Más de dos tercios de los consumidores de tecnología, principalmente de la Generación Z, afirmaron confiar igual o más en los productos o servicios que se basan principalmente en inteligencia artificial (IA), que en aquellos que se basan principalmente en interacciones entre personas. Así se confirmó, en el estudio elaborado por McKinsey Digital sobre la confianza digital, en que además se encontró que, gran parte de las personas encuestadas indicaron que muchas veces no logran descifrar si están interactuando con personas o con IA.

La confianza digital representa una capacidad que será básica para instituciones públicas y privadas, pues todas las personas deben tener la seguridad de que su privacidad, y sus datos personales serán protegidos y tratados con plena observación de los principios y deberes en materia de protección de datos personales. Así mismo, deben tener certeza de que estas instancias cuentan con medidas de ciberseguridad efectivas que aseguran la integridad de la información, los archivos y los sistemas. Aunado a ello, para la confianza digital será imprescindible considerar la fiabilidad, efectividad y la transparencia de los productos y servicios que utilizan tecnologías de inteligencia artificial. La transparencia es esencial en este escenario. Y es que en este caso, los términos de uso y las políticas de privacidad deben ser claros y comprensibles para las personas usuarias de estas tecnologías, a fin de que éstas decidan con conocimiento y consientan el uso de sus datos personales, y el tratamiento que se da a la información que se derive de su interacción con dicha aplicación, o dispositivo de IA.

En los últimos seis años, órganos legislativos de todo el mundo han presentado un incremento considerable en el número total de proyectos de ley relacionados con la inteligencia artificial (AI). Así lo muestra el Informe Anual del Índice de IA 2022 elaborado por la Universidad de Stanford, en el que se analizaron los esfuerzos legislativos de 25 países que buscan aprobar leyes que promuevan el financiamiento en el desarrollo y la innovación de la IA, y que al mismo tiempo, aseguren la integración de valores centrados en el ser humano.

Por ejemplo, el Índice de Preparación Gubernamental para la Inteligencia Artificial de Oxford Insights ha destacado que los gobiernos en el mundo, han recurrido a la IA para la mejora de su gestión pública, servicios públicos y para obtener ventajas económicas estratégicas. Este estudio encontró que, al menos 30% de los países incluidos en el análisis ya cuentan con una estrategia nacional de IA, y un 9% más se encuentra proyectando dicha política. Así mismo, en este informe se destacan los esfuerzos de otros países para ir preparando un entorno más resiliente para el uso de la IA mediante la adopción de medidas para la ciberseguridad y la implementación de normativa en materia de protección de datos tanto para el sector público como privado. La reglamentación adecuada en estas materias, así como la observación y atención a los problemas éticos (gobernanza y ética) se posicionan como elementos claves para fortalecer la estrategia nacional para el desarrollo y gestión de la IA, desde la confianza y la legitimidad.

En esta coyuntura, en el sector público debemos considerar que a medida que la gobernanza electrónica, y la integración de plataformas digitales alcanzan un mayor grado de penetración al interior de las administraciones públicas —al ser consideradas como herramientas orientadas a mejorar la provisión de servicios públicos y a aumentar su eficacia y eficiencia, transparentando su quehacer y sus procesos de toma de decisiones— será esencial repensar las interacciones entre las sociedades y sus gobiernos. La información oportuna, clara y de calidad, a la par de la transparencia de cómo se está utilizando la información, así como las finalidades y tratamientos de los datos, serán claves.

Como autoridades tenemos el reto de conciliar el uso de las herramientas digitales para el cumplimiento de nuestras facultades y atribuciones con la garantía de los derechos humanos de todos los sectores de la población. Indudablemente, un enfoque desde la garantía de los derechos humanos favorecerá significativamente a la materialización de soluciones más integrales y responsables ante los riesgos y desafíos que ya plantea la era digital.  En este debate no solo se deberán disponer cuestiones meramente tecnológicas o mercantiles, sino también las implicaciones que el desarrollo y gestión de la IA, tiene en la sociedad, considerando con mayor atención a los grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad; ello con un enfoque central en el ser humano y la garantía de sus derechos y libertades.