Raúl Espejel Pérez

Un año de ocupar la presidencia de la república fue tiempo suficiente para que Andrés Manuel López Obrador manifestara su animadversión a las instituciones del Estado Mexicano y al trabajo que realizan y mandara al diablo tres importantes  programas sociales que fueron implementados por gobiernos que él califica de conservadores y neoliberales.

Se trata de los programas de Estancias Infantiles, Comedores Comunitarios y Seguro Popular.

Desde su fundación en 2003 y hasta hace un par de semanas, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2019, el Seguro Popular, con todas sus limitaciones, deficiencias, insuficiencias y hasta con los presuntos actos de corrupción que López le atribuye ─aunque jamás ha presentado una sola prueba que avale su imputación─ proporcionó oportunamente atención médica en los tres niveles establecidos, a personas de bajo nivel económico, que no tienen acceso a los servicios médicos que  ofrecen a sus derechohabientes los institutos Mexicano del Seguro Social,  de Seguridad y Servicios Sociales  de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y de las Fuerzas Armadas, así como el hospital de Pemex.   

López Obrador hizo creer a la opinión pública que a partir del 1 de enero de 2020  el Instituto de Salud para el Bienestar, creado a iniciativa suya, proporcionaría atención médica gratuita, en forma automática, a la población que hasta el 31 de diciembre de 2019 la recibía a través del Seguro Popular.

¡Esto fue un engaño, una mentira, una falacia!

El Instituto de Salud para el Bienestar se creó apresuradamente con grandes rasgos de improvisación. Sin reglas de operación, sin que se le dotara de protocolos y manuales de procedimientos. Sin certidumbre financiera y con un futuro inmediato médico incierto para todos los usuarios del Seguro Popular.

La atención médica que en sustitución del Seguro Popular debe proporcionar es caótica.

Los hospitales que suministraban servicios médicos de tercer nivel ─como cirugías─ no saben si deben continuar prestando ese tipo de atención a quienes  por la naturaleza de sus enfermedades la requieren. Tampoco saben quién les  pagará los honorarios médicos ni los gastos de hospitalización.

Personas que estaban recibiendo tratamientos médicos específicos, muchos de ellos de alta especialidad, no saben si el Insabi continuará proporcionándoselos, los suspenderá temporalmente o los cancelará. Desde el 1 de enero son presas de la incertidumbre y del temor a que sus enfermedades continúen avanzando por falta de atención. 

Junto con la desaparición del Seguro Popular, desapareció también la posibilidad que las personas que sistemáticamente recibían medicamentos para atender sus tratamientos de cáncer y del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VHI) continuarán recibiéndolos.   

No hay abastecimiento de medicamentos que son indispensables para enfrentar esas dos enfermedades. La posibilidad de regularizar su suministro es remota. Su escasez ha ocasionado que  las personas afectadas efectúen bloqueos de calles y cientos de protestas frente a hospitales en todo el país.

Las quejas se multiplican. En vez de atenderlas, López Obrador las desestima al argumentar que la prensa las publica debido a que son parte de las “resistencias” de quienes se oponen a su gobierno.

No obstante que el Insabi apenas cumplió 15 días de haber entrado en funciones, utilizando exactamente las palabras que emplea su creador, el presidente López, cuando se refiere a las condiciones en que según su dicho recibió las instituciones de la Administración Pública Federal, se puede decir que ya es un elefante reumático y artrítico que camina  a base de empujones con gran dificultad.

Sin embargo, el doctor Carlos Alberto Leal, médico Hemato-Oncólogo Pediatra, encargado del área de Hospitalización del Instituto Nacional de Pediatría (INP), dependiente de la secretaría de Salud del gobierno federal, declaró hace una semana al reportero de Excélsior, Francisco Garfias que en la institución médica, donde proporciona atención médica oncológica, se carece de una droga básica conocida con el nombre de Ifosfamida, que se utiliza en tratamientos anticancerígenos.

Para cubrir la falta de ese medicamento, en el INP, se está recurriendo a un sucedáneo llamado ciclofosfamida. Cuyo efecto, al modificarse los protocolos, modifica también los resultados previstos en los tratamientos donde se utiliza la Ifosfamida.

Este cambio repercute en perjuicio de los niños que padecen cáncer.

El hospital 20 de Noviembre del ISSSTE no cuenta con Ifosfamida. El hospital Central Militar enfrenta problemas para la realización de quimioterapias y el Infantil de Tlaxcala, el Infantil de México, el de Pemex y los centros médicos Nacional y de Occidente del IMSS, señaló el doctor Carlos Leal, enfrentan carencias de medicamentos semejantes.

La respuesta oficial del gobierno de López Obrador a esta caótica problemática que está ocasionando graves a daños a los usuarios del extinto Seguro Popular, la dio  el  propio presidente de la república al señalar que se trata de “un sabotaje organizado para dañar al Insabi y al cambio de modelo de atención de la salud que se acaba de implantar.”

El subsecretario de Prevención y Promoción de la secretaría de Salud del gobierno federal, Hugo López, por su parte, declaró que a los creadores del Insabi no les “sorprendería descubrir elementos de evidencia que los haga ver que esto es una sensación de incertidumbre, que atiende a una comunicación social organizada (presuntamente por la prensa fifí) para sabotear al Insabi y el cambio de modelo de atención de la salud.”

López Obrador tiene razón, ciertamente estamos situados frente a un sabotaje.

Pero no es un sabotaje urdido contra el Instituto de Salud para el Bienestar por los neoliberales y conservadores adversarios de AMLO, ni por comentócratas del viejo régimen, sino, ¡oh, sorpresa, un sabotaje preparado y ejecutado, con singular maestría y efectividad, por el máximo y único líder del nuevo régimen ¡Andrés Manuel López Obrador!

López Obrador saboteó al Insabi, al designar como director general de esa institución médica que él creó, a un paisano y amigo suyo, de nombre Juan Antonio Ferrer Aguilar, altamente especializado en asuntos arqueológicos, pero carente de conocimientos y experiencia en materia de ciencia médica.

Además de director administrativo de la Central de Maquinaria de Tabasco, Ferrer fue delegado del INAH en esta entidad federativa y durante 20 años trabajó en las zonas arqueológicas del Tajín, Palenque, Bonanpak y Yaxchlan.

Este erróneo nombramiento lo hizo AMLO basándose en su sui géneris premisa de que a él le interesa que sus colaboradores sean 10% capaces de hacer bien su trabajo a cambio que sean 90% honestos. Con esta designación el fracaso del Insabi está garantizado de antemano.

Así la cosas, se comprueba López al confiar el manejo de una institución médica, como el Insabi a una persona especialista en arqueología, volvió a tropezarse con la misma piedra con la que se tropezó cuando nombró director de Pemex, a otro paisano suyo, Octavio Romero Oropeza, agrónomo experto no en asuntos petrolíferos, sino experto en el cultivo de rábanos, cebollas y zanahorias en Tabasco.