A la memoria de mi papá, don Filiberto Aguilar, con motivo de su cumpleaños.

En México hemos pasado de la efervescencia del neopopulismo a las plaquetas autoritarias del nuevo régimen. El corpus politicum Mexici puede sufrir por esa vía una trombosis política que afecte la salud no sólo de la vida pública, sino de la sociedad civil. La democracia en ciernes que venía operando —y que costó sangre, sudor y lágrimas a varias generaciones mexicanas— está por ser sepultada. Los verdugos serían quienes protestaron protegerla y promoverla: consejeros(as) y magistrados(as).

Ya mucho se ha hablado y escrito sobre el sentido y la adecuada interpretación jurídica del Artículo 54 Constitucional y sus fracciones, especialmente la primera, la cuarta y la quinta, sobre las cuales se basa la asignación y designación de los diputados y senadores de representación proporcional de los partidos políticos y coaliciones al Congreso de la Unión. Este viernes se definirá en primera instancia en el INE.

El meollo del asunto: En la fracción I, el INE consideró a las coaliciones como “partido político”, a fin de registrar candidaturas en al menos 200 distritos como si cada partido coaligado lo hiciese por sí solo y, así, tener derecho a diputaciones plurinominales. Pero parece no querer hacerlo en la fracción IV para limitar a 300 diputados a la coalición oficialista, considerándola como una sola fuerza política. No hizo la interpretación gramatical, sistemática y funcional, sino sólo la primera. Consecuencia: 364 curules pretende darle al oficialismo.

En efecto, la Constitución —las leyes en general— supone una interpretación jurídica. Ésta “es una actividad racional de comprensión y comunicación que se realiza a través de un método o técnica, para aclarar, explicar, descubrir, decidir y atribuir sentido o directiva a una disposición jurídica y, en su caso determinar sus posibles alcances y consecuencias.” (1). Como acto racional exige no sólo dar un significado al texto legal, sino: “Asumir la congruencia del sentido normativo con el resto del sistema normativo” y “Dar sentido a la función legal regulada” (2). Nunca hay texto aislado del contexto.

Así, lo racional es mantener la congruencia entre las fracciones I, IV y V del 54 Constitucional con el resto del sistema normativo: Por un lado, que ninguna fuerza política (y la coalición Morena, PT y PVEM es una sola fuerza política) tenga más de 300 diputados; por otro lado, que ninguna fuerza política tenga en los cuerpos legislativos más del 8% de su votación alcanzada en las urnas. En la elección de diputados, dicha coalición obtuvo el 54.72% de la votación válida total y el INE pretende darle el 73% de los escaños en la Cámara baja (3). Esto vulnera el sentido y el espíritu de la Constitución que —desde 1996— quiso obligar a la mayoría a negociar con las minorías para realizar cualquier cambio al texto constitucional.

El problema todavía más hondo es la alteración de la voluntad popular, ya que los partidos políticos miembros del oficialismo reciben una dotación de diputados que no corresponde con sus votos obtenidos en las urnas. Morena recibió el 40.84% de los votos (primer lugar) y en la Cámara de Diputados tendrá el 49.6% de curules (primer lugar). El PVEM recibió el 8.40% de los votos (quinto lugar) y tendrá el 15% de diputaciones (segundo lugar). El PT alcanzó el 5.47% de votos (sexto lugar) y tendrá el 10% de asientos en dicha Cámara (cuarto lugar).

En cambio, el PAN con el 16.9% de sufragios (segundo lugar) obtendrá 14% de curules (tercer lugar); el PRI, con 11.14% de votos (tercer lugar), el 6.6% de asientos (quinto lugar). El más golpeado, MC, con 10.93% de votación (cuarto lugar), alcanza en la Cámara baja sólo el 4.6% de asientos (sexto y último lugar) (4). Como se aprecia, el mandato de las urnas no se traduce en una adecuada representación en los órganos de la soberanía, pese a las disposiciones constitucionales y hasta jurisprudencias.

