En los días previos al inicio de su mandato, Claudia Sheinbaum Pardo realizó diversas actividades que envían mensajes claros sobre qué se puede esperar en su gobierno. Bien dicen que una imagen vale más que mil palabras, y al ver la fotografía de la primera presidenta de México al frente del contingente de integrantes del Heroico Colegio Militar, fue evidente que la política de militarización será una constante durante su sexenio, así que veremos a más militares no sólo en acciones de seguridad pública, sino en obras de infraestructura y turismo. El país no se pintará del guinda de la Cuarta Transformación, sino del verde militar de las Fuerzas Armadas. 

Frente a esto, hay incertidumbre sobre lo que se puede esperar en materia de derechos humanos durante los próximos años. Diagnósticos hay varios. Por ejemplo, hace unos meses el Colectivo EPU.MX, conformado por diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, realizó un informe sobre la situación de México en el marco del Examen Periódico Universal que realiza la ONU, donde se describen los riesgos de la militarización, la creciente crisis en materia de desaparición, de violencia de género y de agresiones contra periodistas.  

Además, el 5 de septiembre, Amnistía Internacional publicó una carta abierta dirigida a Claudia Sheinbaum expresando su preocupación por el aumento de la violencia en contra de las mujeres, de personas defensoras del territorio, de familias buscadoras y la militarización de la seguridad pública, por lo que el organismo llamó a la nueva administración a construir espacios de diálogo, poniendo en el centro a las víctimas para encontrar soluciones a la crisis en materia de derechos humanos. 

Considerando los diversos retos en materia de derechos humanos que se prevén, se puede observar que estos no se resolverán con una sola acción, sino que se requiere una estrategia coordinada, colaborativa e interinstitucional. 

De ahí la necesidad de aprovechar el andamiaje institucional y legal que se tiene en México y, en vez de reformar todo como se hizo en las últimas semanas del gobierno anterior, fortalecer aquellos organismos defensores y protectores de derechos humanos que se tienen para consolidar un sistema para su prevención, promoción y garantía, cumpliendo así con las obligaciones que tiene el Estado mexicano. 

Una primera acción, por ejemplo, sería garantizar que la elección de la próxima persona que encabece la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se lleve a cabo con apego a lo que establecen las leyes aplicables, retomando recomendaciones hechas por organizaciones sociales y abriendo la participación a la ciudadanía, de modo que todas las voces sean escuchadas, y así tener al frente de este organismo a alguien que no se deje llevar por posturas políticas. 

Está además la Comisión Nacional de Búsqueda, la cual ha tenido muchos claroscuros a lo largo de su existencia, aunque más oscuros que claros desde la llegada de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, como fue respaldar el nuevo censo de personas desaparecidas hecho por el gobierno federal, el cual ha sido cuestionado por organizaciones nacionales e internacionales. Este organismo juega un papel fundamental para responder a la crisis en materia de desaparición, por lo que es urgente garantizar su funcionamiento adecuado y cercano con las miles de familias buscadoras en el país.  

Y qué decir de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y del Sistema Nacional de Víctimas (SNV), los cuales, al igual que muchas otras instituciones protectoras de derechos humanos, surgieron derivado de la lucha social y la exigencia de justicia por parte de personas que han sufrido directamente los efectos de la violencia que ha permeado en el país en las últimas décadas; pese a esto, durante el gobierno de López Obrador, estos organismos han sido debilitados, al grado que el SNV es inoperante, además de que la extinción del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral afectó directamente la forma en cómo las autoridades pueden responder a las necesidades de víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos.  

Brindar de mayores herramientas, recursos y mecanismos de apoyo a estas comisiones, combinado con una reforma de las fiscalías de todo el país, sería dar un paso firme hacia una respuesta efectiva del gobierno frente a la crisis de derechos humanos que no empezó en los últimos seis años, pero que le corresponde resolver a las autoridades en funciones, sin importar del color que sea.