Vamos en camino a la opacidad, pues en lo oscurito se manejará el patrimonio de los servidores públicos federales, sin que ningún ciudadano tenga el derecho de solicitar información sobre el tema.

Los ministros Margarita Luna Ramos, Jorge Pardo, Alberto Gelacio Pérez Dayán, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Fernando Franco y Luis María Aguilar señalaron que no hay prevalencia del derecho al acceso a la información pública sobre el derecho a la protección de datos personales, aun en el caso de servidores públicos. Y que en todo caso, los legisladores deben definir bajo qué conceptos las declaraciones patrimoniales de todos los funcionarios federales deben ser públicas.

En cambio, el ministro presidente, Juan N. Silva Meza, junto con Juan Ramón Cossío y Sergio Valls, se pronunció por la inconstitucionalidad de la norma, pues sostuvo que todos los servidores públicos son figuras públicas y, por tanto, el umbral de protección que gozan respecto de su privacidad debe ceder frente a un interés público.

Sin embargo, no creo que todo esté perdido. Veamos por qué.

Señala Sergio López Ayllón en su artículo ”La opacidad de la transparencia” que transparencia no es igual a rendición de cuentas. Pues poner algo de información a disposición del público no constituye un acto de rendición de cuentas. Por lo tanto, no debe confundirse que la "transparencia" conduce necesaria e inexorablemente a la rendición de cuentas.

Así, sin que sea un juego de palabras, podemos entonces solicitar a los servidores públicos que viven del presupuesto rendición de cuentas respecto de su patrimonio, pues dicha información constituye una obligación de las autoridades a cumplir en los regímenes democráticos. Supone una relación entre dos actores, en los que el primero debe informar, explicar y justificar su conducta ante el ciudadano, y éste debe deliberar, evaluar y, en su caso, sancionar la conducta del primero.

De ahí que, si la negativa al criterio de que la protección de los datos privados debe ceder preponderantemente frente al interés público, pues es un acto de transparencia para que la sociedad conozca el desempeño de sus servidores públicos, entonces lo más viable es exigir precisamente la rendición de cuentas para que las autoridades restituyan a la  sociedad su confianza en ellos, ya que esta constituye su principal fuente de legitimación.