar de modo muy especial la no otorgación de ese mecanismo de suspensión”, dijo Higuera Bernal.

Aunado a ello, dijo que uno de los factores más delicados de las liberaciones condicionales obtenidas por suspensión provisional del proceso es la incertidumbre de saber si la actual legislación tiene las previsiones adecuadas para que haya verdadera justicia penal en Puebla y México.

Ante lo cual aseguró que la eventual negación de la suspensión provisional o cambio de medidas cautelares forman parte de una iniciativa de Ley que la FGE articula para que sea presentada ante el Congreso de la Unión.

Dicha iniciativa pretende, entre otras cosas, la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales en el que obra la figura de suspensión provisional como una solución alterna a la extinción penal.

Legislación que actualmente impide o limita a la Fiscalía General del Estado de Puebla a impugnar sobre las resoluciones de sentencias judiciales. Además, propicia que quienes a pesar de haber cometido delitos y que logren acceder a la suspensión provisional del proceso, “no queden registrados antecedentes penales”, reprochó el fiscal.

“Esto es verdaderamente un asunto que nos debe preocupar, porque pensamos en la población, en las víctimas de los delitos”.

Aseguró que la iniciativa de ley para reformar el Código Penal Nacional es respaldada por sus homólogos titulares de las Fiscalías de las demás entidades de la República.

El asunto los planteó en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, primera sesión ordinaria 2023 de la zona Centro, llevada a cabo el 26 de mayo con sede en el estado de Puebla, en la que también asistió Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Por otro lado, afirmó que no otorgar la libertad condicional a través de las suspensiones provisionales o cambio de medidas cautelares, no transgrede el actual Sistema de Justicia Penal Acusatorio, ya que, entre sus diferentes objetivos, dijo, es la de dar solución a los conflictos penales de manera armoniosa.

Además, desde la instauración de ese sistema en marzo de 2014, el Código Nacional de Procedimientos Penales ha sido reformado al menos 10 veces, en contraste a los 16 años sin intervenirse hasta antes de su entrada en vigor. Por ello, la FGE Puebla defiende la suspensión de libertad condicional: evita impunidad.