Juan Luis Hernández*

Una de las realidades más atroces que los mexicanos hemos tenido que experimentar en los últimos lustros es la desaparición forzada de personas. Dicen las autoridades de la 4T que a la fecha habrían desparecido más de 80 mil personas, pero como se sabe, en la terca realidad de nuestro dolorido país, esas cifras podrían ser fácilmente el doble. La desaparición de personas es esencialmente la desaparición significativa de mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, quienes desgraciadamente tienen un valor en el mercado del crimen organizado.

Ante ese flagelo, hemos comprobado que no sólo han desaparecido miles de personas en este país, sino que una de las desapariciones más lamentables es la del propio estado mexicano con sus débiles y estulticias instituciones. Los últimos dos gobiernos federales y locales no sólo no contuvieron el problema del crimen organizado relacionado con la desaparición de personas, sino que lo consintieron y arroparon, en una surte de hacer partícipe del negocio trasnacional de trata de personas también a ciertos funcionarios públicos.

La llegada de Morena y López Obrador al timón del país, lo hemos dicho en estas páginas, arroja avances y retrocesos en diferentes campos de las políticas públicas. Pero sin duda uno de los déficits más notables de la 4T es su perseverancia en hacer del Estado un conjunto burocrático inservible para las necesidades más agudas y acuciantes de la población. La mera desaparición de personas es un indicio de un Estado Fallido, así lo entregaron las administraciones pasadas, pero a dos años y medio de la 4T, el estado sigue siendo fallido para enfrentar a las organizaciones criminales y encontrar a los desaparecidos.

Otro ejemplo notable del estado fallido en México en esta problemática es la emergencia de organizaciones y colectivos de padres y madres de desaparecidos. Ante la omisión del estado, las madres y los padres han tenido que buscar por su propia cuenta a sus hijos e hijas, en una muestra más de revictimización de las víctimas. Las élites políticas son padres y madres. En su constitución personal han aprendido a no ser sensibles al drama humano, pero se advertiría que por lo menos no habrían perdido la capacidad para amar a sus hijos. En esta dimensión no se explica su incapacidad para comprender el dolor y la tragedia personal de una madre o un padre cuyo hijo e hija ha desaparecido gracias a esa connivencia entre el narco estado y el estado ausente. Los padres y madres que son élites políticas, que son gobierno, legisladores y jueces, ¿tienen hij@s desaparecidos? ¿saben de qué estamos hablando? ¿seguirán metiendo la cabeza en la tierra como los partidos y gobiernos anteriores?

La IBERO Puebla, a través del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ, el Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática y la Coordinación de la Licenciatura en Derecho, participó entre febrero y marzo del año 2020, en la elaboración colectiva de la iniciativa de Ley en materia de Desaparición de Personas para el Estado de Puebla, misma que fue trabajada de la mano de los colectivos y familiares de personas desaparecidas en la entidad, así como con la diputada Estefanía Rodríguez Sandoval, quien está dando la cara por el congreso, y su equipo. Esta iniciativa, que se distingue por colocar en el centro a las víctimas y sus familias, se encuentra en espera de dictaminación por parte de las comisiones de Procuración y Administración y Justicia y de Derechos Humanos del H. Congreso del Estado desde el mes de julio de 2020.

Es de resaltar también que la adopción de tal iniciativa responde a la armonización de la Ley General en la materia, publicada en el año 2017; a las obligaciones adquiridas internacionalmente por México, mediante la ratificación de la Convención Internacional y de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada (2008 y 2002); y a las observaciones y recomendaciones de diversos relatores y Comités de Derechos Humanos creados en virtud de los tratados de la ONU. Pero, sobre todo, responde al cumplimiento de la obligación del H. Congreso de Puebla de adoptar disposiciones de derecho interno de acuerdo con el marco convencional y constitucional de derechos humanos y a una necesidad sentida de las familias de las personas desaparecidas en nuestro Estado.

A la fecha, el Congreso poblano, con mayoría de los partidos que arropan la 4T, ha sostenido esta iniciativa de ley en la congeladora, el lugar cuya metáfora no deja lugar a dudas cuáles son las prioridades para quienes se ostentan como diferentes a las administraciones anteriores. En Puebla específicamente habrían desaparecido 2 mil 523 personas, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Nuestro país y Puebla viven en una tragedia humana que se agiganta cada día, mientras que el Congreso poblano se achica ante sus deberes, su responsabilidad histórica y las ansias de reelegirse o irse de campaña ante las próximas elecciones.

La ley en materia de desaparición de personas para Puebla es apenas el primer paso de otros que debieran enderezarse para estar al día con quienes han sufrido la ausencia del Estado, de la justicia, de la política que sólo es negocio y no cuidado de la vida pública. Si el congreso poblano también está desaparecido habrá que buscarlo para hacerle saber que es la hora de hacer justicia y no de preservar el mal común de la injusticia estructural.

*Politólogo, Director General del Medio Universitario de la Ibero Puebla.