Aunque el periodo del próximo gobernador constitucional de Puebla será corto, de apenas 22 meses, y no podrá hacer grandes cambios para modificar el statu quo prevaleciente, José Antonio Gali Fayad sí está en condiciones de hacer algunos ajustes en beneficio de la transparencia, la rendición de cuentas, la tolerancia, y el respeto a la intimidad y vida privada de las personas.

Un primer ajuste pasa por corregir la viciada relación que desde siempre ha mantenido del Estado con los medios de comunicación y los periodistas, y otro por devolver a la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (CAIP) la credibilidad perdida en el sexenio que está por concluir.

Para lo primero Gali Fayad no necesita un gran operador de medios, y tampoco enviar al Congreso local una iniciativa en materia de medios de comunicación que regule los presupuestos y asignaciones de publicidad oficial, sino simplemente transparentar esos recursos públicos, sin recovecos legales, y distribuirlos con criterios de rentabilidad y eficiencia cuantitativos y cualitativos.

Paralelamente tendría que solicitar a los medios de comunicación y empresas periodísticas interesadas en las partidas de publicidad oficial no sólo estar en regla y al corriente en todas sus obligaciones legales y fiscales, sino certificar sus audiencias (televidentes, radioescuchas, lectores y seguidores) ante institutos y organismos especializados en cada área como Nielsen, INRA, el Instituto Verificador de Medios (IVM) y ComScore, entre otros.

Antecedentes y contexto

La relación del Estado mexicano con los medios de comunicación nunca ha sido fácil. Los sobresaltos y desencuentros a lo largo de la historia son frecuentes, y el caso poblano no es la excepción, sobre todo a partir del primer gobierno de alternancia en la entidad, que pronto olvidó sus promesas de campaña sobre pluralismo, tolerancia, diálogo y, desde luego, respeto por lo diferente.

Varias son las razones de esta falta de entendimiento entre el Estado y los comunicadores. Las principales, me parece, son la ausencia de reglas claras para el ejercicio de esta actividad y la incomprensión mutua que hay entre autoridades y medios de comunicación. Los gobiernos creen que los periodistas sólo deben llevar las “noticias” que éstos generan, pero sin cuestionarlas ni analizarlas; y los comunicadores están convencidos de que la libertad de expresión —como derecho fundamental— no tiene límites.

Ambos paradigmas son equivocados. Los medios de comunicación son eso: medios entre la sociedad y el Estado; y de ninguna manera órganos de propaganda política o gubernamental. Y la libertad de expresión sí tiene limitaciones, quizá vagas e imprecisas, pero restrictivas al fin de cuentas como el derecho a la intimidad, la vida privada, los derechos de terceros y la seguridad nacional.

Las explicaciones sobre el origen de la mala, por no decir pésima, relación entre el gobernador saliente de Puebla y algunos medios y periodistas son variadas. Sin embargo casi todas confluyen en un hecho: si Rafael Moreno Valle pudo ganar la gubernatura con la mayoría de los medios en contra, él y algunos de sus colaboradores creyeron que también podrían prescindir de ellos en el ejercicio de gobierno, olvidándose de aquella máxima que reza “gobernar es comunicar”.

Moreno Valles es un político controlador, con poca disposición a informar y a rendir cuentas de lo que él y sus colaboradores realizan, por lo que su comunicación social está centrada en la proyección y exaltación de su imagen pública; en la construcción y difusión de mensajes más propagandísticos que informativos; en uniformar juicios y opiniones de los medios sobre su persona; y en acallar o marginar a aquellos (medios y periodistas) que disienten de su política y acciones de gobierno.

Otro factor que ha contribuido al deterioro de la relación gobierno-medios de comunicación es la falta de reglas en la asignación de publicidad oficial, problema que no es privativo del gobierno del estado de Puebla. Estos recursos, como ya se dijo, no se distribuyen por criterios de rentabilidad, sino discrecionalmente y casi siempre como una forma de premiar lealtades o castigar posiciones críticas.

Por extraño que parezca, no hay parámetros cuantitativos o cualitativos en los planes de medios que elaboran las oficinas de Comunicación Social, que valoren el impacto, penetración, influencia y engagement de los periodistas y sus empresas con sus seguidores en las redes sociales.

A diferencia de años anteriores, hoy existen varios instrumentos y empresas auditoras o certificadoras que permitirían a la autoridad medir la audiencia de cada medio y constatar si en realidad tienen los lectores, radioescuchas, televidentes, usuarios y seguidores que presumen.

¿Por qué en Puebla no se hace este ejercicio, incluso con la colaboración y supervisión de los propios medios?

Esto, me parece, terminaría con la gran discrecionalidad que hoy existe en materia de contratación de medios, también con las componendas entre funcionarios y periodistas; y con las cláusulas no escritas en los convenios publicitarios, que distorsionan la comunicación social y convierten a los medios en instrumentos de propaganda al servicio del gobernante en turno.

En suma: mientras el manejo de la publicidad gubernamental siga siendo discrecional y los medios continúen viéndola como su principal —si no es que única— fuente de ingresos, la relación entre Estado y medios seguirá siendo insana, opaca, subordinada y sin ningún compromiso ético y social con el estado de derecho, la rendición de cuentas, el sistema democrático, la división de poderes y la libertad de expresión.

CAIP, urge rescatarla del descrédito

Aunque la próxima renovación de la CAIP se dará mes y medio antes de que Gali Fayad tome posesión como gobernador del estado, lo más probable —atendiendo a los usos y costumbres del sistema político mexicano— es que éste sea consultado sobre la persona que sustituirá al actual presidente del organismo José Luis Javier Fregoso Sánchez.

Este proceso que corre a cargo del Congreso local es una gran oportunidad para restituir al supuesto órgano garante de la rendición de cuentas la confianza y credibilidad perdidas en los últimos años, en razón de que sus comisionados han actuado más como tapaderas  del Ejecutivo estatal que como agentes de transparencia.

Gali Fayad no tiene que recomendar a nadie, sino simplemente abrir el proceso y dejar que las universidades y organizaciones especializadas hagan su chamba, un vez que en octubre el Congreso del estado emita la convocatoria correspondiente.

En Puebla hay gente honorable y académicos con prestigio que tendrían un amplio consenso para ocupar el lugar de Fregoso Sánchez. El gobernador electo sólo tiene que garantizar que éstos sean considerados en la terna final que se proponga al pleno de la LIX Legislatura.

La rendición de cuentas es un asunto de voluntad política, más que de leyes, y si Gali de veras quiere que Puebla supere el bache en que ha caído en los últimos años en materia de transparencia, entonces debe facilitar el nombramiento de un comisionado o comisionada respetado y respetable cuyo desempeño saque a la CAIP de la opacidad en que hoy se encuentra metida.

*El autor es periodista y director del periódico digital e-consulta, y maestro en Ciencias Políticas