“Cuando la SEP tenga un portal de transparencia y datos abiertos de la misma calidad de la que hoy tiene la Secretaría de Hacienda, el IMCO tendría menos motivos para hacer el trabajo de sistematizar y transparentar información que por ley le corresponde difundir a la autoridad educativa”.

Juan E. Pardinas.

El día del maestro estuvo marcado este año por la presentación del polémico estudio del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) en el que se analizaron las nóminas docentes de todo el país a partir del cruce de datos del portal de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el censo escolar realizado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).

Los datos que presentó el IMCO resultaron alarmantes puesto que mostraban irregularidades escandalosas como la que llamaron la “Nómina de los lupitos” en el Estado de Hidalgo que mostraban a un total de 1,441 profesores en ese estado cuya edad se infería como mayor a los 100 años dado que en la columna de RFC que consignaba el portal de la SEP aparecían las cifras 12/12/12 que serían el día, mes y año de nacimiento o el caso del profesor A. Ramírez Z. del estado de Oaxaca, profesor investigador titular de enseñanza superior que aparecía con un sueldo 603,069 pesos al mes.

Estos dos casos fueron los que acapararon la atención junto con el de los 70 profesores que presuntamente ganan más de 193,458 pesos al mes, que es el sueldo oficial del presidente de la República.

La reacción del presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, del Gobernador del Estado de Hidalgo y de la misma SEP federal no se hizo esperar. De inmediato se procedió a aclarar que no había profesores nacidos el 12 de diciembre de 1912 cobrando sueldo sino que se trataba de una clave para designar a los depósitos que por orden judicial se realizan a ex esposas de docentes que demandaron el descuento de la pensión alimenticia por causa de divorcio.

En cuanto al profesor de Oaxaca se hizo la precisión de que se trataba de un pago único debido a que por problemas administrativos se le adeudaban algo así como dos años de salario y que si el IMCO hubiera hecho un estudio longitudinal revisando al menos tres meses, hubiera detectado esta situación en vez de concluir que el profesor ganaba ese estratosférico sueldo.

Es indudable que el estudio del IMCO fue presentado con prisa –tal vez por la oportunidad mediática que brindaba el día del maestro- y que faltó rigor para verificar la información o analizar con parámetros más confiables los datos obtenidos del portal de la SEP.

Esto lo ha reconocido el propio director general del instituto, el Dr. Juan Pardinas en el artículo citado en el epígrafe de este artículo en el que afirma que “Durante más de 80 años las nóminas educativas fueron secreto de Estado. Nadie espera que las cosas salgan bien a la primera, en un esfuerzo que involucra los sistemas de contabilidad de 32 gobiernos estatales y cientos de escalafones diferenciados en la carrera magisterial”.

Sin embargo el estudio ha puesto en evidencia la enorme opacidad y desorden de la información sobre los pagos que realiza la SEP a los docentes de todo el país y la inequidad existente en el ingreso de los profesores de distintas regiones y muy probablemente de diferente nivel de cercanía con la dirigencia sindical que es la que hasta la fecha sigue asignando las plazas e influyendo de manera definitiva en las evaluaciones de carrera magisterial.

De la diferencia por regiones da cuenta el dato del estudio del IMCO que muestra que un maestro en el Estado de México gana en promedio 29,212 pesos mensuales mientras que uno en Tlaxcala sólo alcanza 9,423 pesos. De la inequidad en el ingreso da cuenta el promedio de sueldo que arroja el estudio: 25,153 pesos al mes, un promedio que sin duda es elevado debido al sesgo que le imprimen los salarios altísimos de profesores que tienen 2, 3 o hasta 4 plazas simultáneas como muestra el censo escolar realizado por el INEGI.

Según el estudio del IMCO –y estos datos no fueron desmentidos claramente por las autoridades ni por la dirigencia sindical- 91,129 maestros tienen un salario superior a los 44,335 pesos al mes, 7,183 reciben sueldos superiores a los 100 mil pesos mensuales.

En cuanto a la opacidad, Pardinas explica las enormes dificultades para hacer el estudio debido a lo oculta e inadecuada publicación de la información que debería ser totalmente accesible al público por parte de la SEP: “los datos estaban en un formato propietario de la empresa Adobe llamado PDF. Esta aplicación de software genera documentos para que los lean los seres humanos, pero dificulta que las computadoras puedan hacer un análisis sofisticado de las cifras. Sin embargo, los números estaban ahí en el portal de la SEP, a la espera de que la sociedad los consultara. Eso no ocurría, porque los documentos estaban enterrados a varios clicks de distancia y, una vez que los encontrabas, había que leer cientos de páginas con decenas de miles de registros”.

Contrario a lo que piensan quienes ven en este tipo de estudios una especie de complot o campaña para denostar al magisterio, estoy convencido de que todos los esfuerzos de las organizaciones civiles para obligar a las autoridades a transparentar y rendir cuentas sobre la manera en que se ejerce el gasto público en todos los rubros, incluyendo la educación, resultan indispensables si queremos construir una sociedad democrática.

En este caso concreto concuerdo con Pardinas en que los profesores que realmente trabajan por la formación de sus alumnos merecen tener información clara y precisa sobre el modo en que se (mal) gasta el presupuesto educativo en nuestro país. Porque “ojos que no ven…” corrupción que no acaba.