Así, resumiendo los datos, de los 59.5 millones de electores que votaron, la coalición oficialista (Morena, PT y PVEM) en la elección de Diputados alcanzó el 54.72% (32.5 millones de votos); las oposiciones (coalición PAN, PRI y PRD y partido MC) recibieron el 41.5% (24.7 millones de votos). Hay una diferencia de 7.8 millones de votantes. Traducido en otra proporción, de cada 20 electores, 11 lo hicieron por el oficialismo y 9 por las oposiciones. Las urnas no dieron mayoría calificada al oficialismo.

Respecto al Senado, la votación del oficialismo alcanzó el 54.61%; la proyección de la representación para esa fuerza política es del 64.84% de los escaños senatoriales. Las oposiciones con el 40.4% de la votación, lograrán el 35.1%, es decir, el oficialismo alcanzará 83 senadores (la mayoría calificada requiere 85) y las oposiciones 45. Aquí podría haber un dique, aunque muy pequeño. Con alguna presión del régimen a cualquier senador opositor, obtendría aquél dicha mayoría.

En suma, el panorama para el corpus politicum Mexici es complicado. Primero pasará por el tamiz del INE, donde algunos consejeros y consejeras han dado muestras de sus inclinaciones a la sobrerrepresentación (Uuk-kib Espadas Ancona, Jorge Montaño Ventura, Norma Irene de la Cruz, Rita Bel López, Dania Ravel, Carla Humphrey y la propia presidenta, Guadalupe Taddei); sin duda, tal acuerdo acabará en el Tribunal Electoral, donde tres de sus miembros se han ceñido al régimen. ¿Cambiarán?

La consejera electoral Claudia Zavala presentará hoy, en la sesión del INE, una alternativa razonable y jurídica de asignación y distribución de diputaciones más justa, democrática y acorde con la voluntad popular. Su argumento es que el 8% de límite de sobrerrepresentación tiene que combinar tanto la votación que cada partido alcanzó en las urnas como el porcentaje de las curules de la Cámara baja. Esto implica una fórmula matemática que no adiciona simplemente un 8% más al porcentaje alcanzado, sino que tal porcentaje lo saca en relación a las 500 diputaciones como el universo del 100%. Y luego la asignación de diputaciones por el cociente electoral y el resto mayor. Su razonamiento lo avala con tesis de jurisprudencia tanto del Tribunal Electoral como de la Corte en materia electoral. Ojalá esto convenza a los demás consejeros electorales que votarán hoy. Mis dudas siguen siendo respecto a Guadalupe Taddei, la presidenta. Espero tenga esta altura de miras por México, por las presentes y futuras generaciones.

Las oposiciones parecen no responder a esos 24.7 millones de electores que les dieron su confianza. Su desánimo es tal que, como escribió Enrique Krauze, suscita vergüenza ante la batalla cívica del pueblo venezolano que defiende sus votos (5). En México, el oficialismo pretende ignorar a esos millones y quiere apropiarse de la totalidad del pueblo. Pero el pueblo es una pluralidad que va más allá de los casi 36 millones que votaron por la continuidad del actual régimen (en la Presidencial, porque fueron 32.5 en la de Diputados). El pueblo incluye a esos 24.7 millones de electores que votaron por las oposiciones y a los 38.3 millones que decidieron no votar. Más los que no están inscritos en la Lista Nominal. El pueblo es más que lo que dice el oficialismo. Y éste no es su dueño.

Notas
1 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Interpretación y argumentación jurídicas en materia electoral, presentación, Centro de Capacitación Judicial Electoral, lámina 5, https://acortar.link/BWwRSt.
2 Idem.
3 Érika Hernández y Jorge Ricardo, “Da INE a Morena 73% del Congreso”, Reforma, 21/ago/2024, p. 1.
4 México Unido, “Sobrerrepresentación: evitar de la destrucción de la democracia y la constitución” con Ciro Murayama, YouTube, 20/ago/2024, https://acortar.link/hbfHOO.
5 Enrique Krauze, “Contra el desánimo”, Reforma, 18/ago/2024, p. 8.