Hace poco más de un mes, el 8 de septiembre, los gobernadores de la Alianza Federalista decidieron dejar la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). El argumento que esgrimieron es que no había caso pertenecer a ella en vista de la actitud del Ejecutivo frente a los gobernadores, y la negativa a escucharlos para revisar el Pacto Fiscal (Ojo, no se hablaba del Pacto Federal, que es otra cosa y está consagrado en la Constitución).

Hace unos días, los 10 gobernadores, cada uno en su estado, hizo público su desacuerdo con el trato que estaban recibiendo de la Federación en térmonos políticos y en términos fiscales, en medio de la discusión del presupuesto de egresos de 2021, y amagaron nuevamente con abandonar el Pacto Fiscal.

La respuesta del presidente López Obrador en la mañanera del martes fue que, “tal como él lo hacía”, deberían consultar a sus poblaciones sobre si deseaban o no abandonar el Pacto Federal, y que no se podría, pues se tendría que cambiar la Constitución. Varios gobernadores le tomaron la palabra y declararon que harían consultas con la población, unas a mano alzada y otras mediante vías jurídicas. El diálogo está cerrado y la decisión está tomada: gobernadores de la Alianza Federalista, háganle como quieran.

El federalismo implica descentralizar el poder, y el instrumento principal es la política hacendaria. La capacidad para desarrollar, articular e implementar políticas públicas depende directamente del presupuesto con el que cuenta la Federación y evidentemente cada entidad. En México, el sistema de coordinación fiscal ha centralizado la política fiscal, dejando a la Federación la tarea de recaudar la mayoría de los ingresos. En promedio, entre 1998 y 2019, el SAT recaudó el 92% de todos los ingresos tributarios (federales y estatales), mientras que los estados y municipios juntos, solo el 8%. En contraste, el gasto es cada vez más federalizado. El 54% de éste lo ejerce el gobierno central, el 38% las entidades federativas y el 8% los municipios.

Uno de los detonadores más claros que tiene el conflicto entre el presidente y los Gobernadores de la Alianza Federalista es la manera en que se están repartiendo los recursos. El sistema de coordinación fiscal tiene tanto un carácter proporcional como uno compensatorio, aunque en la realidad, la proporcionalidad en el sistema mexicano es cada vez menor, y ha provocado que los titulares de los gobiernos estatales levanten la voz de manera enérgica para reclamar un trato más equitativo.

En el periodo de 2008 a 2017, los diez estados que más impuestos proporcionaron a la federación aportaron el 86.5% del total. Por el contrario, esos mismos diez estados recibieron, en conjunto, el 53.9% del total de participaciones y el 42.5% de las aportaciones. Por el otro lado, los diez estados que menos aportaron a la federación, transfirieron únicamente el 2.8% del total de impuestos, pero recibieron el 17.4% del total de las participaciones y el 26.9% de las aportaciones. Solo el ISR (federal) recaudado en el periodo citado representó el 54.4% de todo el ingreso tributario del país, mientras que el IVA (impuesto estatal) representó el 32.5% de los ingresos tributarios nacionales.

La demanda para revisar el Pacto Fiscal viene de lejos y se requiere de la mejor política para acordarlo. La cerrazón del presidente para siquiera discutirlo, a pesar de que el gobierno federal lo ofreció en la reunión de la Conago el 19 de agosto pasado, ha acelerado la exigencia del bloque de 10 gobernadores. Los tiempos actuales son difíciles y racionalmente habría que esperar a las elecciones de 2021 para revisar el Pacto. Y seguramente así será. Por lo pronto, ayer se unieron los gobernadores del PAN a la misma exigencia, aún sin pertenecer a la Alianza Federalista.

Pero los hechos de los últimos días parecen asegurar que será un tema en las próximas elecciones en las entidades federativas. De hecho, pareciera una estrategia genial por parte de los gobernadores de oposición para entrar de lleno en las elecciones del 2021.  Si se le pregunta a los ciudadanos comunes y corrientes en los estados de la Alianza, como apenas lo hizo el gobernador de Nuevo León en tuiter: “¿Cómo ven? ¿Hacemos una consulta pública para decidir si seguimos siendo los que más le damos a la Federación, a pesar de que nos devuelven solo 28 centavos por cada peso que mandamos, o que Nuevo León se quede con lo que contribuye?", la respuesta va a ser obvia. Si eso se convierte en un tema electoral, como fácilmente puede suceder, aunado a un rechazo histórico al centralismo de la mayoría de los estados, las preferencias electorales pueden ser influidas.

Independientemente de ello, la Alianza Federalista pinta como una alternativa bien fundamentada, sólida y creíble de actores políticos con fines y propósitos muy concretos, y que están dando la batalla para defender los intereses de millones de mexicanos a los que representan.

Enrique Cárdenas Sánchez

Universidad Iberoamericana de Puebla

Signos Vitales

Puebla contra la Corrupción y la Impunidad

enrique.cardenas@iberopuebla.mx

@ECardenasPuebla