Con magistrados que durarán 15 años en su cargo, es como se integrará el Tribunal de Justicia Administrativa, el cual es parte del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) y servirá para resolver los juicios entre la administración pública estatal y municipal con particulares.

La propuesta que envió este miércoles el gobernador Antonio Gali Fayad se analizará y aprobará de manera exprés por los diputados de la LIX Legislatura.

Jorge Aguilar Chedraui, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, reconoció que la iniciativa de Ley del Tribunal de Justicia Administrativa se aprobará el 18 de julio, es decir, un día antes de que a nivel nacional entre en vigor el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y las regulaciones de las 32 entidades federativas.

Incluso, el líder de la LIX Legislatura precisó que ese mismo día se publicara en el Periódico Oficial del Estado.

Al entrar en la etapa de análisis en comisiones –acotó Aguilar Chedraui- la iniciativa podría tener modificaciones, las cuales deberán de contar con el aval de todas las bancadas y representaciones de los partidos.

De la integración del Tribunal de Justicia Administrativa, el panista comentó que una vez que se publique en el Periódico Oficial del Estado, el Congreso esperará la propuesta que hará Gali Fayad sobre los tres magistrados que integrarán al nuevo órgano legal.

De manera improrrogable, magistrados tendrán cargo por 15 años

Los tres magistrados que el mandatario estatal someterá a la aprobación del Congreso, durarán en su cargo 15 años improrrogables, lo que implicará que quienes sean electos permanecerán en el Tribunal de Justicia Administrativa hasta 2032.

En la propuesta de ley, la cual se conforma por 53 artículos y siete transitorios, se precisa que los magistrados tienen la posibilidad de contar con un “haber de retiro”, pago que se hará en una sola exhibición.

De las causales que se consideran para destituir a los magistrados se establece que los magistrados dejarán su cargo si incurren en violaciones graves a los derechos humanos, faltas administrativas graves, haber sido condenado por delito doloso que amerite prisión por un año.

Además de utilizar la información que manejen en “beneficio propio o de terceros” y abstenerse de resolver sin causa justificada y de manera reiterada los asuntos  de su competencia.

De las obligaciones que tendrán los jueces, la ley precisa que cada cinco años remitirán al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción “un diagnóstico cualitativo y cuantitativo” sobre el trabajo del tribunal.

Respecto a las facultades que tendrá la nueva figura legal, el proyecto que envió Gali Fayad expone que los magistrados conocerán “los juicios que promuevan las autoridades para que sean anuladas las resoluciones administrativas favorables a un particular”.

Las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y de actos de particulares vinculados con faltas graves promovidas por los órganos internos de control para la imposición de sanciones.

El Tribunal de Justicia Administrativa también se encargará de fincar a los responsables el monto del pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios ocasionados a la hacienda pública estatal o municipal o al patrimonio de los entes públicos.