El crecimiento económico de nuestro país preocupa de manera sustancial a políticos, empresarios y académicos, debido al especial momento histórico que marcan las Reformas implementadas por el ejecutivo. Los efectos de las estrategias, aplicadas en los primeros años del gobierno de Enrique Peña Nieto, y los ajustes que se implementen a lo largo del sexenio, determinarán, como ningún otro factor, interno o externo, el bienestar de los mexicanos del presente, pero sobre todo de los mexicanos que se insertarán en un mundo  con nuevas paradigmas.

La política económica central, responsable del desarrollo  y crecimiento del país, debe propiciar que cada uno de los gobiernos de los Estados de la República,  invierta el presupuesto económico que le asigna la federación en trabajo para las industrias locales. También, cada uno de los gobiernos estatales debe brindar apoyos e incentivos fiscales, que penetren los sectores laborales y administrativos de las mismas industrias, propiciando condiciones de trabajo que conlleven a mejores salarios para los trabajadores.

Hemos presenciado que el gobierno de la República no ha dejado de ser criticado duramente,  debido a los resultados de las políticas económicas que ha implementado el Ejecutivo, desde el inicio de su gestión y hasta ahora. Nos llama la atención porque estos señalamientos se hacen patentes, poco tiempo después de que, en el pleno de las cámaras, fueron aprobadas las Reformas que según la política de desarrollo de Enrique Peña Nieto, se requieren para el crecimiento económico de nuestro país.

Las críticas se han intensificado, ya que el crecimiento del producto interno bruto proyectado, tanto en los años anteriores como en el presente, va en retroceso.  Si consideramos que el año pasado se pronosticó un crecimiento del 4%, y apenas logramos el 1.1%; y este año se pronosticó inicialmente el 3.9 %,  y ahora nos dicen que será del 2.7%. Aunque según los expertos, para que al menos se logre este desarrollo, la economía mexicana debe crecer en los tres trimestres del año que restan, un constante 3%; porcentaje que, desde la práctica empresarial, consideramos por demás complicado.

Esta perspectiva se visualiza poco alentadora; sin embargo, algunos analistas proponen dos medidas esenciales  para alcanzar el incipiente porcentaje de crecimiento proyectado y activar la economía: aprobar las leyes secundarias, e  incrementar el empleo. En efecto, será elemental instrumentar de forma eficaz las leyes secundarias de las reformas estructurales, y aplicar importantes inversiones en sectores estratégicos.

Por otro lado, Puebla es un ejemplo de lo que no puede seguir sucediendo si queremos generar fuentes de empleo y crecimiento económico: tenemos que pensar en que solo lograremos los resultados esperados sí y solo sí, la derrama económica se queda y se recicla dentro de nuestro Estado.

En Puebla, las firmas foráneas ejecutan las obras de infraestructura más representativas, es decir, las obras con mayor inversión de recursos económicos en el Estado. Fomentando con ello la volatilidad del dinero hacia otros mercados que no son su destino desde su concepción, y que de ninguna manera favorecen a los poblanos, y en específico a nuestra industria, para conseguir el anhelado e insipiente crecimiento que se proyecta. Más aun, el CONEVAL, de acuerdo con el último reporte del Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP), nos dice que en Puebla la pobreza, vinculada a los salarios, aumentó 7.8 por ciento durante el primer trimestre de 2014, en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Frente a este panorama, uno de los caminos más viables  y palpables que puede detonar el crecimiento del país, es la industria de la construcción.  Para obtener los resultados esperados en creación de empleo en este sector, necesitamos que los recursos destinados a infraestructura sean  asignados y distribuidos equitativamente entre los Estados de la República,  entidades que a su vez deben “detonar” las obras y así generar empleo. Este procedimiento exige que la asignación de obras se efectúe de manera responsable y justa entre las industrias y las empresas, es decir, entre los motores generadores de empleo, economía y gasto en los Estados.

En este sentido, el gobierno federal anunció el Programa Nacional de Infraestructura (PNI) 2014-2018, con una inversión histórica por la cantidad de 7.7 millones de millones de pesos; es decir, como si cada mexicano aportara 70 mil pesos para la realización de obras. Así, el PNI contempla la erogación de 7.7 billones de pesos, de los cuales se tienen contemplados para el Estado de Puebla un monto de 15 mil 857.4 millones de pesos, y ocho obras compartidas con otras entidades por 427 mil 839 millones; sumando en conjunto, ambos rubros, 443 mil 706 millones de pesos; que sumados a los 9,694 millones de pesos destinados para inversión física en el  Estado para este año, y los que se autoricen en los años subsecuentes, representan una cantidad de recursos económicos que históricamente nunca fueron asignados para los temas de infraestructura.

Lo importante es que la inversión en infraestructura sea realmente productiva y logre los objetivos de generación de empleos y activación de la economía. Dicha inversión no debe representar un despilfarro, sino que debe cumplir objetivos como una más equitativa distribución de la riqueza, el fortalecimiento de las clases medias, y la promoción de la industrias y empresas nacionales, de tal modo que evolucionemos a modelos económicos menos dependientes de otros países o de nuestros recursos naturales.    

Finalmente, no debemos perder de vista que para realizar los objetivos de crecimiento, cada uno de los gobiernos de los Estados de la República  debe invertir el presupuesto de infraestructura que le asigna la federación, en trabajo para las industrias locales. Por ejemplo, que el presupuesto del PNI asignado para Puebla, se quede en Puebla.