Uno de los principales precursores de la investigación sobre la erosión de la capa de ozono en el planeta causante de múltiples enfermedades en los seres humanos, además de la contribución al conocimiento sobre el efecto invernadero en la atmósfera es nuestro querido Doctor Mario Molina.  No solamente premio Nobel de Química 1995 por sus descubrimientos sobre los efectos nocivos de hidroclorofluorocarbonos (HCFC) principalmente por su contenido de cloro, los cuales por un lado, han dado por resultado la erosión de la capa de ozono que constituyen un importante gas de efecto invernadero (GEI), sino por su activa participación en fortalecer el marco institucional para heredar un planeta sustentable para las generaciones futuras.

De hecho, este gas, utilizado principalmente para uso refrigerante y aire acondicionado, pudiera ser el responsable de 0.5 grados centígrados hacia el 2030, una tercera parte del compromiso ante el Acuerdo de París.

Es por la razón anterior que en 1987 se negoció el Protocolo de Montreal para la protección de la capa de ozono, entrando en vigor a partir del 1 de enero de 1989.  De acuerdo con éste, el mundo se comprometió a una gradual reducción de los hidroclorofluorocarbonos incluyendo el HCFC 22 -gas considerado de alto impacto en el calentamiento global- utilizado en México como uno de los principales refrigerantes, comenzando en 2013 y concluyendo con cero emisiones de HCFC 22 en 2030.

A partir de la Enmienda de Kigali en octubre 2016 se tomó el Protocolo de Montreal con mayor precisión. Esto es, se establecieron substancias específicas y montos de reducción comprometidos por país dentro de las posibilidades de cada uno, de manera vinculante.  Para el caso de México ratificó la Enmienda de Kigali con vigencia a partir del 1 de enero de 2019.

El Protocolo de Montreal y dicha enmienda son acciones internacionales colaborativas que resuelven la bien llamada falla de mercado por el Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, profesor de la Universidad de Columbia en Nueva York, quien explica el calentamiento global como una consecuencia de dicha falla de mercado en la que es necesaria la regulación del Estado para ubicar a los activos a donde mejor se les aprecia, y principalmente el papel del sector financiero en la solución de dicha falla. “Sin una apropiada asignación de capital no se lograrán las metas climáticas”.

Dentro de un ecosistema en el que las tasas de referencia tenderán a subir al menos 75 puntos base en los próximos dos meses como medida de contención de la inflación, el crédito se tornará más caro y por tanto, la facilidad de acceder a recursos para generación de energías limpias y transición de gases.

En este sentido, la colocación de crédito para sustitución de aparatos de refrigeración y por ende, la reducción de emisiones contaminantes que contribuyen con el calentamiento global, es un tema meramente financiero que se presenta, más que como un problema, como un reto a vencer. Es aquí donde sí se requiere regulación, precisamente donde existe una falla de mercado que el propio mercado no puede resolver.

Regular el sector financiero para promover el crédito a la colocación de medios de producción que no incrementen el calentamiento global es posible.

¿No sería mejor opción -como política pública- destinar recursos a fideicomisos para otorgar crédito a familias e industrias a fin de renovar su planta de refrigeración, y con ello disminuir la producción de gases de efecto invernadero, cuyo impacto ya estamos hoy viviendo?

El arreglo institucional ya existe y ha probado ser exitoso, es sólo que recuerdo que, “al carajo con las instituciones…”  y entiendo.

El cisne verde se acerca y no lo estamos viendo.