Tal como lo adelanté en diversos espacios tras el paso del huracán “Otis” sobre Acapulco y de manera particular en la revista Innovación Empresarial COPARMEX de la Ciudad de México, en el sentido de que los problemas de violencia se agudizarían en el puerto por la presencia de diversos grupos delictivos que buscan la hegemonía territorial, finalmente la prospectiva se cumplió y el destino lo alcanzó.

Tan les funcionó a dichos grupos el cobro de piso -considerado como la fase superior de la extorsión- en contra del gremio del transporte público y demás actividades productivas, que después de Acapulco extendieron sus acciones a otras ciudades como Chilpancingo y Taxco, donde paralizaron por varios días no solo el transporte sino la actividad económica en general.

En forma simultánea los ajustes de cuenta y disputa por el control territorial se tradujeron en un incremento en el número de homicidios dolosos, al registrarse 133 en diciembre de 2023, 146 en enero de 2024 y 156 en el recién concluido mes se febrero de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que también registró cero feminicidios en diciembre de 2023 y 3 en febrero de 2024. En materia de extorsión las cifras de denuncias fueron ridículas ya que pasaron de 10 en diciembre de 2023 a 17 en febrero de 2024, es decir prácticamente nada.

Por si algo faltaba agregar a este escenario de violencia, el 7 de marzo policías estatales dieron muerte a un estudiante de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa cuando viajaba en una camioneta pickup con reporte de robo junto con otros dos de sus compañeros, acusándolos de haber disparado en contra de los policías, ocultando que en realidad no portaban armas y que fue asesinado en forma dolosa, en una especie de “ejecución extrajudicial”.

Ante la crisis que esta situación generó y que se extendió por casi una semana, la gobernadora del estado no tuvo otra opción que separar de su cargo a los secretarios de Gobierno y de Seguridad Pública y solicitar la remoción de la Fiscal General, lo cual en los hechos no ha sucedido ya que dicha funcionaria se “rebeló” y declaró que ejercería su derecho de audiencia ante el Congreso local.

A lo anterior habría que agregar que hasta la fecha no ha sido “recapturado” el policía estatal que supuestamente disparó en contra del estudiante, a quien las fallas en los protocolos de seguridad pública y procuración de justicia le permitieron escapar.

De no resolverse en los próximos días el caso de la Fiscal del estado, la cual dicho sea de paso es de ascendencia militar y antes de rendir cuentas a la gobernadora, lo hacía ante el secretario de la Defensa Nacional, podría traer como consecuencia una eventual solicitud de licencia de la todavía titular del Ejecutivo Estatal dado el desgaste al cual se encuentra sometida.

Sirvan de antecedentes la licencia que tuvo que solicitar el gobernador Rubén Figueroa Alcocer en marzo de 1996 tras la muerte de 17 “campesinos” en el Vado de Aguas Blancas, el 28 de junio de 1995. En ese entonces fue sustituido por Ángel Aguirre Rivero, quien a su vez tuvo que pedir licencia en octubre de 2014 un mes después de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.

Al respecto destaca que Aguirre Rivero logró sobreponerse de la presión que generó la muerte de otros dos normalistas de la misma Escuela Normal de Ayotzinapa el 12 de diciembre de 2011 en Chilpancingo, aunque en aquella ocasión tuvo que separar de sus cargos a los secretarios de Gobierno y de Seguridad Pública, así como el entonces Procurador General de Justicia, lo cual en la actual coyuntura no ha podido destrabarse por ser una Fiscalía autónoma, por lo que pone en riesgo la permanencia de la gobernadora al frente del Poder Ejecutivo local.

Solo el manto presidencial hará posible que la gobernadora permanezca en el cargo, aunque eso no impida el avance de la violencia derivada de la actividad de los grupos delictivos y los grupos políticos en pleno proceso electoral.

Por como están las cosas en Guerrero, no se descarta que grupos armados con fines político-ideológicos, que estaban a la espera de una coyuntura como esta, terminen manifestándose de alguna manera en ciertas partes de la geografía guerrerense, incluida la de carácter violento para exigir el cese de las acciones en contra de los estudiantes normalistas y la constante violación de sus derechos humanos.

De ser así, el destino de inseguridad habría alcanzado a la entidad guerrerense y no solo Acapulco, que pese al discurso oficial sigue inmerso en una serie de problemas de carácter económico, político y de infraestructura, pero sobre todo de seguridad pública.

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