El pasado 31 de enero el Frente de Pueblos Productores de Legumbres y Hortalizas de Puebla se manifestó en el estado con el objetivo de tener un acercamiento con el gobernador sustituto, Sergio Salomón, a quien previamente los dirigentes habían buscado desde el 25 de enero y de quien no habían tenido respuesta alguna. La organización agotó todas las instancias formales y jurídicas de acercamiento para dialogar, por lo que ante la negativa de audiencia ejercieron su derecho humano a la libre manifestación.

Desde la óptica jurídica, y con fundamento en los artículos 19 y 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como los artículos 6 y 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que refieren a la libertad de expresión, asociación y el derecho humano de reunión que se ejerce de forma colectiva temporalmente en un mismo lugar, pacíficamente y sin armas. Entendemos que toda sociedad democrática debe permitir que sus integrantes “hablen”, se “expresen” y “expongan” sus inconformidades como parte del reconocimiento del pluralismo político y de la libertad de expresar opiniones, propias o colectivas sin ser criminalizados.

Además, si nos remitimos al artículo 26, Apartado A Constitucional y los artículos 5 y 12 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, el Estado debe promover el desarrollo económico nacional y en coordinación con los gobiernos locales impulsar políticas y acciones en zonas rurales para el desarrollo del país.

Bajo estas circunstancias, el fin de la manifestación y las propuestas de los campesinos fue para solicitar el apoyo del Gobernador en los siguientes puntos:

1. En razón de la visión de la política de transformación de la 4T, y de manifiesto apoyo al sector primario, se les considerara como sector prioritario a efecto de generar una política de apoyo para que se les otorgue créditos que les permita adquirir unidades vehiculares para continuar con su labor agrícola. Toda vez que los campesinos no son asalariados y son a los que menos se les otorgan créditos.

2. Teniendo conciencia de lo que implica en términos recaudatorios y para el medio ambiente la verificación, se les brinde concesiones o se les exente de esta en lo que puedan adquirir nuevas unidades con el otorgamiento de créditos; ya que las unidades con las que cuentan corresponden a unidades de carga y no de uso particular, muchas de ellas con más de diez años de antigüedad y no pasarían una verificación, además de que su única ruta es del campo a la Central de Abasto.

3. Se solicita a las autoridades que tomen conciencia, que uno de los sectores más golpeados por la economía ha sido el sector agrícola, más en los últimos años, y no se han logrado recuperar, por lo cual solicitan la creación de una política pública que los apoye de manera urgente e inmediata, otorgando apoyos al campo.

4. Se otorgue un trato igualitario a todos los comerciantes y se les otorguen lugares dignos en la Central de Abasto, a razón que los productores cholultecas no tienen un lugar y se ubican en la vía pública.

Nos encontramos en un momento histórico en la cual se ha manifestado por nuestros gobernantes que estamos viviendo una cuarta transformación de la vida pública en México, pero para que ello sea factible, es necesario que se gestan profundos cambios para establecer un modelo viable de desarrollo económico para el campo. Se tiene que ser sensible con la realidad que vive el campo, por lo que la manifestación no se debe criminalizar cuando es pacífica y legítima como lo fue la realizada por el frente de productores, no olviden que si hoy ostentan el poder es también gracias a las movilizaciones que los encumbraron producto, en su momento, del hartazgo social.