¡2 de octubre no se olvida!
No es nada más una proclama de exigir justicia, es manifiesto del proceso histórico de represión y crímenes de Estado contra la población por décadas. Algunos comentócratas y de la derecha cimarrona política y empresarial intentaron evidenciar que la presidenta Claudia Sheinbaum, se sumara a la memoria herida abierta, lo cierto es que los autores de la masacre del 2 de octubre están encumbrados desde el Estado con Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría, décadas donde el Estado recurrió a la represión, encarcelamiento y ejecución de ciudadanos.

Recordemos que durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho, bajo pretexto de que el mundo se encontraba en Guerra Mundial, y de que el gobierno norteamericano sostuvo que Japón podría invadir su país y parte de México, a su vez, que la Alemania nazi infiltraría terroristas y espías en México, el presidente instruyó modificación al Artículo 145 bis del Código Penal Federal , en septiembre de 1941, de “disolución social”, para “combatir el terrorismo extranjero”, que fue revisado y aprobado por la SCJN de aquel entonces, que en los hechos, sirvió para reprimir movimientos obreros, campesinos, magisterial y ferrocarrileros que se manifestaban contra políticas retrógradas laborales y salariales impuestas por Ávila Camacho, en apoyo de la burguesía, y también minar los logros laborales y sociales del presidente Lázaro Cárdenas.

Los movimientos sociales se incrementan en 1951 cuando 4000 mineros carboníferos, 100 mujeres y 30 niños realizaron una caravana de protesta desde Nueva Rosita, Coahuila, a la capital del país que se convirtió en el movimiento social más importante de la época. Los mineros marcharon para exigir la solución a un conflicto político-laboral: la empresa American Smelting and Refining Company (Asarco) y las autoridades laborales se habían negado a reconocer a los representantes sindicales de la Sección 14 del Sindicato Industrial de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana.

Dicho movimiento fue acusado de comunista y contra la “democracia”. La presión gubernamental, además de contar con aparatos de represión para garantizar sometimiento, una vez más, la SCJN avaló al gobierno. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la caravana del hambre? Clausuraron la cooperativa de consumo que los abastecía de alimentos; congelaron los fondos sindicales; cerraron la clínica obrera; se censuró la correspondencia de los mineros y se suspendió el servicio de agua y alumbrado de las casas.

Islas Marías, Lecumberri (Palacio Negro), cárcel de Belén, el Estado las usó como “refugio de la disidencia terrorista”, donde las narraciones de los presos denotan plena injusticia. Diego Rivera, Valentín Campa y Demetrio Vallejo, por su liderazgo en el movimiento ferrocarrilero de 1959, fueron acusados por el delito de disolución social, sin olvidar a José Revueltas por comunista.

Rubén Jaramillo, otrora oficial del Ejército Zapatista, fue uno de los pilares de la lucha agraria y obrera en Morelos durante los gobiernos posrevolucionarios. Apoyó a Lázaro Cárdenas en su candidatura a la presidencia, luego, ya con Ávila Camacho, lo traiciona y persigue, por lo que continuó luchando en apoyo a campesinos al ser violados sus derechos, siendo en el gobierno de Adolfo López Mateos, quien lo acusa de agitador, por lo que su secretario de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz, es quien gira órdenes de acabarlo.

El 23 de mayo de 1962 un destacamento militar apoyado por  policías  judiciales  sacó  de  su  casa,  en  Tlaquiltenango,  Morelos,  al  dirigente  campesino  Rubén  Jaramillo,  a  su  esposa Epifanía, que estaba encinta, y a sus hijos Enrique, Filemón y Ricardo. Dos horas después la familia fue acribillada en las cercanías de las ruinas de Xochicalco, consumándose así uno de los más atroces crímenes políticos del siglo XX mexicano. ¿Quién fue? El Estado.

