Sin mayor trascendencia mediática –aunque si la debería tener-, el pasado 20 de mayo el gobierno federal publicó en el diario oficial de la federación, el decreto que aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 que regirá las políticas gubernamentales del actual gobierno federal.

En general, el PND mantiene una estructura expositiva considerando 5 ejes: Un México en Paz, (gobernabilidad y seguridad); un México Incluyente (Derechos Humanos, Salud, Seguridad Social y equidad); un México con Educación de Calidad para Todos (vinculación educación, ciencia y tecnología con planta productiva); un México Próspero (certidumbre económica y un entorno que detone el crecimiento de la productividad del país y un México con responsabilidad global (defensa y promoción de los intereses del país en el exterior).

Además el PND incluye tres estrategias transversales (se encuentran presentes en los 5 ejes temáticos): Democratizar la Productividad; Gobierno Cercano y Moderno; y, Perspectiva de Género.

Más allá de las peculiaridades, conviene reflexionar lo que ha sido y lo que representa para la vida del país el diseño de dicho documento.

Nuestra máxima ley obliga al titular del ejecutivo federal a presentar en el primer año de gobierno un documento que oriente el desarrollo nacional.

Dice el artículo 26 constitucional: “el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación”. Aunque los antecedentes de planeación se remontan a los inicios del gobierno de Lázaro Cárdenas, a través del “Plan sexenal”, es Miguel de la Madrid Hurtado quien impulsó la noción de sistema de planeación democrática en nuestra Carta Magna. La intención fue abrir cauces institucionales a la diversidad de voces del espectro político, social y económico del país. Y, en un espíritu federal, incluir y/o precisar los requerimientos de las regiones, que hasta esos momentos, constituían entes secundarios para el poder central.

La reforma de planeación democrática fue acompañado del diseño participativo del gasto público, a primera vista consistente para dar el salto modernizador de una vez por todas.

En realidad la planeación y el ejercicio presupuestal fueron componentes del largo proceso democratizador; conforme avanzaron las alternancias locales, el ejercicio gubernamental adquirió cierto orden que a final de cuentas se convirtió en potenciador del desarrollo local. Los actores económicos locales encontraron mayores posibilidades en este esquema, lo mismo las elites regionales quienes incrementaron su competitividad y circulación  gracias a elementos horizontales de la administración pública municipal (su funcionamiento a través de cabildos y la relativa autonomía presupuestal).

A pesar de sus efectos democratizadores locales, en el lance de 30 años, la planeación actual no ha superado viejos estereotipos respecto al ejercicio gubernamental autoritario.

En principio cada seis años –a través de dicho documento- se sigue reinventando el país. La clase política mexicana es recelosa consigo misma, no admite el reconocimiento de avances o lo hace de dientes para afuera, incrementando a la ciudadanía los costos de aprendizaje derivados de su novatez y de la imposibilidad de aceptar la experiencia acumulada de quienes se retiran. No es gratuito que impere la política del botín como criterio de entrega recepción administrativa,      limitando las posibilidades de profesionalización. El que gana se queda con todo aunque se rompan en muchos casos continuidades exitosas  de gestión y administración.

El resultado es la re invención recurrente del país y de sus regiones. Retratan otro país o localidad distintos al que gobernaron sus antecesores. Marcan la raya con respecto a las administraciones previas. Sucede en todas las dimensiones del sistema político mexicano. El PND no podría ser la excepción. Ello explica las omisiones sobre el derecho a la información, la transparencia y la rendición de cuentas. Son, lamentablemente, acompañantes discursivos. Aunque aparecen en el documento, no tiene su derivación operativa. 

Sucede lo mismo con los mecanismos de seguimiento y reconversión o ajustes, incluso de los cinco ejes. Son inexistentes criterios serios de seguimiento y evaluación de las políticas.

En el país, no existe un mecanismo de sanción por los malos resultados de gobierno. No basta el castigo del elector. Las malas administraciones y la consecuente corrupción son de costos extraordinarios para la sociedad. Tendría que señalarse como prioridad dentro del citado Plan, la profundización del derecho a la información, la transparencia, rendición de cuentas y la definición de criterios más rígidos para sancionar conductas de los gobernantes malsanos para el bien público.

Hay una certeza: el debate sobre los modos, estilos y maneras de fundamentar la planeación gubernamental federal apenas inician. Aunque el PND ya se presentó, dejará el cómodo nicho simbólico para pasar a ser un referente permanente de discusión pública.

La unilateralidad en su operación,  la discriminación interesada y/o el olvido de sus aspectos significativos –que los tiene-, así como la flexibilidad, omisión o auto complacencia  en la evaluación de las metas conseguidas, serán un referente que traerá sus respectivos costos políticos.

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