La muerte del periodista Javier Valdez Cárdenas, fundador del seminario RíoDoce, corresponsal de AFP y de La Jornada, vuelve a evidenciar la violación del derecho a la libertad de expresión por parte del Estado mexicano. Sea por acción, omisión o aquiescencia el gobierno de Enrique Peña Nieto no sólo ha mostrado su incapacidad para proteger la vida de los comunicadores, sino que permite el homicidio de los mismos, al haberse demostrado el vínculo entre personajes de los diversos niveles de gobierno con el narcotráfico. Las tres medidas anunciadas por el gobierno federal resultan una vacilada. No es con mayor presupuesto para el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; establecimiento de un protocolo nacional de operación ante las agresiones al gremio, y fortalecimiento de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), con lo que disminuirán los crímenes de periodistas, sino haciendo patente y denunciando el terrorismo, la militarización y el asesinato como política de oficial del Narco-Estado.

Ese mismo 15 de mayo, grupos delictivos asesinaron a tiros al periodista Jonathan Rodríguez, hijo del director del diario El Costeño de Autlán, el cual circula en el estado de Jalisco. El reportero de 26 años fue el séptimo comunicador asesinado en lo que va de 2017 y el decimocuarto en un año. Hasta el momento, el 99.75% de estos crímenes ha quedado impune, según las estadísticas del gobierno mexicano. Tan sólo hay que recordar el asesinato de Filiberto Álvarez (Morelos), Max Rodríguez (Baja California), Miroslava Breach (Chihuahua) Ricardo Monlui (Veracruz) y de Cecilio Pineda (Guerrero), asesinados en los últimos meses y de los cuales no hay ningún detenido.

Cada mes hay un periodista asesinado, además de todos aquellos que son agredidos, amenazados de muerte y torturados. Los gobiernos, federal y estatales, se hacen de la vista gorda y sólo usan como eslogan los blindajes a periodistas y las heridas en la sociedad. Hay que recordar a Enrique Peña Nieto que en lo que va de su sexenio hay 36 periodistas asesinados, es decir, que esa “profunda herida” que mencionó en su discurso para anunciar las tres medidas de protección a los comunicadores, se ha ido haciendo más profunda en su mandato; que esa herida supura la pus que ha sido su mandato para  los derechos y libertades fundamentales.

Es evidente, no sólo la falta de interés de este gobierno ante el hostigamiento, violencia y muerte que aqueja a los reporteros en México, sino que parece una ofensiva contra la labor periodística que denuncia una guerra contra el narcotráfico, que más parece el pretexto del Estado para militarizar al país e ir creando un piso para una Ley de Seguridad Interior y legalizar, así, la violación de los derechos humanos por parte del Ejército mexicano. Asimismo, evidenciar las redes de corrupción entre gobernantes y partidos políticos, además de denunciar, las violaciones de derechos humanos han sido castigadas no sólo por los grupos paramilitares (con la denominación narcotráfico), sino por las mismas instancias gubernamentales.

La “herida profunda” no es de los gobernantes, sino de una sociedad que vive cada vez más el autoritarismo del Estado, que lo que menos tiene es respeto por los derechos y libertades fundamentales de cada una y uno de las personas y ciudadanos. No hace falta blindar a los periodistas, sólo basta con respetar los derechos humanos.

Picaporte

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informará sobre los municipios más violentos. ¿Será que son donde tienen presencia?