Desde 1958, estudiantes residentes en hospitales junto con médicos, inician por demandar mejores condiciones de trabajo como otros servicios, hasta que en 1964, al no cumplirles sus demandas realizan un paro. El titular de la SSA, el doctor Rafael Moreno Valle, les dice que atenderán sus demandas, derivando en suspensión del paro, sin embargo, Díaz Ordaz en 1965 arremete contra el movimiento con represión y despidos.

Caciquismo, burquesía agraria y gobiernos cómplices, despojaban tierras de grupos originarios y campesinos, quienes protestaban contra la violación a sus derechos; la represión y asesinato la respuesta. En Guerrero, Oaxaca y los estados del norte la constante fue la violación. Campesinos de la Sierra de Chihuahua emprenden la defensa de sus territorios, mismo movimiento que el Estado y su aparato judicial los denunciaba de violación a las leyes y agitación; la respuesta campesina es de mayor actividad y organización: una vez más el artículo 145 en acción.

Si la Constitución les es secuestrada, consideran que el único camino es la vía armada, requiriendo adiestramiento que inicia en 1964, determinando efectuar el asalto armado a la guarnición militar de Ciudad Madera de Chihuahua. El asalto al cuartel es la primera acción de envergadura de la guerrilla contemporánea en México. Fue realizada por la organización insurgente Grupo Popular Guerrillero en la madrugada del 23 de septiembre de 1965; participaron campesinos, estudiantes, maestros y líderes agrarios, que intentaron tomar el cuartel del Ejército mexicano. El asalto resultó fallido, muriendo la mayoría de los guerrilleros.

Genaro Vázquez, Lucio Cabañas y muchos más, son la respuesta de la represión e injusticias, sus movimientos derivan de esas condiciones hasta que el Estado los aniquila, junto con ciudadanos y familiares en su entorno

“Los peores genocidios lo han permitido políticos cobardes, que le piden al pueblo que se rinda antes que luchar”:  Luis Gabriel Carrillo Navas

El 2 de octubre, deja marcado la masacre en Tlatelolco, los sobrevivientes son testigos y exclaman con lágrimas coraje y denuncia sin respuesta.

El movimiento estudiantil de 1968 llevó a decenas de presos políticos a Lecumberri. En la manifestación del 26 de julio de 1968 se consignó a las primeras 43 personas, varias de ellas integrantes del Partido Comunista Mexicano, acusadas de lesiones, secuestro, robo, pandillerismo, daño en propiedad ajena, daño a la nación y ataques a las vías generales de comunicación. Muchos fueron acusados del delito de disolución social. Al interior de Lecumberri los presos políticos vivieron diversas vejaciones, incluso heridas de gravedad, en la que los presos comunes fueron usados para lastimarlos.

“El negacionismo es, en sentido estricto, el estadio supremo del genocidio”: Bernard-Henri Lévy, filósofo francés 1948

Desde los sesenta a mediados de los ochenta, el Estado emprende una persecución de exterminio contra movimientos sociales y guerrilleros; cientos de los militantes fueron detenidos, la mayoría torturados y desaparecidos en lo que se conoce como Guerra Sucia, al grado de que en la base militar en Acapulco, Guerrero fue usada para los “aviones de la muerte”, donde cargaban aviones para transportar cadáveres o personas vivas de los “agitadores terroristas” y arrojarlos al mar.

La norma criminal continuó sistemáticamente en reprimir o ejecutar y desaparecer hasta el sexenio de Enrique Peña Nieto. ¿Quién fue? Es el Estado.

Fuentes
Rojo Coronado, J. La inconstitucionalidad del artículo 145 del Código Penal Federal. Costa-Amic, Editor. México. 1968
Caballero, J. (2010) Amparos y abogángsters: la justicia en México entre 1940 y 1968, en Servín, E. (coord.), Del nacionalismo al neoliberalismo, 1940-1994, México, Fondo de Cultura Económica y CIDE. 1999
Pulido, D. Los delitos de disolución social: primeras experiencias (1941-1944), Antropología. Boletín oficial del Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, núm. 101. 2016
Librado Luna, D. A 70 años de la caravana minera de 1951. Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) 2021