La consulta popular bien manejada, sin politiquería y con objetivos de auténtico interés nacional, claros y precisos, está destinada a ser un excelente ejercicio de participación ciudadana encaminado a democratizar y avalar las decisiones gubernamentales más complejas.

Sin embargo, la consulta efectuada el domingo 1 de agosto, de antemano estaba destinada a tener un mal debut debido a que se le atribuyó una finalidad errónea.

Inicialmente el presidente de la República, obligado como está a saber por el importante cargo público que ocupa, que la aplicación de la ley no está ni debe estar sujeta a ninguna decisión popular por democrática que sea; la promovió con el propósito que los electores decidieran, mediante su voto personal, si se procesaba o no a los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña por presuntos delitos que nadie sabe todavía en qué consisten, ni si existen pruebas documentales que demuestren que ciertamente fueron cometidos por ellos.

El texto de la pregunta propuesta por López Obrador fue modificado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por principio de cuentas, la Corte suprimió los nombres de los cinco expresidentes inculpados por el actual mandatario. Después sustituyó el texto original por un enredado galimatías que ni los propios ministros de la Corte de Justicia entendieron.

El resultado, lógico y natural de la primera consulta legal que promueve el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, fue una tragedia electoral porque de un listado nominal compuesto por 93 millones 671 mil 697 personas con derecho a voto, solamente acudieron a emitir su voto 6 millones 663 mil 208 electores. O sea que para ochenta y siete millones, ocho mil, cuatrocientos ochenta y nueve electores que se abstuvieron de votar el novedoso ejercicio de participación ciudadana no fue de su interés en términos políticos.

Por su parte, 97.72 por ciento de quienes votaron manifestaron, en forma automática su conformidad para que de acuerdo a los términos expresados en el galimatías de la SCJN “se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal (sic) para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas”.

El 1.54 por ciento de quienes emitieron su voto, pero no se dejaron engañar, y dijeron ¡No! al galimatías que le presentaron como pregunta. El 0.73 por ciento restante anuló su voto.

En cifras cerradas, de cada mil potenciales votantes únicamente votaron setenta.  Como autor, promotor, impulsor, propagandista y primer interesado en realizar esta consulta, Andrés Manuel López Obrador, terminó siendo el gran perdedor. Porque de los 30 millones 113 mil 483 personas que le dieron su voto en 2018 para que obtuviera la presidencia de la República, tres años después, a duras penas consiguió que 6 millones 663 mil 208 simpatizantes suyos respaldaran con su voto la consulta popular, perdiendo, así 23 millones 450 mil 275 votos.

Mal acostumbrado como está López Obrador desde hace veintisiete años a no reconocer ninguna de sus derrotas políticas y a anunciarlas como supuestos triunfos, esta vez para que esa añeja tradición no caiga en desuso, el presidente de la República, pocas horas después de concluido ese ejercicio de participación ciudadana, declaró a los medios informativos que la desdeñada consulta popular fue un “éxito”.

Sin embargo, como desde hace veintisiete años -cuando perdió la gubernatura de Tabasco ante el priista Roberto Madrazo-, López Obrador no ha reconocido ninguna de sus derrotas. Por regla general, argumenta que son triunfos que le han arrebatado sus adversarios.

Al día siguiente, en su matutina homilía mediática, fue más explícito al afirmar que el referido evento “Es un triunfo el que 6 millones 474 mil 708 ciudadanos, hombres y mujeres, hayan participado, independientemente de lo que decidieron votar.”

Veinticuatro horas después, López reanudó su vieja campaña de ataques, denuestos y descalificaciones contra el INE al declarar que “la autoridad electoral (…) no ha estado a la altura de las circunstancias, porque estamos en un momento estelar de la historia de México, es un proceso de transformación, entonces ellos en vez de ponerse a la vanguardia (de) este proceso de transformación (apoyando la consulta), se quedaron en la retaguardia, representando, al antiguo régimen, manteniendo (y) conservando las mismas prácticas, los mismos vicios, cuando debieron agarrar la bandera de la (cuarta) transformación, del cambio”.

Más allá de las clásicas expresiones de AMLO, lo cierto es que una consulta popular, bien diseñada, con objetivos de interés nacional bien planteados y sin manoseos politiqueros o circenses puede ser un excelente ejercicio de democracia ciudadana participativa. No como la farsa del domingo 1 de agosto, que se llevó a cabo con el fallido y erróneo propósito que los electores suplantaran las funciones de las autoridades penales y decidieran, indebidamente, si se aplica o no la ley a cinco expresidentes que presuntamente cometieron delitos que hasta hoy nadie sabe en qué consisten.

Lo que habrá que esclarecer es si los 87 millones de electores que se negaron a participar en la farsa de la semana anterior es manifestación natural de la inconformidad que existe en amplios y diversos sectores sociales por las malas decisiones del presidente López que están afectando directamente a la población.

Como es el caso del pésimo manejo de la pandemia del Covid-19, de las deficiencias y limitaciones del programa de vacunación anticovid, la creciente escasez de medicinas y equipo médico en todos los hospitales y clínicas del sector salud (IMSS; ISSSTE; institutos de salud. Insabi, Pemex, etc.), el incontrolable crecimiento y desbordamiento de delitos  que anulan la seguridad y paz públicas, el incontrolable, también, encarecimiento de alimentos de primera necesidad y el posible cumplimiento de la amenaza del presidente López Obrador del próximo retorno a las clases presenciales de todos los niños y jóvenes, aún sin estar vacunados, así “llueva, truene y relampaguee”.