Sería fantástico que finalmente se investigue, juzgue y procese a la descompuesta y criminal clase política que ha saqueado, explotado y robado la riqueza de México y los mexicanos por años y años. Qué satisfactorio sería verlos tras las rejas y qué tranquilidad daría saber se ha roto el pacto de impunidad mafioso que, como trofeo, se pasa de mano en mano al inicio de cada sexenio.

Ricos? Por supuesto que no, son riquísisisimos. Su ostentosa vida, viajes, ropa, autos, obras de arte, cirugías plásticas, inmuebles en el país y fuera de él no hablan más que de enriquecimiento inexplicable y, por supuesto, de crimen organizado.

Andrés Manuel López Obrador no ganó por ser el líder más inteligente, carismático, educado, formado, progresista o con el mejor proyecto de nación. Ganó por el enojo generalizado contra estos delincuentes que nos han gobernado, que aún persiste y él sabe explotar muy bien.

Y en ese orden de ideas, AMLO finalmente ha decidido iniciar la temporada de cacería, pero ésta no se vislumbra como parte de la estrategia de combate a la corrupción que todos exigimos, más bien pareciera se está montando un gran espectáculo ante la cercanía de las elecciones del 2021 y la baja en su popularidad, fruto de una serie de malas decisiones y peores declaraciones en, básicamente, dos ámbitos: la emergencia sanitaria del Covid-19 que se ha cobrado, hasta ahora, más de 50,000 vidas en México; y su reiterada inacción para detener el avance del crimen organizado y su ola de terror, que han provocado la muerte de otras 53 mil personas en los 18 meses que lleva su gobierno.

Evidentemente hay más temas que han influído en el alza de la percepción negativa sobre su figura y actuar: el económico, el desabasto de medicamentos, la caída de empleos y de inversiones, el cierre de empresas y la falta de certidumbre, etc…

Bajo este panorama, el circo Lozoya viene a refrescar sus escenarios.

Pero recapitulemos sobre las declaraciones y acusaciones contra este ex funcionario para hacernos de un panorama más claro.

Partamos entonces del hecho de que Emilio Lozoya, ex director de Pemex durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, se encontraba detenido hacía unos meses en España por dos órdenes de aprehensión emitidos en su contra -casos Odebrecht y Agro Nitrogenados- por el gobierno mexicano.

Hace unas semanas el gobierno español aceptó la extradición solicitada por la Administración de Andrés Manuel López Obrador y es enviado a México. Nada más pisar tierra azteca, el angelito es escoltado a la suite presidencial del hospital Angeles del Pedregal por una supuesta anemia. Ya saben que justo ahí es a donde envían a todos los presos que son detenidos y presentan algún problema de salud. Así de espléndidas y humanitarias son nuestras autoridades excepto para con los niños que han dejado sin tratamientos contra el cáncer y que están muriendo, pero ese es otro tema. Volvamos al que nos ocupa hoy.

Estando hospedado en este hotel de lujo, suponemos se concretaron las negociaciones con la Fiscalía General de la República a cargo de Alejandro Gertz Manero, para transformar al preso en informante, en “el chismoso” pues.

Tras ello, el nuevo recluta y paladín de la 4T fue enviado a su casa para enfrentar su proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho, en libertad. Está tan feliz que, aparentemente, hasta fiestas ha organizado.

El muchacho ha cantado y cantado ante la FGR pero en lo privado, sin pisar sus instalaciones, sin audiencias públicas y con un montón de filtraciones. Todo esto no habla ni de legalidad, ni de transparencia ni de seguimiento al debido proceso. Este espectáculo se encamina más a convertirse en un lodazal y menos en un acto de justicia y legalidad propios de una democracia republicana y liberal.

Ahora bien, vayamos a las acusaciones.

