Mucho se ha hablado sobre la inminente reforma al Poder Judicial, sobre todo ahora que el partido político Morena y aliados tienen mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en la de Senadores les hacen falta dos votos para ello después de la pasada elección del 2 de junio.  Por lo que podrán sin necesidad de los votos legislativos de la oposición hacer las modificaciones a la Constitución salvo los dos votos que ocupan para la mayoría calificada en la Cámara de Senadores.

Tanta discusión ha ocasionado que los mercados financieros estén presentando volatilidad y el peso mexicano ha sufrido en su paridad frente al dólar, hecho inédito al menos en los últimos meses. En esta reforma se plantea la elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, consejeros del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), magistrados del Tribunal Electoral federal, magistrados de circuito y jueces de distrito.

En total, más de 1.600 cargos judiciales irían a las urnas, a los que podrán postularse miles de abogados. La primera elección de todos estos cargos judiciales se realizaría en junio de 2025. La reforma propone una Suprema Corte integrada por nueve ministros, en lugar de los once actuales. La postulación a estos cargos no será abierta a toda la ciudadanía. La iniciativa establece que el Ejecutivo propondrá a diez candidatos, el Supremo Tribunal a otros diez (tras conseguir el voto aprobatorio de seis integrantes del Pleno) y el Congreso a diez, cinco la Cámara de Diputados y cinco el Senado (con el voto de una mayoría calificada de dos terceras partes en cada Cámara).

Los nuevos ministros durarían en el cargo 8, 12 y 14 años, en función de la votación que obtengan en las urnas (entre más votados, más tiempo se quedan). Los aspirantes harán campaña, tendrán acceso a espacios en radio y televisión para presentar sus propuestas y participarán en debates, pero no contarán con recursos públicos ni podrán recibir donaciones privadas para ello. Los comicios serán organizados y fiscalizados por el INE, que enviará los resultados de la elección al Senado y este, a su vez, al Tribunal Electoral para que resuelva las impugnaciones de los comicios, califique el proceso y declare su validez.

Además de este cambio constitucional tan polémico, hay otros como el sustituir al actual Consejo de la Judicatura Federal por un nuevo órgano de administración judicial con independencia técnica y de gestión, así como separado funcional y orgánicamente de la Corte, para conocer todo lo relacionado con la administración, vigilancia, carrera judicial y control interno del Poder Judicial a través de decisiones que en ciertos casos podrán ser revisadas por el nuevo órgano disciplinar. También la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial con independencia técnica y facultades amplias para recibir denuncias, investigar, sustanciar los procedimientos de responsabilidad administrativa y sancionar a las personas servidoras públicas del Poder Judicial (incluido el Tribunal Electoral) a través de resoluciones definitivas e inatacables.

Como conclusión podemos señalar que esta reforma va. Salvo lo que pase en el Senado. Y lo importante es evitar el riesgo de que otros Poderes de la Unión se entrometan en las elecciones del Poder Judicial o lo que es peor, el crimen organizado. Aquí está lo fundamental para que esta reforma no divida a los mexicanos, que se planten también en las reformas los candados legales para evitar un absolutismo o un Poder Judicial que le de impunidad al crimen organizado.