Juan Luis Hernández*

“El que no transa no avanza” se volvió una consigna intergeneracional en México para actuar en la vida pública. La corrupción, al ser una construcción social, se fue solidificando tanto en las élites políticas y económicas como en la base social. Los informes de la Auditoría Superior de la Federación de los últimos años dan cuenta de la creatividad, diversidad, heterogeneidad y complejidad de la corrupción en México, lo mismo para desviar miles de millones de pesos que uno o dos millones, lo mismo cadenas de corrupción gubernamentales que empresas que se hicieron expertas en facturas falsas. “No te pido que me des sino que me pongas donde hay” fue otra consigna que explica por qué ciertas áreas del estado terminaron siendo minas para partidos, camarillas o negocios familiares.

El priato naturalizó la corrupción como eje central del régimen político y lo sostuvo la docena presidencial panista. No habrá cambio de régimen si se mantiene a la corrupción como mecanismo distribuidor de recursos públicos para financiar campañas, comprar medios de comunicación o seguir haciendo negocios al amparo del poder público. Eso es, entre otras cosas, lo que está en juego en el gobierno de López Obrador, si quedará sólo como un gobierno que “robó menos” como decían nuestros abuelos, pero sin cambio de régimen, o como el gobierno que enfrentó la mega corrupción del sexenio anterior con maxi procesos que podrían cambiar las formas en que se hace política con dinero público, es decir, un verdadero cambio de régimen político.

Nuestra experiencia y pesimismo estructural nos diría que está tan enraizada la corrupción, que los casos que tiene el actual gobierno (Lozoya, Robles, Zerón) que podría llevar a los caminos de Videgaray y Peña Nieto, sólo pueden ser, en el mejor de los casos, escándalos mediáticos que podrían terminar en uno o dos peces gordos en la cárcel para beneficio electoral.

No obstante, esos casos pertenecen a una naturaleza jurídico política que configuran al mismo tiempo una oportunidad histórica. Esta oportunidad es la de crear maxi procesos anticorrupción como nunca lo hemos visto en México. Vergonzosamente, otros países de Latinoamérica, aparentemente menos desarrollados institucionalmente que el nuestro, han procedido contra presidentes en funciones por corrupción (Guatemala) o han llevado a la cárcel a todos sus ex presidentes (Perú) o tienen procesos judiciales contra ex presidentes (Ecuador). En nuestra región ya hay experiencia de maxi procesos anti corrupción que han significado una prueba monumental para saber de qué está hecho el estado y sus instituciones.

En México es tal la naturalización de la corrupción y la transversalidad de la misma en todos los partidos políticos y sus gobiernos, que parece difícil que existan las condiciones para sostener maxi procesos anti corrupción que implicaría, más que un ajuste de cuentas con el pasado y llevar a la pila de los sacrificios un ejemplar para disciplinar, una sólida coordinación entre el gobierno federal, el poder judicial, el congreso y la Fiscalía General de la República.

Edgardo Buscaglia, experto en políticas públicas anti mafia, ha sugerido tres iniciativas legales que prepararían al estado mexicano para sostener maxi procesos anticorrupción ante el caso Lozoya y todo lo que se puede desprender de él. Sus sugerencias son: juicios multitudinarios que rompan los pactos de silencio; decomisos de bienes patrimoniales que dejen a los participantes en las cadenas de corrupción en cero; y un sistema institucional de reparación del daño con una reasignación social de bienes decomisados a través del poder judicial.

El código penal federal podría sostener un maxi proceso, lo que se requiere es una arquitectura e ingeniería procesal que ponga a las instituciones procuradoras de justicia en su máximo nivel profesional para conducir ejemplarmente un caso contra un ex presidente. No bastan los peces de abajo, la prueba esencial sería llevar a los tribunales a Peña Nieto, ya sea para que responda de la corrupción institucionalizada en su gobierno o por obstrucción de la justicia desde la presidencia en el caso Ayotzinapa.

Todo ello depende, como siempre, de la voluntad política del habitante de Palacio Nacional. ¿Hasta dónde quiere llegar? ¿qué está dispuesto a hacer para perseguir la corrupción como cambio de régimen? ¿es consciente del momento histórico que se presenta y de la posibilidad de cerrar la puerta o abrirla a un posible Bolsonaro mexicano que emerja ante las promesas no cumplidas de la 4T?

Pero atacar la corrupción del pasado no basta. También se necesitan observar mecanismos sólidos que nos lleven a creer que también se castigará la corrupción en el actual gobierno y que será tan ejemplar como para que queden sólo casos anecdóticos. Eso es lo que está en juego si de verdad se quiere caminar a otro régimen político o sólo se trata de engañar con la verdad.

• Politólogo, Director del Departamento de Ciencia Sociales de la Ibero Puebla.