¿De qué servirá reforzar la soberanía nacional?
- Germán Molina Carrillo
En los momentos actuales que vive nuestro país, desde la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump y sus amenazas de imponer aranceles del 25 por ciento a todos los productos mexicanos que se exportan a los Estados Unidos, si no se cumplen las exigencias que hizo al gobierno mexicano, de detener la migración ilegal y el tráfico del fentanilo, así como frenar las actividades de los carteles del narcotráfico que operan desde hace varios años, bajo la protección y complicidad de los gobiernos de los tres niveles, municipal, estatal y federal, que llevó a declarar a seis cárteles como grupos terroristas y a afirmar que actualmente el 30 por ciento del territorio del país, se encuentra gobernado por los cárteles; resulta evidente que dichas exigencias y amenazas, que podrían concretarse el próximo 4 de marzo, han colocado a la presidenta en una situación muy difícil, de la que todos esperamos pueda salir bien librada y al final no se cumplan las amenazas del presidente estadounidense.
Pero el escenario, se complica aún más, con las actividades de espionaje que desde hace más de veinte días, llevan a cabo la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que ha lanzado vuelos no artillados del dron MQ-9 reaper conocido como predator en territorio del norte del país, para recabar información de las actividades de los cárteles y su ubicación y para detectar laboratorios clandestinos de elaboración de fentanilo, sin que para ello se haya contado con la autorización del gobierno mexicano; y hasta el momento los agentes de la CIA comparten la información recogida por los drones a las autoridades mexicanas para que detengan a los narcotraficantes y los pongan a disposición de las fiscalías, como lo establece nuestra Constitución y la legislación penal vigente..
Sobre la entrada de los drones y de agentes de la CIA en operaciones encubiertas y de investigación que el gobierno de Donald Trump públicamente ha dado a conocer, la presidenta ha declarado en sus conferencias de pueblo que son normales desde hace varios gobiernos y que son parte de los acuerdos de colaboración que tiene México con las autoridades de Estados Unidos, descartando que dichas actividades violen la soberanía de nuestro país; sin mencionar abiertamente que su gobierno no ha sido debidamente informado tanto de los vuelos llevados a cabo, sus itinerarios, ni las zonas del territorio que están espiando con los drones.
El discurso de la presidenta ha sido de calma y mesura, ante los embates de la administración de Donald Trump, cuyo discurso y promesas de campaña, las ha venido materializando con sus órdenes ejecutivas y decretos, con decisiones que están afectando no sólo a México, sino también a otros países, como Canadá, Panamá, Palestina y Ucrania.
La defensa de la soberanía nacional y la defensa del territorio de México es por ahora la mayor preocupación del gobierno de Sheinbaum, ante un Donald Trump acostumbrado a hacer lo que considera necesario, sin detenerse a pedir permiso o avisar de sus acciones en otros países y sin rendir cuentas a nadie, ya que cuenta con el respaldo de los estadounidenses y de ambas cámaras, por lo que las misiones de espionaje y entrada de los drones, por ahora sólo han quedado en eso, sin llegar a utilizarlos para ataques aéreos y que eventualmente podría llevarse a cabo en caso de que reciban las ordenes de sus superiores, si el gobierno mexicano no detiene a los integrantes de los cárteles y la producción de fentanilo.
Ante la realidad que vive el país y la presión del gobierno de Donald Trump, esta semana que concluye se lograron detenciones importantes de operadores de Los Chapitos como su operador financiero y de más de ciento seis integrantes de los carteles en diversas partes del país.
A pesar de la posición de la presidenta resulta evidente que el gobierno norteamericano está decidido a seguir con su estrategia, a tan sólo diez días de que concluya el plazo de un mes que se dio tanto a México, como a Canadá para cumplir con las exigencias del presidente Trump.
Al interior del país, la presidenta, busca a toda costa salvar su imagen y credibilidad de su gobierno, mediante el mensaje de que cuenta con el respaldo del pueblo y de que se ha logrado la unidad para enfrentar las amenazas de Estados Unidos.
Por ello, el pasado 20 de febrero firmó la iniciativa de reforma constitucional a los artículos 19 y 40 de nuestra carta magna y que serían enviadas al Congreso de la Unión para su aprobación.
El artículo 40 se adiciona con dos párrafos, para dejar en claro que México no aceptará ninguna intervención extranjera:
Primer párrafo: “El pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones, o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la Nación, tales como golpes de estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo”
Segundo párrafo: “Tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado en el marco de las leyes aplicables”
La reforma al artículo 19 establece: “A cualquier nacional o extranjero involucrado en la fabricación, distribución, enajenación, traslado o internación al territorio nacional de manera ilícita de armas, y a cualquier extranjero que realice actividades al margen de la ley vinculadas con los párrafos 40 de esta Constitución, se le aplicará la pena más severa posible, así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa”.
Seguramente las reformas serán aprobadas en ambas cámaras y en los Congresos locales, al contar el oficialismo con los votos necesarios; sin embargo, la cuestión es saber a futuro, ¿hasta dónde las mismas serán aplicadas contra las acciones del gobierno de los Estados Unidos?, al que poco le importa la Constitución Mexicana, cuando se trata de defender sus intereses y si no recibe la autorización a que se refiere el párrafo segundo del artículo 40 constitucional, si detendría sus actividades, lo que no ha ocurrido en el caso de otros países cuando deciden intervenirlos, bajo cualquier circunstancia o pretexto.
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Abogado, notario y actuario por la Facultad de Derecho de la BUAP; doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Es director fundador del Instituto y del Centro de Ciencias Jurídicas de Puebla y de la Revista IUS; autor de más de siete obras jurídicas, ponente, moderador, comentarista, y conferencista.