Para la gran mayoría de los mexicanos, el discurso del expresidente AMLO, en contra de la corrupción del periodo neoliberal y la denuncia de los escándalos por desvíos de recursos del erario, tanto en los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, fue trascendental para convencer a los ciudadanos en la elección presidencial de 2018, de que era necesario frenar estos abusos y los escándalos en los que se vieron inmersos funcionarios de todos los niveles, sin que hubiera responsables que terminaran en la cárcel y mucho menos, que se lograran recuperar los recursos económicos, que terminaban en bancos ubicados en países extranjeros en los denominados paraísos fiscales.

Desde el Pacto por México impulsado en el gobierno de Peña Nieto y apoyados por todos los partidos (incluido el de izquierda representado por el PRD), era evidente que se dio prioridad a los grandes inversionistas extranjeros, sin pensar en los grupos vulnerables, ni en la brecha de desigualdad que se originó por el aumento de la población en pobreza y en pobreza extrema de 2012 a 2018.

Por ello el discurso de izquierda a favor de los pobres y de la eliminación de la desigualdad que imperaba, proponiendo acciones para quitar privilegios a los empresarios de la oligarquía del país y otorgando a los pobres apoyos en educación, vivienda, salud y un salario mínimo digno, dieron luz y esperanza de que ahora sí el país, con un gobierno de izquierda lograría no sólo transformarlo, sino reivindicar a las clases desprotegidas.

Otro de los elementos que el expresidente destacó durante los seis años de su mandato, fue en el sentido de señalar, cuando se refería a los militantes de Morena y de sus funcionarios nosotros no somos iguales con lo que buscaba a toda costa desmarcar a su administración de cualquier acto o acusación que la involucrara en actos de corrupción.

El discurso de culpar a los gobiernos del periodo neoliberal de todas las desgracias del país y de que eran los responsables de que muchos de los problemas no lograran resolverse o se fueran complicando, fue permeando en la percepción de los ciudadanos de que realmente eran los enemigos del país y que por ende, al estar en contra del presidente y su partido, pasaban a convertirse en enemigos públicos, no sólo de ellos, sino de todos los demás ciudadanos.

Algo que se ha vuelto costumbre desde la gestión de López Obrador y en lo que va del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando desean desaparecer algún organismo u área  de la administración, es acusarla de que debe desaparecer o cambiar su estructura y funcionamiento para “acabar con la corrupción” sin que al final, se presenten las denuncias ante las fiscalías, ni se aporten pruebas a las carpetas de investigación para que los responsables de estos actos terminen en la cárcel vinculados a un proceso y se les dicte una sentencia condenatoria.

Por el contrario, primero se acusa, descalifica y se convence a los ciudadanos de que la intervención o desaparición del órgano de la administración o dependencia, sin llegar a fondo para demostrar que se logró terminar con la corrupción que sirvió de bandera al estado para hacer su voluntad.

Como lo señala la analista política María Amparo Casar en la obra ¿Qué dejó el gobierno de López Obrador?”  coordinado por Octavio Rodríguez Araujo de editorial Orfila: “Esto que llamo desinstitucionalización ha sido el modus operandi de la administración para poder gobernar con el menor número posible de restricciones. Una obsesión que ha traído entre ceja y oreja. Sin duda ha habido un retroceso democrático y el daño causado no es menor. Pero la mayoría de las instituciones, no sin grandes reveses, todavía sortean, de una manera u otra, los intentos de eliminación o sustitución, captura, inoperancia, daño a su reputación y estrangulamiento financiero” (página 37 párrafo tercero).

Lo anterior deja en claro, que desde la administración de AMLO y ahora en el segundo piso con la presidenta Sheinbaum, las estrategias no han cambiado y se aplica el mismo manual en contra de las instituciones u organismos que incomodan al gobierno y que se vuelven el centro de sus ataques y descalificaciones, para justificar el porqué deben ser eliminados, sustituidos, cuando no se logra cooptarlos; incluso se les acusa además de ser inútiles, En enero del 2021, el expresidente al referirse a dichas instituciones u organismos afirmó: “No sirven, no benefician al pueblo, pero si cuesta mucho mantenerlos”

Pero si además de todo, se les puede hacer daño a su reputación y debilitarlos acusándolos de que incurren en excesos, dispendio de recursos, altos salarios y de ser corruptos, no habrá forma de desmentir la versión oficial y los ataques mañaneros que son la punta de lanza para que el Congreso de la Unión se ponga a trabajar para satisfacer los deseos presidenciales.

Uno de los ejemplos más evidentes de la estrategia presidencial mencionada, es el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde la llegada de la actual presidenta Norma Lucía Piña por no someterse a la autoridad del presidente y que dio pauta a la reforma judicial, que no busca terminar con la corrupción, como se ha dicho por el e presidente y repetido por la presidenta, sino apoderarse de la estructura de dicho poder, con ministros, magistrados y jueces electos mediante el voto popular, pero filtrados por los comités del poder ejecutivo, legislativo y judicial controlados por Morena y sus partidos aliados.

El sexenio de AMLO, en su afán de concentrar el poder y de eliminar a organismos incómodos o críticos a sus decisiones, no tuvo empacho en desaparecer programas, dependencias, fideicomisos y de apoderarse del control de los recursos económicos para destinarlos a sus grandes obras y proyectos, sin importar la viabilidad de los mismos.

Estamos a unos días de que se consume la aprobación de reforma constitucional a la Ley del Infonavit ya aprobada por el Senado de la República y que está en manos de la Cámara de Diputados, con la que el gobierno federal podrá disponer de recursos hasta por 2 billones de pesos, de la subcuenta de vivienda de las aportaciones de los trabajadores del país. La pregunta obligada es: ¿Como trabajador confiaría el ahorro de su subcuenta de vivienda de su vida laboral para que la administre y disponga el gobierno?

Independientemente de los fines de la reforma constitucional para dotar de vivienda a los trabajadores que carecen de ella, existe una gran desconfianza en que exista un manejo honesto y responsable de los ahorros de los trabajadores, nada garantiza que la corrupción del pasado no continúe ahora en manos del segundo piso de la 4T.