Este jueves se cumplió un mes que la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) fue tomada por la fuerza pública del gobierno estatal para darle posesión y control de la institución a un “nuevo patronato” presidido por Horacio Magaña Martínez.

En este proceso, un recurso de revisión de amparo, permitió que el patronato que preside Margarita Jenkins de Landa recuperara el control económico de la institución.

Hoy el campus de San Andrés Cholula está en poder del nuevo patronato y las cuentas bancarias en poder de los Jenkins, quienes han liberado los recursos como el pago de la nómina de los trabajadores.

A un mes de la intervención, la Fundación Mary Street Jenkins reiteró su exhorto al gobierno del estado de Puebla para que se respete el Estado de Derecho y “el campus de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), su administración y cuentas bancarias sean devueltas al único patronato legalmente constituido de esta institución privada que preside Margarita Jenkins de Landa”.

En un comunicado, la fundación recuerda que, el pasado 16 de julio, obtuvo una suspensión de amparo otorgada por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil con sede en Puebla, para que el campus de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), su administración y cuentas bancarias sean devueltas al único Patronato legalmente constituido de esta institución privada que preside Margarita Jenkins de Landa.

“El 29 de junio, fuerzas policiales del Estado de Puebla fuertemente armadas tomaron el campus de la UDLAP, que es patrimonio privado. Esta situación sienta un precedente riesgoso para todas las instituciones privadas, que podrían ser intervenidas como ocurre en ese centro de estudios, con violencia e ignorando suspensiones vigentes. Realizando en los hechos un atropello que intentan ‘normalizar’ con el nombramiento ilegal de un ‘rector espurio’, desconociendo con dolo las resoluciones que protegen a la Fundación de la Universidad de las Américas Puebla y a los miembros de su Patronato”, señala el comunicado.

La Fundación destaca que tiene “disposición al diálogo”; sin embargo, la condición básica para concretar es el respeto a la legalidad y al Estado de Derecho.

La verdad legal y la razón asisten a la Fundación Mary Street Jenkins, ya que los criterios otorgados desde el Poder Judicial de la Federación han sido favorables para esta institución privada, que recalca el llamado a restablecer el Estado de Derecho en la UDLAP y el estado de Puebla, concluye el comunicado.

Nuevo rector busca mejorar la imagen

En tanto, esta semana Armando Ríos Piter ha encabezado una campaña en medios de comunicación en el que defiende su cargo como rector y envía un mensaje a la comunidad universitaria para que el conflicto legal no afecte a la actividad escolar.

“Que los padres de familia, alumnos y maestros sepan que la universidad sigue funcionando, las becas continuarán, la versión de la universidad no se modifica y se mantienen los reconocimientos internacionales”, declaró a e-consulta.

Ríos Piter sostuvo que la operación y las obligaciones financieras de la institución no se ven afectadas por el conflicto jurídico, pese a que las instalaciones están a cargo del denominado nuevo patronato y las cuentas financieras están bajo el control de la familia Jenkins.