Por más que quieran matizar, retrasar, componer y hacer todas las maromas posibles, la reforma constitucional que hará que la Corte quede en manos del régimen, va.

Los primeros pasos del régimen van en esa ruta; es el único poder que es independiente de su yugo, pues el Ejecutivo y el Legislativo, ya lo tienen y ahora van con todo por el Judicial.

Por si quedara alguna duda, Claudia ya fue a recibir línea en el Palacio Nacional, y quedó claro desde el inicio quién va a estar detrás de todo, un acto de sumisión por parte de Sheinbaum y un acto de poder, como le gusta, de AMLO, exhibió su servilismo. Lamentable para ella y para las mujeres que dice representar.

Queda claro que ni cien millones de votos te hacen más inteligente, menos servil. Solo te ponen ahí para operar los deseos de otro.

Una vez instruida la candidata ganadora, dijo que la reforma judicial va en septiembre y que va a ser Parlamento abierto, que va a hacer encuestas gansito, que le va a preguntar al pueblo y todo el argot de su jefe para navegar con bandera de… ustedes saben.

A quien no puede engañar es a los mercados que, si bien no vieron con malos ojos su victoria, el discurso de la reforma al Poder Judicial puso nervioso a los mercados y no solo eso, sino que el peso se ha depreciado frente al dólar.

Los capitales locales y extranjeros buscan entornos estables y hasta predecibles para invertir su capital y la reforma que pretende el régimen pone en duda que exista este estatus en el país y lo único que van a hacer es ahuyentarla.

La reforma judicial propuesta por AMLO antes de siquiera debatirse tiene ya efectos negativos significativos en la confianza y las decisiones de los inversionistas. La percepción de una menor independencia judicial y el aumento de la inseguridad jurídica ponen en duda la confianza de la inversión extranjera y nacional y sin duda impacta en el desarrollo económico del país.

Un sistema judicial independiente y eficiente es atractivo para inversores nacionales y extranjeros, ya que proporciona un entorno estable y predecible para hacer negocios. La seguridad jurídica y la protección de los derechos de propiedad son esenciales para el desarrollo económico. La corrupción y la falta de independencia judicial pueden disuadir la inversión y obstaculizar el crecimiento económico.

La reforma busca reducir el número de ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y propone que estos sean elegidos mediante voto popular. Además, plantea reducir el tiempo de servicio de los ministros de 15 a 12 años, entre otras medidas como la eliminación de las dos salas de la SCJN y la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial.

Esto sin duda atropella la independencia del Poder Judicial y contraviene estándares internacionales. Expertos y analistas señalan que la elección de jueces y magistrados mediante votación popular podría llevar a decisiones judiciales influenciadas por intereses políticos y económicos, en lugar de ser basadas en méritos y competencias

Sin mencionar que la reforma pretende una mayor intervención del Ejecutivo en el Poder Judicial, debilitando el principio de separación de poderes esencial para una democracia por lo menos sana.

Todo esto el régimen, uno de los más opacos y corruptos que ha tenido el país, lo hace con la bandera de combatir la corrupción y mejorar la eficiencia del sistema judicial, de quitarle a los jueces lo que considera altos salarios y privilegios excesivos, como las pensiones vitalicias para los ministros.

La independencia del Poder Judicial es fundamental en cualquier democracia, y en el caso de México, es crucial por varias razones.

Primero se compromete la garantía de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, pues la independencia judicial asegura que los jueces puedan tomar decisiones basadas únicamente en la ley y los hechos, sin presiones externas. Esto es esencial para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los ciudadanos. Un Poder Judicial independiente actúa como guardián de la Constitución y puede anular leyes o acciones del gobierno que violen los derechos constitucionales.

La reforma liquida el equilibrio de poderes y control de abusos, pues la doctrina de la separación de poderes establece que el Poder Judicial debe funcionar como un contrapeso al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. Sin independencia, los jueces no podrían actuar como árbitros imparciales en conflictos entre los otros poderes del Estado, lo que podría llevar a abusos de poder y erosión de la democracia.

La confianza pública en el sistema judicial se merma o de plano se pierda pues la percepción de que el Poder Judicial es independiente y justo es crucial para mantener la confianza pública en el sistema legal. Si la ciudadanía cree que los jueces están influenciados por intereses políticos o económicos, la legitimidad del sistema judicial se ve comprometida.

La reforma judicial que pretende AMLO trunca la imparcialidad y eficiencia en la administración de justicia. Hoy los jueces actúan imparcialmente y de manera eficiente, sin temer represalias por sus decisiones. Esto es fundamental para asegurar que la justicia se administre de manera equitativa, protegiendo tanto a las minorías como a los individuos contra posibles abusos de poder.

La independencia del Poder Judicial en México es crucial para mantener la democracia, proteger los derechos humanos, asegurar el equilibrio de poderes, fomentar la confianza pública y el desarrollo económico, y garantizar la imparcialidad y eficiencia en la administración de justicia. Las reformas que amenazan esta independencia podrían tener consecuencias negativas a largo plazo para el Estado de derecho y la estabilidad democrática del país.

Eso a Morena no le importa, ellos quieren todo el poder.

Tiempo al tiempo.

@hecguerrero

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