El martes 8 de octubre de 2019 la  mayoría de la bancada de Morena y sus aliados acaso haya desperdiciado la oportunidad de dar un giro profundamente progresista a la vida política de la entidad. No cabía esperar sino este giro, dado que vivimos en la entidad la época de la Cuarta Transformación y el gobierno del estado está dirigido por un gobernador impulsado por Morena. Pero nada de ello sucedió.  Una iniciativa de decreto de ley que reforma diversas leyes y códigos presentado por el Gobernador Barbosa fue aprobada por la mayoría del Congreso local en el sentido que el primero quería: prohibición del matrimonio igualitario y atenuación aunque penalización del aborto. Los argumentos dados por los diputados de Morena y todos los que apoyaron esta iniciativa, fue que aprobarla facilitaría seguir las recomendaciones  de la Comisión  Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y con ello facilitar el levantamiento de la Alerta de Género. También se esgrimió que la aprobación de la iniciativa que sigue penalizando al aborto y prohíbe el matrimonio igualitario, no se quedaría para siempre  sino que se esperaría que hubiera condiciones más propicias antes de 2021 para lograr quitar las referidas penalización y prohibición.

No puedo sino expresar mi desacuerdo con la decisión tomada por las bancadas de Morena y de sus aliados. Soy escéptico con respecto a que más adelante, cuando esté más cerca el 2021, se vaya a aprobar lo que ahora se desaprobó. Espero equivocarme. Mal haría yo en avalar tal decisión o quedarme callado ante la misma. Comencé mi trabajo como Secretario Estatal de Derechos Humanos y Sociales  de Morena en diciembre de 2012 apoyando la lucha por legalizar el matrimonio. Recuerdo  muy bien que acompañé a Andrés Chacón en su calidad de comisionado de diversidad sexual del entonces Comité Ejecutivo Estatal de Puebla en ese empeño. Y similar postura mantuve a partir de diciembre de 2015 cuando asumí el encargo de Secretario Nacional de Defensa de Derechos Humanos  en el seno del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Por ello no puedo sino expresar que la decisión de aprobar en lo esencial la iniciativa presentada ante el Congreso, contradice los principios de Morena y en general los documentos básicos del partido. Dicho sea de paso la decisión tomada por los legisladores de Morena, coloca en una situación embarazosa a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.   Dicha comisión expulsó en marzo al diputado local Juan Carlos Leal del partido y de la bancada de Morena  en Nuevo León, por declaraciones homofóbicas y en contra de la despenalización del aborto. De igual manera  en junio,  la CNHyJ  inició un proceso de oficio contra los seis legisladores de Sinaloa que votaron en contra el matrimonio igualitario en dicha entidad.

Como conozco a buena parte de los integrantes de las bancadas de la Coalición  Juntos Haremos Historia, no creo que el voto emitido haya sido producto de una visión conservadora del mundo. Más bien obedece a un temor al conservadurismo imperante en la entidad y particularmente en el área metropolitana de Puebla. Al parecer se tuvo en cuenta una estimación que colocaba  en 70% la opinión adversa a la interrupción voluntaria del embarazo y al matrimonio igualitario. Aventuro la hipótesis de que también influyó el fantasma de la derrota amplia que  en dicha área metropolitana sufrió la coalición lopezobradorista el 1 de junio de 2019.  Pero como se preguntó un compañero gay de Morena hace unos días: ¿la votación de la coalición inclinará hacia nosotros el voto conservador  de la capital y sus alrededores?  Que estos cálculos pesaron en la votación  lo confirma el hecho de que todavía en julio de este año por unanimidad la Comisión de Igualdad del Congreso local  sugirió la aprobación de una iniciativa de reforma a los artículos 339, 340, 341, 342 y 343 del Código Penal, presentada por la diputada del PRI Rocío García Olmedo. Esta iniciativa  proponía legalizar el aborto y reducir las sanciones cuando se practica después de las 12 semanas de gestación. Ninguna de las integrantes de la referida comisión votó en contra de la iniciativa presentada por el Gobernador Barbosa. La iniciativa que continua penalizando el aborto fue aprobada por 32 votos a favor y siete abstenciones. En lo que se refiere al matrimonio igualitario ese fue rechazado por 29 votos en contra, ocho a favor y dos abstenciones.

Las decisiones tomadas por los diputados progresistas resultan discriminatorias contra al menos el 10% de la población que es homosexual, lésbica o trans. Estas votaciones   quitan de la legislación aberraciones tales como los agravantes del aborto (mala fama, ocultación de embarazo o embarazo dentro del matrimonio), reduce las penas por el aborto voluntario o suprime que el matrimonio es para “perpetuar la especie”.  Pero sigue penalizando la interrupción voluntaria del embarazo y sigue considerando al matrimonio como un contrato civil entre  un hombre o una mujer. La penalización del aborto, aunque sea atenuada, seguirá colocando en un riesgo gravísimo a miles de mujeres. Informaciones difundidas en los medios indican que en los últimos 16 años hubo  en México 3 millones 413 mil abortos legales entre mujeres de 10 a 44 años, lo que equivale a 200 mil servicios por año en hospitales o clínicas del IMSS, ISSSTE, institutos nacionales y servicios locales. Además de ello se registraron entre 750 mil y un millón de abortos anuales clandestinos, lo que implicaría que 8 de cada 10 mujeres no tendrían acceso a la interrupción legal y segura del embarazo. En lo que se refiere a Puebla,  1,314 mujeres han acudido a México en los últimos 12 años para practicarse allí una interrupción legal. Estimaciones de 2011  indicaban que en Puebla se practicaban al menos 800 abortos clandestinos mal practicados al año. Este dato se infería por el número de mujeres que acudían en peligro de muerte a los hospitales. Pero la cifra de abortos clandestinos al año podría haberse duplicado si se toma en cuenta el número de abortos clandestinos realizados con éxito. En suma, aquel año al menos tres mujeres recurrían cada día a practicarse un aborto en circunstancias peligrosas.

Esto es lo que está en juego con la decisión adoptada por el Congreso local de Puebla. Pese a mi escepticismo, me parece que la sociedad civil tendría que redoblar sus esfuerzos para que más pronto que tarde se enmiende lo que hoy aparece como una oportunidad perdida. Y hacer buena la promesa de que esta legislatura local legalizará la interrupción voluntaria y el matrimonio igualitario.