El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta envió al Congreso de Puebla una iniciativa para castigar con prisión de 3 meses a 7 años y multa por aceptar el cargo de policía sin contar con certificado único policial o registro vigente, establecidos en la Ley de Seguridad Pública del estado.

La propuesta ingresó este jueves 1 de diciembre en la sesión plenaria y fue turnada a las comisiones unidas de Procuración y Administración de Justicia y la de Asuntos Municipales para su estudio y resolución procedente.

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 @MBarbosaMX busca castigar con prisión de 3 meses a 7 años y multa por contratar a policías sin contar con certificado único policial.https://t.co/TXdEpHjKXl pic.twitter.com/XIyP4F0cTZ

— Periódico e-consulta (@e_consulta) December 2, 2022

El mandatario plantea reformar el artículo 418 y agregar las fracciones XVI Bis y XVI Ter al artículo 419 del Código Penal del estado de Puebla, relacionados con el delito de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal, para quedar de la siguiente manera:

“Artículo 418. Se impondrá prisión de tres meses a siete años y multa de una a diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de la comisión del delito, a la persona que acepte el empleo, cargo o comisión en alguna de las Instituciones Policiales sin contar con Certificado Único Policial o registro vigente, establecidos en la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla”.

Barbosa Huerta también sugiere imponer de 6 meses a 6 años de cárcel por contratar, proponer, designar o nombrar al personal policial, sin que cumplan los requisitos del certificado único policial y registro vigentes, así como por no separar del cargo a policías que no cuenten con ese certificado y registro vigente.

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La iniciativa fue presentada luego de los hechos registrados en el municipio de Tulcingo de Valle, donde todos los policías fueron separados del cargo ante su presunta participación en el asesinato del 13 de noviembre, en el que cuatro cadáveres degollados fueron hallados en Huamuxtitlán, Guerrero.

Cabe mencionar que desde el inicio de la administración del gobernador Miguel Barbosa, a la fecha suman 17 alcaldes y exediles detenidos, algunos por proteger a agentes policiales que han cometido actos delictivos.