El día doce de enero de dos mil dieciocho, tomó posesión de su cargo como Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, el licenciado Héctor Sánchez Sánchez; y como decía don Daniel Cossío Villegas en su memorable escrito “El Estilo Personal de Gobernar”, todas las autoridades tienen distintos modos y tiempos para ejercer sus acciones de gobierno o administración.

En una entrega pasada, he manifestado que al Poder Judicial le corresponde resolver las controversias entre los particulares y vigilar que en estas se respeten las leyes creadas por el Poder Legislativo.

La administración de justicia es una función pública y no un servicio público. ¿Cuál es la diferencia entre servicio público y función pública? Estriba en que un servicio público puede delegarse para su ejercicio en un particular, como es la recolección y disposición de los residuos sólidos o la construcción de una obra pública, etc., mientras que la función pública es una tarea que solamente la autoridad puede ejercer sin poder delegarla a ninguna otra persona o autoridad; por ejemplo, no puede delegarse a alguien la función de policía o de juzgador.

Así, el poder judicial es un catalizador de la sociedad, ya que con sus juicios evita la justicia por propia mano; esta nueva administración encabezada por el licenciado Héctor Sánchez Sánchez tiene muy clara esa función y trata de ejercer una justicia con conciencia social, ya que no es lo mismo estudiar un proceso en papel, que ver el sufrimiento de las víctimas que se sienten agraviadas en su dignidad por los delitos que les cometieron.

Otro de los puntos importantes es prevenir el delito en los adolescentes, debido a que es muy fácil que ellos caigan, por desconocimiento, en actos que la ley tipifica como actos ilícitos; por ello el Instituto de Estudios Judiciales del Honorable Tribunal Superior de Justicia se ha abocado a difundir en las escuelas este tema trascendental.

También en este corto período de tiempo, se ha iniciado un Programa de Recuperación de los Valores Cívicos a los miembros del Poder Judicial, a través de actos públicos en fechas significativas para el Estado y la República.

De suma importancia es la recuperación del otorgamiento de la Medalla de Oro “Abogado José María Lafragua Ibarra” que en diverso acuerdo de fecha treinta de mayo de dos mil dos, se institucionalizó para otorgarla a aquellos abogados que han destacado en los ámbitos académicos, de litigio y de administración de justicia.

La suma en la coordinación de acciones con otras instituciones como la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública, entre otras, que son importantes en el procedimiento penal para impedir la inmediata libertad de los imputados es otro modelo implementado. En cuanto a la organización interior, las reuniones con los presidentes de Sala para coordinar las tareas de administración de justicia hacen más fácil el flujo administrativo.

Sin duda alguna, estos hechos fortalecen a nuestro Poder Judicial bajo el mando de su Presidente: Héctor Sánchez Sánchez.