De acuerdo con el artículo 82 de la Constitución Política  de los Estados Unidos Mexicanos para ser Presidente de la República se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno goce de sus derechos, hijo de padre o madre mexicanos y haber residido en el país al menos durante veinte años; tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección, haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección; no pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto, no estar en servicio activo seis meses antes del día de la elección en caso de pertenecer al ejército; no ser secretario o subsecretario de estado, Fiscal General de la República, ni titular del poder ejecutivo de alguna entidad federativa, a menos que se separe de su puesto seis meses antes del día de la elección.

Como se observa en ningún momento se necesita que el depositario del poder ejecutivo tenga un nivel determinado de estudios o que para su permanencia, necesite presentar exámenes para que sea evaluado su desempeño en el cargo.

Y es que si bien es cierto el tema de la educación en México fue un asunto olvidado por décadas, en el actual sexenio fue puesto en los reflectores después de la entrada en vigor de la reforma educativa en la cual, destaca el asunto  de la evaluación obligatoria a los docentes,  y a partir de sus resultados, éstos podrán mantener su plaza o acceder a puestos directivos. Con esta medida se pretende alcanzar la profesionalización de los docentes con el objetivo de brindar a la población una educación de calidad y poner fin a condicionantes políticas discrecionales para el acceso a plazas y la limpieza de maestros que no cuentan con los perfiles idóneos para la enseñanza educativa; lo cuestionable es querer imponer una reforma y  atentar contra derechos laborales creados y adquiridos por los maestros en su condición de trabajadores de la educación.

En términos racionales, estas disposiciones se perciben indispensables para asegurar la eficiencia en la enseñanza educativa, aunque habría que evaluar con minuciosidad y objetividad, si con esta reforma en realidad, se terminarán los vicios de antaño, pues independientemente de los retos de la educación en México, en condiciones de cabalidad, habría que predicar con el ejemplo, pues en días pasados circuló en los diferentes medios de comunicación la noticia sobre la no existencia de referencias de las instituciones educativas en donde el presidente Enrique Peña Nieto realizó sus estudios e incluso, se mencionó que el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) a través de sus representantes informó que el historial académico del presidente Peña era inexistente y por tanto también sus calificaciones. Tal vez esta respuesta desenfadada tanto del IFAI y también de la Unidad de Enlace de la Presidencia de la República, sobre la dudosa trayectoria académica del Presidente se deba a que para que ocupara el cargo de mandatario no se requería de este requisito, de ahí que no importa que un seudo profesionista exija la profesionalización docente a través de una reforma educativa con ambigüedades, pues aunque es indispensables que quienes estén al frente de la educación sean profesionistas y profesionales de la educación, también los mexicanos necesitamos que quien nos dirija sea profesional en su quehacer de gobernar; claro que tampoco podemos idealizar la existencia de gobernantes sabios como lo proponía Platón en la antigüedad con su idea del filósofo rey, pero sí, por lo menos tener gobernantes que tengan cultura, conocimientos, en suma, perfiles que como ciudadanos les realicemos evaluaciones cada seis meses, un año para cerciorarnos que estén actualizados y sean idóneos para desempeñar su cargo y si no pasaran dichas evaluaciones entonces fueran relevados del cargo, es decir, resucitar en realidad la revocación del mandato por incapaces e ineficientes.

Ya falta poco para que concluya el sexenio de Peña Nieto y desafortunadamente no podemos hacer una reforma fast track como la educativa, para pedir un nivel mínimo de licenciatura o que haya una evaluación permanente del poder ejecutivo, para que los ciudadanos lo  dejemos en el cargo o lo despidamos por ineficiente, pero ojalá que quienes ya están suspirando por Los Pinos, sean más congruentes y prediquen con el ejemplo, tan sólo por un poco de conciencia y decencia, si es que la conocen.

En la caída libre del PRI y sus puntos negativos crecientes en la percepción ciudadana por carecer de virtudes públicas y fomentar la corrupción,  el presidente Enrique Peña Nieto se ha convertido con sus yerros en un serio peligro para que el partido tricolor y su futuro candidato presidencial  puedan triunfar en el 2018.

Faltar a la honradez tiene una relación directa con la ética pública; gobernante o funcionario público que no se apega a este valor se vuelve mentiroso,  deshonesto, falto de integridad, con sus acciones fomenta la corrupción. Para el año 20117 que cumple 100 años la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bien seria adicionar  al segundo  párrafo del Artículo 108 constitucional- que solamente establece que el Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común- aplicarle sanciones por los actos u omisiones que afecten la legalidad, la honradez, la lealtad, la imparcialidad y la eficiencia que deba observar en el desempeño de su cargo… tal vez es demasiado pedir e imposible de concretar.

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