A nivel mundial, diversas regiones experimentan un declive en el ejercicio de las libertades y la garantía de los derechos humanos. Por ejemplo, el Reporte Expresión Global 2022, elaborado por Artículo 19 encontró que el 80 por ciento de la población mundial vive con menos libertad de expresión que la que tenían hace una década, y que, en muchas regiones el Estado de Derecho continúa erosionándose.

En ese mismo sentido, el Índice de Estado de Derecho 2022 elaborado por la organización World Justice Project (WJP) subrayó que, el 56 por ciento de la población del mundo vive en un país donde el imperio de la ley se debilitó en el último año. Para WJP, la tendencia a nivel global muestra que la pandemia exacerbó la ruptura preexistente del Estado de Derecho, y que tres factores podrían explicar los resultados del continuo deterioro: 1. un debilitamiento de las limitaciones de los poderes, 2. una erosión generalizada de los derechos fundamentales causada por el crecimiento autoritarismo y la reducción del espacio cívico, y 3. el deterioro de la justicia civil.

Por ejemplo, en el caso del primer punto los resultados del análisis de WJP evidenciaron que, en al menos 58 por ciento de los 140 países y jurisdicciones estudiados disminuyeron los equilibrios y controles de los poderes del gobierno -la supervisión por parte del poder judicial, el poder legislativo, y los medios de comunicación-. En cuanto al segundo punto, WJP encontró que el 66 por ciento de los países disminuyó el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Por lo que corresponde a punto 3, se explicó que el deterioro a la justicia civil se debe a la creciente discriminación, los retrasos en los procedimientos y el debilitamiento en los mecanismos de aplicación.

En relación con esto, se considera relevante reflexionar que, según los análisis de WJP la eficacia de los sistemas de justicia civil descendió en el 61 por ciento de los países. La ausencia de discriminación y corrupción, y la accesibilidad y asequibilidad de los procedimientos son algunos de los factores que se estudian para conocer la eficacia de la justicia en materia civil.

En esa tesitura, es menester recordar que, como ha estipulado la Organización de las Naciones Unidas, el acceso a la justicia es un principio básico del Estado de Derecho, una vía para hacer frente a la discriminación y hacer valer los derechos. Por ello, a través de la Declaración de la Reunión de Alto Nivel sobre el Estado de Derecho de las Naciones Unidas se enfatizó el derecho a la igualdad de acceso a la justicia para todas las personas, especialmente personas de grupos vulnerables. En esta Declaración los Estados Miembros reafirmaron su compromiso para adoptar servicios justos, transparentes, eficaces, no discriminatorios y responsables.

En este escenario que urge por esquemas de impartición de justicia más transparentes y responsivos, la justicia abierta se posiciona como un modelo que facilita la reducción de las brechas entre los órganos jurisdiccionales y la población que recurre a ellos para resolver sus necesidades y problemáticas. Por ello, dadas las atribuciones del Instituto Nacional de Transparencia, resulta prioritario destacar la importancia de la transparencia y el cumplimiento de las obligaciones que de este principio constitucional derivan, para la apertura de los procedimientos en el ámbito de la justicia.

La transparencia ha sumado al conocimiento público y la posibilidad de ejercer mayor escrutinio a las autoridades, lo que consecuentemente, podría derivar en el fortalecimiento de la confianza social en el ejercicio de sus labores, y a la verdadera rendición de cuentas. Convencidos de que, la transparencia del quehacer público favorece un modelo de justicia abierta en México y por ende mayor equidad en el acceso a la justicia, que en el Instituto Nacional de Transparencia convocamos al Semanario Internacional de Justicia Constitucional y Parlamento Abierto, que se llevó a cabo este 10 y 11 de noviembre.

Les invito a consultar los interesantes análisis y reflexiones vertidas en las conferencias magistrales y las mesas de análisis en las que se deliberó sobre seguridad nacional, el límite del derecho de acceso a la información, derechos fundamentales, justicia abierta en las sentencias, democracia constitucional y polarización política.

Estas conferencias y mesas de diálogo podrán ser consultadas en: