Durante la 63 Legislatura (que está por terminar), las cámaras de Diputados y Senadores gastaron 4 mil 693 millones 590 mil pesos en el sueldo de 2 mil 259 asesores políticos, técnicos y administrativos.

Llama la atención el dineral desembolsado por el Poder Legislativo y por las diversas fracciones parlamentarias, ya que supera lo invertido por el Ejecutivo Federal en la operación del Seguro Popular, que da protección a todas las familias que carecen de IMSS, Issste y atención médica privada.

Asombra porque, con toda seguridad, los ciudadanos se estarán preguntando si esos miles de millones de pesos repercutieron en el progreso y desarrollo de la sociedad; si lograron dar beneficio a los más de 50 millones de mexicanos que viven en la pobreza, en la miseria.

En esta ocasión no cuestionaremos la eficacia y utilidad de los recursos públicos invertidos en este rubro que alimentó a miles de asesores que ¡vaya usted a saber si estuvieron curricular y académicamente preparados para orientar a nuestros legisladores!

Y lo pongo en duda porque mucho se dice que la mayoría de esos “asesores” no son más que arribistas, ahijados, protegidos y recomendados de los políticos que se sirven con la cuchara grande del erario, recursos que salen del bolsillo de los mexicanos.

Ante la propuesta de la entrante administración federal de reducir al máximo el oneroso gasto de los Poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y de terminar de tajo con esos abusos y gastos excesivos, sería oportuna la intervención de las universidades públicas y privadas, de sus rectores, académicos e investigadores.

Catedráticos como Edgar Ortiz Arellano, de la UNAM, y José Fernández Santillán, del Tec de Monterrey, están planteando la urgente intervención de las Casas de Estudio para guiar el trabajo legislativo, ante la inexperiencia y bajo nivel académico de los diputados y senadores entrantes.

Sería saludable para México que los tres Poderes cuenten con el pensamiento, la lucidez y los conocimientos técnicos y científicos de los cientos de investigadores y catedráticos de las universidades mexicanas, en espera de una oportunidad para aportar sus habilidades a la vida pública.

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) y la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (Fimpes) deben acercarse y firmar amplios convenios con las autoridades entrantes para exponer el catálogo de gente experimentada que tienen.

Mucho se quejan estas casas de estudio, sobre todo las públicas, de la falta de recursos para dar cabida a los millones de jóvenes que se quedan sin oportunidad de cursar una carrera universitaria.

Y mucho se quejan los catedráticos de estar mal pagados y de que sus rectores no logran un vínculo acertado con el sector público para poner en práctica –y al servicio del país- todo su saber.

Pues ahí está la oportunidad de oro para ellos, incluyendo a sus miles de egresados que, desafortunadamente, no encuentran espacios de empleo; es el momento adecuado y oportuno para tener mayor acercamiento con las cámaras legislativas y con el Ejecutivo Federal.

Es hora de que desbanquen a esos vividores del sistema que se presentan como “expertos cabilderos” y lo único que generan son diagnósticos muy  alejados de la realidad nacional.

Por su parte, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial deben poner freno y candados a las contrataciones –muchas de ellas sin licitar- de empresas fantasmas que sólo benefician a los compadres, a la familia (encubierta) y a los voraces asesores sin ética y moral que lucran con la pobreza de la gente y con la ignorancia de los políticos.

Politólogos, medio ambientalistas, abogados, comunicadores, gestores culturales, médicos, entre otros profesionales emanados o trabajando en las universidades nacionales, pueden enriquecer la vida pública de México ¿Qué tanto esperan? El tren de las oportunidades pasa cada seis años en este país. No es hora de dormir en sus laureles.

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