Carlos Figueroa Ibarra.

El lunes 23 de marzo en la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de seguridad pública Alfonso Durazo, rindió un detallado informe acerca del estado de la seguridad  pública en el país que reveló que la situación de violencia delincuencial empieza a ser contenida. No son resultados satisfactorios como el propio Durazo lo aceptó, en tanto que las cifras de homicidios, secuestros, robos de vehículos, extorsiones, feminicidios se dispararon a partir de 2015 y hasta 2018, esto es en los últimos cuatro años del sexenio de Enrique Peña Nieto. Decir que la cifra de homicidios entró en una meseta en 2019 después de un ascenso ininterrumpido en el período de Peña Nieto, y agregar que se ha frenado la tendencia histórica al alza en la violencia delincuencial, es decir mucho  pero tampoco es para echar las campanas al vuelo. Y esto acontece porque las cifras delincuenciales que recibió López Obrador en diciembre de 2018  eran muy altas, por lo tanto bajarlas o contenerlas quiere decir que a pesar de ello siguen siendo muy altas.

Sin embargo conviene destacar la contención y eventual tendencia a la baja de crímenes en los cuales no hay cifra negra como son los homicidios y robos de vehículos (en los cuales en 2019 y en lo que va de 2020 hay una baja notable) porque con amnesia fingida la derecha en México ha hecho de la violencia delincuencial un caballo de batalla para construir una percepción de caos e ineficiencia del actual gobierno federal. Examinando las gráficas presentadas por Durazo, al igual que en el robo a vehículos, los secuestros han disminuido en 2019 y 2020. Se han detenido a 689 secuestradores, desarticulado a 82 bandas y se han rescatado a 601 víctimas. Similar tendencia se observa en todas las acciones delictivas relacionadas con el robo, después de una tendencia al alza  en los últimos cuatro años de Peña Nieta en los 15 meses de Andrés Manuel han venido disminuyendo de manera franca. También puede hablarse en términos optimistas en relación a los delitos del fuero federal (por ejemplo delitos contra la salud, financieros, robo de hidrocarburos, fiscales, delincuencia organizada etc.,) los cuales muestran una clara tendencia al declive. El robo de hidrocarburos bajó de 74 mil barriles diarios  en diciembre de 2018 a 5 mil en febrero de 2020. El gobierno federal no puede dar cifras igualmente buenas en términos de feminicidios pues aunque habría una tendencia a entrar en una meseta, hasta el momento el comportamiento de las cifras es errático. Otro tanto puede decirse de la extorsión. La percepción  sobre la  inseguridad bajo mínimamente de 73.7 a 72.9% entre diciembre de 2018 y diciembre de 2020. Grande y mediana confianza en el Ejército, Marina y Guardia Nacional está en 85.5, 83.2 y 67.9% respectivamente.

¿Cómo se encuentra Puebla en este contexto? En cifras acumuladas entre enero y febrero de 2020 en materia de homicidio doloso Puebla ocupa el lugar 13 con 159 homicidios, el cuarto lugar en lo que se refiere a robo de vehículos (1,684), el lugar 16 en relación a secuestros (3), en lugar 6 en robos de todo tipo (4,580), el tercer lugar en feminicidios (17),  el lugar 11  en extorsión (27). En pocas palabras nuestra entidad es algo así como un equipo de media tabla para arriba en lo que se refiere a la violencia delincuencial. Cabe preguntarse entonces, y eso por el momento se lo dejo al lector, si en el Estado de Puebla son urgentes medidas excepcionales para la contención  de la violencia delincuencial. Hace unos tres  años tuvimos la oportunidad de presentar  el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” un Atlas de la delincuencia hecho por un equipo dirigido por Sergio Aguayo. De acuerdo a esa medición, no solamente el municipio de Puebla sino también los municipios adyacentes (las Cholulas, Cuautlancingo), en general la gran zona metropolitana además de Tehuacán, eran las zonas rojas de la violencia delincuencial. La controversia que hemos presenciado en las últimas semanas acerca de la conducción de la Secretaría de Seguridad Ciudadana revela un problema que excede al municipio y a la entidad. Es un problema que tiene         que ver con el Estado en México en general y que lo ejemplifica Genaro García Luna pero también Facundo Rosas con sus alegados vínculos con el narcotráfico y el huachicol respectivamente. Se trata entonces de esa “zona gris” de la que hablan los especialistas en el tema de la violencia. Esa zona en la cual crimen organizado y Estado se confunden porque ello es propiciado por la corrupción. En suma, más allá de si procede jurídicamente y por una situación excepcional, un control de la seguridad municipal de Puebla por parte del gobierno de la entidad, un hecho cierto es que urge un saneamiento de todas las fuerzas policiales de la entidad y una coordinación de las mismas para ayudar al Gobierno de la 4T a abatir la delincuencia y quitarle armas a la derecha.