Pensar diferente es cada vez más peligroso en México. La persecución de la disidencia, del pensamiento diferente y de la actitud transformadora y revolucionaria se han convertido en un peligro para todo aquel que crea en la justicia y actúe en favor de los derechos que cualquier persona debe ejercer y gozar. Sin embargo, el Estado autoritario, protector de la clase dominante, de los ricos de este país, castiga a quienes denuncian sus atrocidades. Este es el caso de Alejandro Echevarría Zarco, quien sigue siendo hostigado, acosado y agredido en sus derechos laborales, humanos y en sus libertades fundamentales.

El castigo contra Alejandro Echevarría ha sido un caso emblemático para evidenciar el doble discurso de las instituciones “democráticas” del Estado mexicano. Desde la huelga estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de 1999-2000, encabezada por el Consejo General de Huelga (CGH) y en la cual participó Alejandro Echevarría, el acoso no ha cesado contra quien se destacó moral, social y académicamente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM.

La persecución contra Echevarría Zarco comenzó de manera formal con su expulsión de la UNAM (aun cuando fue merecedor de la máxima condecoración otorgada por la universidad a los mejores estudiantes) el 21 de febrero de 2001 por el ilegal e ilegítimo Tribunal Universitario, tras una flagrante provocación del entonces director de la FCPyS, Fernando Pérez Correa. Cabe señalar que el Tribunal Universitario contraviene a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 13, el cual señala que:

Artículo 13. Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales.

Aun así, el 30 de enero de 2002, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió negar el amparo promovido por Echevarría Zarco y confirmó la legalidad de la referida expulsión. De este podemos comprender que el actuar de las instituciones de “justicia” en México castigan a quien atenta contra los intereses de las clases dominantes y de los políticos entreguistas.

La persecución no ha parado desde el inicio de este siglo contra Alejandro Echevarría Zarco, quien hace unas semanas (23 de enero) fue detenido de manera ilegal y recluido en Centro de Reinserción Social "David Franco Rodríguez", junto con otros profesores michoacanos. Al mero estilo porfirista o diazordacista, la criminalización contra luchadores sociales se ha convertido en una práctica recurrente del Estado mexicano: asesinatos, torturas, desapariciones forzadas, encarcelamientos, violaciones, se han convertido en la política de Estado de Enrique Peña Nieto y, personajes como Silvano Aureoles Conejo, gobernador de Michoacán, quienes se han destacado como grandes golpeadores y represores de sus opositores.

La liberación de Alejandro Echevarría y los compañeros profesores michoacanos se dio tras la movilización de sectores de la población comprometidos con la justicia en el país, quienes evidenciaron el actuar ilegal de Silvano Aureoles Conejo y su lacayo, el Secretario de Educación Pública de Michoacán, Alberto Frutis Solís.

Actualmente, Alejandro Echevarría Zarco es acosado nuevamente. Su salario está detenido desde hace meses, violando el artículo 5º constitucional, el cual señala que:

Artículo 5. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial.

Además, se menciona en el oficio SE/DA/DAP/SO/1142/18, emitido el “LIC. LIC. STEPHEN GONZÁLEZ MARTÍNEZ” (supongo que tiene al menos dos licenciaturas o el servidor público no es capaz de escribir correctamente) por la Subdirección Operativa. Departamento de normatividad, adscrita a la Dirección Administrativa de Personal de la Secretaría de Educación estatal, que Alejandro Echevarría Zarco “[…] no cuenta con el perfil profesional laboral necesario para ostentar un recurso docente de Maestro de grupo perteneciente presupuestalmente a la Dirección de Educación primaria […]”. Entonces, ¿cómo fue el proceso de selección, el concurso para la plaza y la obtención de la misma que avaló la propia secretaría? La obtención de la plaza de Alejandro Echevarría Zarco fue legal y legítima, este nuevo artilugio legaloide sólo es signo del castigo político que se quiere hacer contra el profesor y luchador social.

Ejemplo de ello es el propio oficio en el cual se señala que no basta con acreditar su perfil profesional, sino que debe estar “[…] avalada por el Titular del nivel Educativo correspondiente, que se encuentra laborando regularmente”, o sea, el trabajo en el Estado de Michoacán está a beneplácito de los servidores públicos serviles a Silvano Aureoles y Frutis Solís. Cabe mencionar que este último se ostenta como maestro en el directorio de la Secretaría de Educación de Michoacán (http://codigo.michoacan.gob.mx/directorios/directorio_oficinas_general_cat.php?showdep=4) cuando en el Registro Nacional de Profesiones sólo están registrados sus estudios como Profesional Técnico en informática, por el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, en 1997, con cédula 2428832 y su Licenciatura en Educación Media en el Área de Pedagogía, por la Escuela Normal Superior de Michoacán, en 2014, con cédula 08759596. Ahora, cabe la pregunta, Alberto Frutis egresado del Conalep y de la escuela normal, ¿cubre el perfil del cargo que ocupa? Evidentemente no y lo ha demostrado con este tipo de acciones autoritarias e irracionales contra Echevarría Zarco.

Además, cabe preguntarse ¿con qué calidad y autoridad moral Silvano Aureoles Conejo atenta contra trabajadores y luchadores sociales en su entidad (como Alejandro Echevarría Zarco), cuando es señalado por Nicolás Sierra Santana, dirigente del grupo criminal “Los Viagras”, como un representante popular que le ofrece 10 millones de pesos para garantizar la seguridad del estado a un grupo delincuencial (Excelsior, 20 de marzo de 2018)?

¿Cubre el perfil como gobernador Silvano Aureoles Conejo? ¿Cubre el perfil como Secretario de Educación de Michoacán Alberto Frutis Solís?

En México un presidente puede plagiar una tesis; alguien que lava dinero puede ser candidato a la presidencia; el amigo de un gobernador puede ocupar una secretaría “por dedazo” o; un gobernador puede pagar al crimen organizado para garantizar “la seguridad del estado”; pero alguien que trabaja dignamente y lucha por el bien común, es perseguido políticamente. Paradoja mexicana, paradoja michoacana.

Nuevamente, me sumo a las exigencias sobre el cese al hostigamiento de los agentes del Estado, federal y estatal, contra Alejandro Echevarría Zarco, así como el respeto a sus derechos humanos y laborales.

Picaporte

No sólo hay que desaparecer la reforma energética, sino todas las reformas aprobadas por el este sexenio, si es que aún queremos llamarnos mexicanos.