El fiscal Gertz Manero dijo que a Lozoya se le han asegurado bienes en México y Europa con un valor quiparable al daño provocado por la compraventa fraudulenta de la Planta chatarra de fertilizantes Agro Nitrogenados en Veracrúz, por 275 millones de dólares. Para este caso, nuestro “chismoso” de moda acusó a sus compañeritos de Gabinete y señaló como responsable de la decisión a Luis Videgaray, entonces secretario de Hacienda, e involucró también a Pedro Joaquín Coldwell y a Enrique Ochoa Reza, ex titular y ex subsecretario de hidrocarburos de la Secretaría de Energía, así como a Ildefonso Guajardo, ex secretario de Economía.

Para el caso Odebrecht, se habla que dicha empresa le entregó sobornos por 100 millones de pesos para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto y otros 400 para la compra de voluntades políticas en la oposición y así garantizar su voto de apoyo a las reformas peñistas (energética, hacendaria, laboral, electoral, educativa, etc).

En cuanto a este asunto, el Fiscal General informó que Lozoya presentó  testimoniales, documentales y videos en los que detalló testigos, lugares y fechas en los que sobornó a políticos; que imputó a Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray como responsables de estas operaciones; que 120 millones fueron a parar a las manos de 5 senadores y 1 diputado; y que otros 284 millones terminaron en los bolsillos de varios legisladores y de un secretario de finanzas de un partido político. Aunque Gertz aseguró que los nombres de los acusados quedarían en reserva debido a la investigación, ya han filtrado varios a los medios de comunicación, y así sabemos del “supuesto” involucramiento de Ricardo Anaya, de Salvador Vega Casillas, de José Luis Lavalle Maury, de Marco Antonio Bernal, de Francisco García Cabeza de Vaca y Francisco Domínguez -actuales gobernadores de Querétaro y Tamaulipas, respectivamente-, y de Luis Vega, entonces secretario de finanzas del PRI y muy cercano a quien era el Secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong.

Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera cuyo titular es Santiago Nieto, habla de transferencias de Odebrecht, aún más impactantes, a diferentes beneficiarios en México por 17 millones de dólares y poco más de 5 millones de pesos.

Aunque sabemos que a mediados del año pasado, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales estableció la prescripción de los delitos que involucran la campaña de Peña Nieto con Odebrecht, el resto de las delitos que se han mencionado no han prescrito.

Ahora bien, en este show montado desde la presidencia ha quedado claro que AMLO está ávido de encontrar motivos para enjuiciar en lo mediático, y no tengo claro si también en lo penal, a Felipe Calderón. En días pasados, entabló una guerra verbal al acusarlo de ser cómplice del narco-Estado en que convirtió su sexenio, haciendo alusión a García Luna, al mismo tiempo que se dio a conocer el “aparente” quebranto durante su sexenio por 1900 millones de pesos por el Proyecto Etileno XXI (planta petroquímica de Coatzacoalcos, Veracruz) y en el que estarían envueltos el mismo Calderón y parte de su Gabinete: Ernesto Cordero, Georgina Kessel, Jose Antonio Meade y Jordy Herrera.

Autoritario y necio como es, López Obrador ha recordado en estos días su posición de someter asuntos meramente judiciales a la votación popular: “en el caso de los expresidentes que sean juzgados, debe consultarse a los ciudadanos”. Como lo ha demostrado una y otra vez, las leyes para él pasan a segundo plano cuando de hacer su voluntad se trata.

Es muy claro que nuestro presidente busca, a como de lugar, mantenerse en la palestra de la información. La pandemia ha logrado quitarle reflectores. Emilio Lozoya ha venido a darle aire. Pero independientemente de cómo corren las investigaciones, queda claro que tiene 2 enemigos a la vista para mantener su discurso anticorrupción: Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Sería una pena que bajo objetivos meramente electorales, se desperdiciara esta oportunidad para sentar precedentes de una auténtica lucha contra la corrupción y el crimen organizado al más alto nivel.

¿Será que López Obrador irá con todo, caiga quien caiga, independientemente de si pertenezcan a su gobierno, o este será uno más de los escándalos que buscará alimentar a conveniencia rumbo al 2021?