La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en el municipio de Huauchinango, desde su edificación en la era morenogalista, en 2016, se ha visto rodeada de controversias, concretamente por atentar contra el medio ambiente y carecer del permiso de SEMARNAT.

En la más reciente edición de la Gaceta Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales se publicó un resolutivo negativo para la operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales de la primera etapa ya existente, ubicada en la localidad de Huauchinango.

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La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) fue promovida ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales por la empresa Arquitectura y Diseño Residencial de Puebla S.A. de C.V. el 12 de abril del año 2022.

Dicho documento refiere que, durante la fase constructiva de la primera etapa, entre los años 2016 y 2017, fue clausurada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente al no contar con la autorización ambiental correspondiente.

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En su descripción, la vida útil del proyecto estipulaba una vigencia de 20 años, con una superficie total del predio de 19 mil 187 metros cuadrados. De ellos, mil 356.29 metros cuadrados están previstos para la planta de tratamiento de aguas residuales; 63.77 metros cuadrados para el cárcamo de bombeo; 279.56 metros cuadrados para la vialidad interna; 32.98 para el transformador y 56.79 metros cuadrados, refiere el documento, para una bodega provisional.

En el documento MIA se describe que la planta de tratamiento está proyectada para el tratamiento medio de 140 litros por segundo de aguas residuales, utilizando un proceso de tratamiento denominado RAFA (Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente) y que las aguas se verterán en el río Texcapa.

Sin embargo, en julio del 2017, la PROFEPA había anunciado una ratificación de clausura total temporal del Proyecto de Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Primera Etapa, debido a que no contaba con autorización de Impacto Ambiental expedida.

Lo anterior debido a que los supervisores constataron una violación directa a los sellos impuestos con anterioridad en una visita de verificación llevada a cabo en diciembre del año 2016. En ese entonces la entidad confirmó que el proyecto tenía un avance de más del 80 por ciento, que se encontraba en un área preferentemente forestal y dentro de la Poligonal del Área Natural Protegida de la microcuenca del Necaxa; tras solicitar al responsable del proyecto la autorización en materia de Impacto Ambiental que emite la SEMARNAT para llevar a cabo las obras la documentación no fue presentada durante la diligencia, por lo que se colocaron sellos de clausura a la obra.

En medio de las controversias ambientales, en mayo de 2017 el entonces gobernador José Antonio Gali Fayad encabezó la inauguración de la primera etapa del complejo, en el que se exaltaba la inversión de 162 millones 601 mil 651.37 millones de pesos para el beneficio de 56 mil 206 habitantes.

Una segunda negativa se dio en el año 2020, cuando la empresa Arquitectura y Diseño Residencial de Puebla S.A. de C.V. intentó la aprobación de la SEMARNAT al ingresar de nueva cuenta el trámite de la aprobación de la Manifestación de Impacto Ambiental el 17 de septiembre de 2019. No obstante, la SEMARNAT emitió el resolutivo negativo el 19 de agosto de 2020.